El endeudamiento en el sistema bancario es una realidad que preocupa en nuestro país. Según el último Informe de Endeudamiento de Clientes Bancarios difundido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), en el país hay casi cinco millones de personas endeudas en el sistema. Se estima que para el próximo reporte estas cifras pudiesen experimentar un evidente aumento.

La mediana de la deuda llegó este año a 2,6 millones de pesos por persona, que suponen un 7,3 % más que en junio de 2016, según el informe, que precisó que un 43 % de los deudores tienen ingresos mensuales inferiores a 500.000 pesos.

En las fases expansivas de los ciclos económicos suele aumentar la demanda de crédito, mientras en los períodos de desaceleración, como el actual, las personas que pierden su trabajo o tienen una mayor probabilidad de perderlo, como es el caso de los jóvenes, adultos mayores y mujeres, se ven obligados a dejar de pagar sus compromisos. Las mujeres se ven más vulnerables por su menor participación en la fuerza laboral, mayores tasas de desempleo y por la brecha salarial respecto de los hombres.

Algunos informes revelan que Chile lidera las compras de vestuario en América Latina y tiene el parque automotor más moderno del continente. Paralelamente, multitiendas chilenas se han expandido a Perú, Brasil, Argentina y Colombia, poniendo en práctica las mismas recetas para incentivar el consumo mediante promociones y tarjetas.

Obviamente, no se trata de renunciar a un sistema que ha permitido a las familias acceder a nuevos bienes, tecnologías y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, un sector importante no lo ha asumido con la debida responsabilidad, lo que naturalmente genera un problema difícil de controlar en nuestro país.

En general, las empresas y la banca han sido cuidadosas en la evaluación de los clientes, para no generar una burbuja de deudores.

El pasado 8 de octubre la Corte Suprema dictó un fallo ciertamente preocupante, pero no para cualquiera, sino para uno de los mercados más cuestionados de nuestro país, el de la salud privada.

Tres Isapres, una tras otra, rechazaron afiliar a una madre y a su hija de cuatro años de edad, que padece una fisura labiopalatina unilateral, en función del riesgo financiero que representaba la menor. La decisión de las Isapres se fundaba precisamente en que, de suscribir un contrato con la madre, se debía permitir la afiliación de la hija, quien se encontraba en pleno tratamiento y requería diversas cirugías, las que, obviamente, estas instituciones no estaban dispuestas a cubrir.

Si bien, el argumento de las isapres parece macabro, y en realidad lo es, lamentablemente tiene un sustento normativo, "la Circular IF/N° 160, de 3 de noviembre de 2011, de la Superintendencia de Salud, en cuyo capítulo I se señala que las isapres al momento de contratar sólo pueden evaluar el riesgo individual de salud de esa persona y sus beneficiarios utilizando la declaración de salud, y sólo podrán negar la afiliación basadas en dicha evaluación, si así lo decide, agregando el Capítulo II que ambas partes en el contrato de salud actúan en base a la autonomía de la voluntad al momento de decidir si contratan o no, lo que lleva consigo que las Isapres puedan evaluar el riesgo que asumen al contratar con determinada persona".

Lo anterior se traduce en que las isapres pueden evaluar a una persona y a sus beneficiarios, y si de esa evaluación resulta que hay un riesgo económico que desean no asumir, simplemente pueden negar la afiliación pues ella se concreta a través de la firma de un contrato, no estando obligada la isapre a firmarlo si no quiere pues en esta materia rige la llamada "libertad contractual".

El máximo tribunal, en una decisión que no sólo trae justicia, sino además cordura a un sistema inhumano, decide ordenar a la última de las tres isapres que habían rechazado a la madre y su hija, a que se permita su afiliación al plan que la madre elija libremente, ello por cuanto la libertad de contratar de la isapre tiene como límite la esencia del derecho constitucional a elegir libremente el sistema de salud, sea estatal o privado, al que la persona quiera adherirse, derecho que no puede ser privado sobre la base de la evaluación del riesgo financiero.

Philipp Hemmelmann, abogado. ph@hvmabogados.cl

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