El Juzgado de Garantía de Pucón rechazó la petición de modificación de prisión preventiva para el joven acusado de asesinar y descuartizar al empresario de Pucón, Manuel Núñez Rojas, en junio de 2017.

De este modo el imputado Matías Núñez (21) permanecerá en el Centro de Prisión Preventiva de Villarrica.

En la audiencia además se discutió efectuar una ampliación del plazo de investigación ya que la defensa está a la espera de los resultados de diligencias aún pendientes en la carpeta investigativa del caso.

En la Corte de Apelaciones de Temuco se alegarán hoy los recursos ingresados para revocar el arresto domiciliario que decretó el Juzgado de Garantía de Temuco para el exoficial de inteligencia, Patricio Marín Lazo, por la Operación Huracán.

Tanto la Fiscalía, como los abogados querellantes y la Intendencia solicitarán que el excarabinero quede con la medida cautelar de prisión preventiva durante los meses que dure la investigación por el delito de asociación ilícita, obstrucción a la investigación y falsificación de documento público.

A través de una comunicación radial oficial de Carabineros emitida la noche del lunes, la institución instruyó a sus funcionarios repartidos en la macrozona sur, que comprende las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, la prohibición estricta de usar armamento con perdigón de plomo, caucho y/o armamento fiscal, en operativos que se desarrollen en provincias como Malleco o Arauco.

La medida debe ser acatada "salvo que se vea comprometida de forma inminente la integridad del personal y su utilización debe ser analizada y autorizada por el oficial de servicio o jefe de servicio o patrulla", precisa la instrucción del alto mando.

El instructivo fue confirmado por la institución uniformada y se trata de un protocolo transmitido radialmente cuando diferentes equipos trabajaban en áreas donde estaban recibiendo disparos, como lo ocurrido en la provincia de Arauco.

"No es una nueva instrucción y reitera instrucciones del uso adecuado de las armas en esas circunstancias", afirmaron desde Carabineros.

INSTRUCCIÓN

La medida adoptada por Carabineros busca evitar nuevos incidentes como el ocurrido la tarde del miércoles pasado, cuando en medio de un tiroteo, donde participó Carabineros, el comunero mapuche Camilo Catrillanca recibió un disparo en la cabeza, el que terminó con su vida.

Tal hecho terminó en una investigación sumaria al interior de Carabineros y también en una indagatoria penal que lleva adelante la Fiscalía Regional de La Araucanía.

Cabe recordar que tras reunir antecedentes suficientes, el Ministerio del Interior informó a la Fiscalía que uno de los carabineros que participó en dicho operativo manipuló la cámara de alta definición que portaba para grabar el operativo y lo que es aún peor, admitió haber destruido la grabación, eliminando la tarjeta de memoria del dispositivo.

Por tal situación el Ministerio Público abrió una nueva indagatoria por el presunto delito de obstrucción a la investigación.

Rodrigo Zamorano C.

Por más de dos horas estuvo reunido ayer el abogado del Ministerio del Interior, Luis Hermosilla, con el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes.

El encuentro tuvo por objetivo coordinar acciones en el marco de la investigación por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, hecho ocurrido el miércoles pasado al interior de la comunidad de Temucuicui, en Ercilla.

A la salida de la reunión, Hermosilla detalló que el Gobierno ingresó tres querellas por los hechos ocurridos en Temucuicui.

La primera de ellas contra quienes resulten responsables por los delitos de robo con violencia y robo con intimidación, por el hecho que afectó a las docentes de la escuela particular de Santa Rosa, en Temucuicui, víctimas del robo de sus automóviles, hecho que dio inicio al operativo donde falleció el joven comunero mapuche.

La segunda querella es por el delito de obstrucción a la investigación y va dirigida contra los funcionarios de carabineros partícipes de la destrucción de las imágenes grabadas durante el operativo donde murió Catrillanca.

Finalmente una tercera querella, sin tipificación penal, fue ingresada por la muerte de Catrillanca.

"Lo que tenemos por ahora son hechos que no permiten indicar con precisión cuál es la figura delictiva exacta", afirmó Hermosilla al ser consultado por la calificación jurídica de la querella.

PERITAJES

Hermosilla sostuvo que a la luz de los informes balísticos que lleva adelante la PDI y el informe de autopsia que remitirá el Servicio Médico Legal, el Gobierno podrá ampliar la querella y establecer si la muerte de Catrillanca se trató de un homicidio o no. "Esos antecedentes no están ni siquiera en poder del Ministerio Público", afirmó el abogado tras la reunión.

Desde el Ministerio Público, en tanto, afirmaron que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía investiga la muerte de Catrillanca sin tener claro aún si se trata de un homicidio, un cuasidelito de homicidio o incluso un ilícito de uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros.

Los fiscales que indagan la causa están a la espera de las pericias de la PDI y el Servicio Médico Legal para precisar la calificación penal del hecho.

CARABINEROS

Consultado por la responsabilidad de los excarabineros investigados por la destrucción de evidencia, el abogado Hermosilla precisó que la querella es en contra de todo quien resulte responsable.

Siendo incluso posible a futuro la imputación de delitos a altos mandos de la institución uniformada.

La acción penal, sostuvo Hermosilla, "puede llegar a todos aquellos que tengan conocimiento y participación en el hecho de la destrucción de las evidencias".

El abogado además señaló que como querellantes solicitarán nuevas diligencias a fin de esclarecer la destrucción de las imágenes grabadas por Carabineros del operativo donde falleció Catrillanca.

Entre los antecedentes que se incluirán está el sumario administrativo que instruyó el general director Hermes Soto.