Frases
"No pude seguir con tratamiento en Santiago porque se nos acabó la plata".
Damaris Carrillo,
"Elaborar listados de médicos objetores de conciencia nos parece discriminatorio".
Verónica Fonseca,
"No pude seguir con tratamiento en Santiago porque se nos acabó la plata".
Damaris Carrillo,
"Elaborar listados de médicos objetores de conciencia nos parece discriminatorio".
Verónica Fonseca,
Por un atraso en la confección de los carné en la Casa de Moneda, 7.000 pases de locomoción colectiva no han llegado todavía a Temuco, afectando a igual número de estudiantes. Las autoridades han hecho un llamado a los choferes a ser comprensivos ante esta situación de fuerza mayor, según se señaló desde la Seremi de Educación.
"Se trata de un tema de familia", dijo el alcalde de Pucón, Carlos Barra, para confirmar el rumor que corría desde hace varios días. Fue así como ayer confirmó que no se repostulará en el cargo que ha estado desde el año 1994. Para hoy está prevista una reunión clave donde posiblemente se sepa quién representará a la Alianza en octubre.
Ni simple ni rápida. Así ha sido la tramitación legislativa de la Ley Antiterrorista, en donde existían tres proyectos, pero luego que se rechazara el de la Cámara de Diputados quedaron los dos del Senado, iniciativas que fueron refundidas y que buscan describir los delitos terroristas, junto con registrar su accionar como medio probatorio.
Es lamentable cómo muchas protestas, principalmente estudiantiles, terminan en hechos de violencia y vandalismo que se agravan por el nivel de destrucción.
Llama la atención que estos atentados se produzcan tras el desarrollo de marchas de universitarios o estudiantes de enseñanza media, que parten desde recintos educacionales y que ya toda la ciudadanía sabe en qué terminan.
El pasado 18 de abril se realizó la primera marcha del año convocada la Confederación Nacional de Estudiantes (Confech). La mayoría de los participantes tuvo una actitud pacífica, sin embargo, sólo en Santiago hubo 180 detenidos por desórdenes, de los cuales 50 eran menores de edad.
Parece evidente que son situaciones coordinadas. Tal vez la novedad pueda estar en los motivos que esgrimen en cada oportunidad para tratar de justificar o al menos atenuar el vandalismo.
Las autoridades deben entender que no se puede permitir que cada manifestación autorizada desemboque en lo de siempre y que la ciudadanía sea la que debe pagar las consecuencias, cuando se altera la circulación por las calles y el ambiente se torna insoportable por las bombas lacrimógenas, etcétera.
De manera que se tendrán que redoblar las medidas preventivas para asegurar la tranquilidad que desea la inmensa mayoría de los chilenos y, sobre todo, para poner fin a esta espiral de atentados.
La violencia genera el rechazo de toda la sociedad, pese a que algunas autoridades traten de convencer a los chilenos de que son casos aislados. Los hechos han puesto en el debate las características de las manifestaciones, no respecto al derecho de hacerlo, sino que hay que buscar otras formas de expresión. Nuevamente hay sectores que plantean reponer la prohibición de manifestarse a rostro cubierto, argumentando que la protesta social no debe ser anónima. Lo ideal es que todas estas expresiones se validen por sí mismas, en base a las ideas, y no por imponer la violencia que destruye todo aquello por lo que la sociedad trabaja y lucha cada día, con mucho esfuerzo y compromiso.
El Gobierno del Presidente Piñera ha convocado a una nueva comisión de carácter transversal, para abordar la seguridad, una de las prioridades ciudadanas. Aunque en los últimos años se ha observado un descenso marginal, las tasas de victimización se mantienen estructuralmente altas, cercanas al 40% según los reportes de Fundación Paz Ciudadana.
Chile ha incrementado sostenidamente los recursos en Seguridad Pública desde el año 2000 y hoy el gasto supera el 6% del presupuesto fiscal, por lo tanto, debiéramos esperar resultados coherentes a tal esfuerzo.
De allí que es pertinente que los focos propuestos a la comisión sean la modernización y el fortalecimiento de las policías, el sistema de inteligencia del Estado y la seguridad pública. Sin embargo, y aun entendiendo que se esperan medidas a implementar en el corto plazo, no podemos caer nuevamente en la lógica de "agendas cortas", cuyo énfasis no está en evitar el inicio de trayectorias delictivas.
Esta comisión tiene la gran oportunidad de elevar la mirada y situar a la "prevención" en un lugar protagónico.
Hoy apenas 1 de cada 10 pesos se invierte en prevención y reinserción, gran parte de ellos en programas sin evidencia comprobada y con redes post penitenciarias desarticuladas, legislación que no favorece la inserción laboral y que, en consecuencia, genera altas tasas de reincidencia, del orden de 50 a 70% tanto en la Ley Penal adulta como adolescente.
Tampoco se ha avanzado con vigor en pasar de coberturas pilotos a verdaderas políticas públicas con programas que cuentan con resultados prometedores como los Tribunales de Tratamiento de Drogas o la terapia multisistémica. La interrupción temprana de carreras delictivas es crítica para lograr mayores niveles de seguridad. En este espacio la sociedad civil es clave para dar sustentabilidad a una "agenda larga de seguridad" que se despliegue desde lo local en la prevención de factores de riesgos y creación de factores protectores.
Así los han estado desarrollando minuciosamente vecinos de tres comunas de la Región Metropolitana durante 5 años. Ellos junto a Fundación San Carlos de Maipo y la Universidad de Washington han implementado el modelo "Comunidades que se Cuidan" con más de 20 años de evidencia internacional, el que ha demostrado que a mediano plazo disminuye un 25% el involucramiento delictivo y 1/3 de los consumos en alcohol y drogas.
Contar con modelos preventivos, con una oferta de programas basados en la evidencia y una comunidad organizada es una tarea de todos que requiere que se exprese con decisión y relevancia la política pública.
Marcelo Sánchez gerente general de Fundación San Carlos de Maipo