17 plantas de tratamiento de aguas servidas están bajo sumario sanitario
EN LA REGIÓN. Fiscalización realizada entre 2016-2018 detectó deficiencias y mala operación. De 15 comunas, sólo Imperial y Vilcún resultaron sin multas.
Los primeros días de julio pasado, ante el pleno de la Cámara de Diputados, el parlamentario Andrés Molina (Evópoli) solicitó a la presidencia del organismo que se oficiara a los servicios de Salud Araucanía Sur y Norte, y a la Seremi de Medio Ambiente de La Araucanía, para que entregara un informe sobre fiscalización a las plantas de tratamiento de aguas servidas dependientes de los municipios. Ello, porque -a juicio de Molina- "esta es una de las principales causas de contaminación en la Región".
La respuesta -un informe enviado por la seremi de Salud de La Araucanía, Katia Guzmán, al ministro de Salud, Emilio Santelices- resultó impactante: se detectan graves deficiencias y mala operación en 15 de las 17 plantas fiscalizadas en el periodo 2016-2018, correspondiente a Carahue, Cunco, Victoria, Lonquimay, Lumaco, Ercilla, Angol, Los Sauces, Villarrica y Teodoro Schmidt.
De las 17 plantas fiscalizadas, sólo las de Nueva Imperial y Vilcún no recibieron multas Respecto de las principales deficiencias detectadas, éstas están asociadas a una mala operación de los sistemas, ya sea por falta de recursos económicos que permitan contar con personal permanente para la operación; deficiente o nula mantención de los sistemas y sus componentes ; sistemas de infiltración saturados porque han sobrepasado su vida útil, o los sistemas están sirviendo a un número mayor de los habitantes considerados en el diseño inicial, y debido a la ineficiente operación se tienen incumplimientos en la calidad microbiológica del efluente sobrepasando los límites normativos, entre otros incumplimientos detectados.
DIPUTADO
"Esta es una de las principales causas de contaminación en La Araucanía", dijo el diputado Andrés Molina, quien agregó que "muchas de las enfermedades de los sectores rurales tendrían aquí su explicación, hay movimientos ambientalistas que se preocupan mucho por las consecuencias de los nuevos proyectos, sin embargo, desde hace mucho tiempo tenemos aquí y ahora este problema de contaminación de nuestros ríos a través de estos efluentes, los que claramente están sobrepasados en todos los límites normativos que afectan la salud humana".
"Aquí se requiere urgente una inversión pública muy importante para darle a esas localidades posibilidades de desarrollo y emprendimiento en campos como el turismo, donde se requieren resoluciones sanitarias y con las condiciones hoy existentes no pueden tenerlas", destacó Molina.
CONCLUSIONES
Las conclusiones del oficio despachado a la Cámara de Diputados en respuesta a la petición del diputado Molina revelan que salvo a Nueva Imperial y Vilcún, a todos los municipios se les impone multa, entregándose un plazo de 2 a 3 meses para subsanar el mal manejo de las aguas servidas. En nueva Imperial se amonestó solamente, y en el caso de Vilcún se absuelve.
"Basándonos estrictamente en la información entregada a la Cámara de Diputados -un documento entregado por parte de la seremi de Salud de La Araucanía al Ministro de Salud Emilio Santelices- en todos los casos no se volvió a fiscalizar para verificar, que se subsanaran los problemas antes mencionados".
En el informe que envió la seremi de Salud, Katia Guzmán, a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se indica que "entre los años 2016 y 2017 esta secretaría regional ministerial ha fiscalizado, en el marco del programa regional de vigilancia sanitaria de aguas servidas, las 17 plantas de tratamiento de aguas servidas municipales. Como resultado de las fiscalizaciones se han iniciado sumarios sanitarios a todas las plantas fiscalizadas".
SEREMI
Consultada por El Austral, la seremi Katia Guzmán señaló que "la Seremi de Salud desde el Departamento de Acción Sanitaria ha fiscalizado las 17 plantas de aguas servidas dependientes de los municipios, y todas han presentado diferentes incumplimientos a la normativa, que los mantienen con sumario sanitario y multas. Algunas, en el momento de sus descargos han subsanado situaciones menores que presentaban. Nuestras facultades nos permiten que en caso de haber daño a las personas, se decrete prohibición de funcionamiento, sin embargo, los problemas sanitarios al cerrar una planta de tratamiento serían aún mayores para la población que este funcionamiento deficiente".
La seremi agregó que "hoy, la idea es conformar una mesa de trabajo de nuestras unidades técnicas con los municipios a partir de noviembre, para buscar soluciones en conjunto, ya que con las fiscalizaciones y sumarios no se han solucionado".
En el informe que envió la seremi de Salud Katia Guzmán, al ministro de Salud Emilio Santelices, destaca una tabla de los municipios y las sanciones aplicadas, que van desde las cinco a las 20 Unidades Tributarias Mensuales y en la mayoría se dan plazos definidos para corregir los problemas detectados. En el caso de Victoria, figura con tres plantas, lo mismo que Lonquimay, en tanto que Angol figura con dos, estructurando así las 17 plantas fiscalizadas.
Sanciones llegan a las 20 UTM
UTM y hasta las 20 Unidades Tributarias Mensuales son las multas aplicadas a las plantas. 5
plantas de las 17 fiscalizadas resultaron sin multa: la de Nueva Imperial y la de Vilcún. Dos