Le dicen el "juicio del siglo": una docena de secesionistas catalanes responden ante la Corte Suprema de España, a cargos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos, en un proceso que puede arrojar luz sobre el sistema judicial español, determinar el futuro del movimiento independentista catalán y marcar la política española por años. El proceso comenzó ayer y duraría al menos tres meses.
¿cómo se llegó a esto?
Las acusaciones derivan de un referendo ilegal realizado el 1 de octubre del 2017, en el que se preguntó a los catalanes si querían independizarse del resto de España. La consulta se llevó a cabo a pesar que el Tribunal Constitucional la había declarado ilegal. Además de ser ilegal, por inconstitucional, participaron mayoritariamente sólo los catalanes que apoyan el secesionismo.
Legisladores independentistas tomaron la auto-declarada victoria en el referendo para proclamar de forma unilateral la independencia de la región 26 días después, pero no recibieron reconocimiento internacional alguno. En cuestión de horas, el entonces Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, disolvió el Parlamento Catalán, destituyó al presidente de la región y a su gabinete y dio al Gobierno central el control de la comunidad autónoma.
El presidente regional, Carles Puigdemont, escapó de España junto con otros políticos de su sector y reapareció en Bruselas el 31 de octubre. Puigdemont evitó ser extraditado tras su arresto en Alemania, cuando un tribunal se pronunció en contra de devolverlo a España para que enfrente cargos de rebelión. Otros nueve líderes separatistas que permanecieron en España y acataron un llamado a declarar, fueron detenidos por estimarse que podrían escapar. Tres más están en libertad condicional y más de una docena permanecen investigados o serán juzgados por tribunales inferiores.
Origen del conflicto
El juicio es producto de una crisis política que se remonta a un pronunciamiento previo de un tribunal español. Cataluña es una de las regiones más ricas de España y tiene amplios poderes de autogobierno. Pero el Tribunal Constitucional español anuló, en 2010, parte de un nuevo estatuto regional, incluido el preámbulo, que hablaba de una "nación" catalana. El fallo hizo que aumentase el apoyo a los separatistas.
En noviembre de 2015, legisladores catalanes separatistas aprobaron iniciar un proceso de secesión y decidieron ignorar cualquier otra decisión adversa de tribunales españoles. Desencadenaron la crisis política más grave en décadas, menos de dos años después, al aprobar dos leyes que despejaban el camino para la declaración de la independencia si era aprobada en un referendo que fue declarado ilegal por el Gobierno central de España.
La lista de imputados incluye al ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras; los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart; y la ex presidenta del Parlamento regional catalán, Carme Forcadell. A ellos se suman otros seis hombres y dos mujeres del gabinete regional catalán.
Junqueras podría ser condenado a 25 años de cárcel por rebelión. Cuixart, Sánchez y Forcadell, enfrentan condenas de hasta 17 años. Algunos imputados están acusados sólo de desobediencia civil. Los antiguos miembros del gabinete arriesgan, asimismo, posibles multas si se les halla culpables de malversar los fondos públicos usados en el referendo.
Rajoy es uno de los más de 500 testigos que declararán.
Violencia
Uno de los aspectos centrales del juicio es si los separatistas apelaron o no a la violencia en sus esfuerzos secesionistas. Sin violencia, no hay rebelión.
Los abogados del Estado sostienen que hubo violencia cuando los acusados alentaron supuestamente a los manifestantes a que destruyesen vehículos policiales e impidiesen que la policía saliese de un edificio gubernamental en Barcelona, en redadas previas al referendo. Aducen también que varios policías fueron heridos al enfrentar a votantes.
Los abogados de los imputados dirán que los votantes fueron víctimas de la violencia policial, no los agresores.
Puigdemont: "No es rebelión"
El ex presidente regional, Carles Puigdemont, calificó el juicio a los secesionistas catalanes de "test de estrés para la democracia española" y para el sistema judicial del país. Puigdemont ofreció una rueda de prensa en Berlín, Alemania, con motivo del inicio del proceso contra miembros de su gabinete. "Todo el que estaba a mis órdenes, tiene que afrontar un juicio por el peor crimen que tenemos, que es rebelión", dijo el líder independentista. Añadió que este juicio jamás debió ocurrir. "Para nosotros, poner urnas no es ninguna rebelión, ni para el Código Penal español", planteó, al advertir que no hubo violencia ni armas en los hechos que se juzgan.
son los acusados, como el ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, quien arriesga 25 años de cárcel. 12
páginas tiene su último libro, "La guerra futura. Un estudio sobre el pasado y el presente". Está en español. 592
un referendo preguntó a los catalanes si querían independizarse. El TC español lo había declarado ilegal. 2017