Uno de los arrendatarios de estas casas, que solo reciben haitianos en calle Patzke del sector Tucapel, es Wanbert, un joven haitiano profesor que lleva un año viviendo en Chile, quien también ayuda como traductor y enseña español en una iglesia, y actualmente trabaja en un centro químico. Wanbert relata que su primer trabajo fue en Santiago donde no le hicieron contrato en la empresa y tampoco recibió su pago.

Wanbert explica que se ha sentido bien recibido en Temuco, sin embargo, señala que "cuando uno no sabe hablar español se aprovechan, hasta uno que sabe un poco más. Aunque se aprovechen de mí no hago nada", concluyó.

En otra vivienda en el mismo sector de Tucapel, viven hace tres meses Simond Duverger y Andre Vens. Ellos cuentan que "nos cobran 80 mil pesos por la pieza vacía para tres personas, incluye baño sin agua caliente. Ambos detallan que tienen que esperar hasta ocho días para que se les seque la ropa.

Otro caso es el del ciudadano haitiano Domingo Jean Claude, quien comenta que sus condiciones de vida son mejores que en Haití, y también mejores que la realidad de otros de sus compatriotas. Sin contar con agua caliente, comenta que se encuentra tranquilo junto a su esposa y tiene a su disposición baño compartido y lavadora por 90 mil pesos mensuales.

Nancy Viveros, dueña de una propiedad en el sector Tucapel, comenta que arrienda piezas a 20 haitianos en su casa por 80 mil pesos mensuales y reconoce que debe mejorar las instalaciones eléctricas.

El Austral

En menos de un mes se registraron dos casos de jóvenes haitianos que buscaban mejores condiciones de vida y terminaron encontrando la muerte en la zona lacustre. La historia de Eder Zobo y Rose Stephanie Charles revelaron la difícil situación que hoy afecta a cientos de personas de nacionalidad haitiana que tienen como primera barrera el idioma.

El gobernador de Cautín, Ricardo Chancerel, y la Policía de Investigaciones iniciaron una campaña de sensibilización a la ciudadanía por la situación de residencia de los migrantes haitianos, debido a denuncias tanto de hacinamiento como de aprovechamiento.

DERECHOS

El llamado de las autoridades es a la co-responsabilidad, invitando a la ciudadanía a denunciar si saben de situaciones irregulares donde puedan verse vulnerados los derechos tanto de haitianos como de personas de otras nacionalidades.

Por su parte, el gobernador Ricardo Chancerel, indicó que el objetivo es dar la orientación a los propietarios para que regularicen sus viviendas y no se arriesguen a multas.

La autoridad provincial explicó que "junto con la PDI, único ente fiscalizador de los extranjeros en Chile, hemos hecho este operativo con el fin de poder fiscalizar las condiciones en las que viven migrantes de origen haitiano".

Chancerel aseguró haberse encontrado con una realidad disímil. "En algunos lugares viven en muy malas condiciones, en otros quizás no tan mal, pero en definitiva lo que hemos querido hacer con la Policía de Investigaciones es verificar que las personas estén conscientes de sus derechos y que los propietarios tomen conciencia de la necesidad de resguardar el mínimo de dignidad y de seguridad. No queremos que sucedan nuevas tragedias por estar viviendo en un lugar que no reúne las condiciones de seguridad necesarias", sentenció.

En tanto, el comisario Maximiliano Negrete, jefe del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la PDI, destacó que "lo importante es regularizar, nosotros no buscamos sólo fiscalizar o sancionar, sino también ayudar a la gente para que cumpla las normas y pueda vivir tranquila".

El comisario Negrete señaló que "estos operativos son constantes en La Araucanía, hemos hecho fiscalizaciones semanales y mensuales en toda la región, con el objeto de ver las condiciones en que viven los ciudadanos haitianos u otros extranjeros que lleguen a nuestra Región y poder entregar los conocimientos y la ayuda necesaria, como también la orientación a los arrendadores que no cumplan las normas".