El Juzgado de Garantía de Rancagua rechazó ayer el sobreseimiento definitivo de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon en la investigación por presunta estafa contra el empresario Gonzalo Vial Concha, que se indaga como una de las aristas del Caso Caval. Eso sí, el tribunal sí resolvió sobreseer al hijo de la expresidenta Michelle Bachelet como autor del delito de cohecho, indagación que se abrió después de una presentación de un grupo de parlamentarios que hoy son del oficialismo.

Lo anterior estaba siendo investigado por la Fiscalía Regional de O'Higgins, de manera desformalizada. Sin embargo, la causa por la estafa que acusa Concha por $ 1.300 millones sigue su curso.

El fiscal Sergio Pérez afirmó que el delito de estafa "era el más relevante para nosotros", y descartó -por ahora- apelar al sobreseimiento por cohecho decretado ayer, delito por el cual "aún no tenemos antecedentes para formalizar una investigación; de lo contrario lo habríamos hecho".

"No tenemos el contenido de la resolución del tribunal (por estafa), pero obviamente es un respaldo a la posición de la Fiscalía de que se ha producido un delito de estafa y nuestra intención es perseverar en la persecución penal hasta la realización de un eventual juicio oral", añadió.

Ofensiva judicial

El abogado defensor de Dávalos, Carlos Fierro, adelantó que piensa interponer "querellas por denuncia calumniosa" en contra de quienes le imputaron cohecho al hijo de la expresidenta Michelle Bachelet; entre ellos parlamentarios de Chile Vamos.

"Eso no solo no se descarta. Es un hecho que a mi representado le asiste el derecho -ya no solo una vez probada su inocencia- a sostenerla, sino a que resarzan, de alguna manera, el daño que le provocaron", dijo Fierro a la salida del tribunal rancagüino.

"Durante cuatro años a mi representado, vulnerando el principio de inocencia, se le ha condenado a través de los medios, en la opinión pública, por una conducta contumaz del Ministerio Público, que lo mantuvo en una situación (procesal) amparado en solo una justificación fáctica: que aquí existían denuncias y querellas", acusó Fierro.

En rechazo a una nueva interpelación a un ministro del gabinete de Sebastián Piñera activada desde la oposición, que esta vez afectará al titular de Justicia, Hernán Larraín, la ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, "lamentó profundamente" la conducta que ha asumido la izquierda "para obstaculizar el trabajo de nuestro Gobierno a dos meses de haber contado con este tremendo respaldo por parte de los chilenos".

Con 67 votos a favor, 54 en contra y una abstención, la Cámara Baja aprobó ayer interpelar al ministro de Justicia, Hernán Larraín, el 6 de junio.

El objetivo de los parlamentarios que impulsaron la medida -la bancada del PPD, del PS y del PC- es que el ministro explique por qué el Gobierno retiró el proyecto que entregaba un aporte de $3 millones a las víctimas de presión política y tortura.

La vocera de La Moneda aseguró que "uno esperaría que todo ese esfuerzo, esa capacidad de trabajo que la izquierda gasta para ir a la Contraloría, para interpelar en menos de dos meses, cada tres semanas, a dos ministros ya de nuestro Gobierno, lo pusieran a disposición de los chilenos trabajando como lo han hecho otros sectores de la oposición".

Las palabras de la secretaria de Estado evidenciaron la molestia al interior de La Moneda porque uno de sus ministros sea interpelado una vez más desde el Congreso. Pero a la vez dejaron entrever una ofensiva para intentar "separar aguas" entre quienes confrontan al Ejecutivo.

Dos oposiciones

A juicio de Pérez, "Chile se da cuenta en estos dos meses de Gobierno que existen dos tipos de oposición. Una que es constructiva, que se suma a los acuerdos nacionales, que responsablemente comunica al país que no está de acuerdo contra una acusación constitucional contra el ministro de Salud y me refiero particularmente a la DC, al PR y el PPD". Pero agregó que también está "la otra cara de esa oposición, la cara irresponsable, la cara majadera, esa cara que busca obstaculizar. Y me refiero particularmente al PS".

En las últimas semanas, el Partido Socialista se ha anotado dos "triunfos" en su rol fiscalizador, llevando ante la Contraloría General de la República el polémico viaje del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a EE.UU. y el reembolso de parte de los gastos, además de la presentación por el protocolo de objeción de conciencia en el aborto en tres causales.

A inicios de mayo, la diputada del Partido Radical, Marcela Hernando, fue la encargada de interpelar al ministro de Salud, Emilio Santelices, a raíz de los cambios en el protocolo de aborto referido a la objeción de conciencia.

Nueva interpelación

El proyecto de ley por el pago de la reparación de $ 3 millones, presentado por la expresidenta Michelle Bachelet, había sido aprobado por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Sin embargo, el argumento del Gobierno para retirar la iniciativa es el alto costo que conllevaría. La presidenta de esta instancia, la diputada Carmen Hertz (PC), estará a cargo de interrogar a Larraín.

Enterado de la aprobación de la interpelación, Larraín pidió a la Cámara de Diputados que no se transforme en "un show mediático". El titular de Justicia apuntó a otras carteras del gabinete como las responsables de la decisión y recalcó que "no me pidan a mí que dé cuenta de lo que otros ámbitos de la autoridad deban responder. Yo puedo responder por aquello que dice relación con mi cartera y no con otras". "El Presidente ha hecho ejercicio de una potestad que le asiste y, en ese sentido, esperamos continuar trabajando en estos temas", agregó el titular de Justicia.

Respecto de la verificación del pago de la reparación aprobada en el anterior Gobierno, Larraín dio que "lo tendremos que hacer en la medida que el país pueda".

La diputada Carmen Hertz (PC), quien será la interrogadora del ministro Larraín explicó que la interpelación "es trascendental por el retiro intempestivo del proyecto que entregaba un aporte reparatorio, que por lo demás era bastante miserable". Según la parlamentaria opositora, Este es un tema de una obligación internacional del Estado de Chile en que no puede pretender que no tiene fondos para reparar en forma tardía y mezquina a quienes vieron truncadas sus vidas por la prisión política y la tortura".