En relación a la discusión que ha generado en la ciudadanía la instalación de medidores inteligentes y dadas las inquietudes de la comunidad sobre la implementación de este proyecto, desde CGE señalaron estar convencidos de que "la mejor solución es reestudiar la puesta en marcha y el despliegue de esta tecnología mientras no exista el convencimiento generalizado de sus beneficios".

CGE agregó que la compra a los propietarios de los medidores actuales no es la solución de fondo a las inquietudes que plantea esta tecnología.

"Conforme a la normativa vigente, la empresa reitera la importancia de reforzar la calidad de servicio y los indicadores de continuidad de suministro eléctrico mediante las inversiones en curso para un mayor robustecimiento y automatización en la red eléctrica", señalaron a través de un comunicado de prensa.

"CGE manifiesta su total disposición a dialogar y conversar alternativas con los distintos actores, con el fin de avanzar hacia el servicio de calidad que esperan nuestros clientes con pleno respeto al marco jurídico existente", concluye el documento.

La Fiscalía Regional de La Araucanía confirmó que se solicitó una audiencia para formalizar por el delito de apremios ilegítimos al sargento Raúl Ávila, uno de los cinco excarabineros que componían la patrulla del Gope que protagonizó el asesinato de Camilo Catrillanca Marín (24) el 14 de noviembre del año pasado.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, el fiscal Roberto Garrido logró fijar audiencia para el próximo 22 de marzo en el Juzgado de Garantía de Collipulli, instancia en la que precisará los cargos contra los siete carabineros que aparecen involucrados en el crimen del joven comunero.

Así, el sargento Ávila no será procesado por el delito de homicidio frustrado de Catrillanca, sino por apremios ilegítimos en contra del menor de iniciales M.P.C., quien acompañaba al mapuche fallecido a bordo del tractor.

Apremios contra menor

Fuentes al interior del ente persecutor indican que el fiscal Garrido está próximo a cerrar las últimas diligencias y que, al estar adportas del juicio, decidió reformalizar a Ávila, tomando en cuenta que no hubo pericias que acreditaran que un disparo que salió de su escopeta tuviera la intención de matar a los ocupantes del tractor, por lo que no se podía acusar en juicio el delito de homicidio frustrado por el que había sido formalizado.

El antecedente del maltrato que el menor M.P.C. sufrió tras ser detenido había sido ampliamente denunciado y alegado por el Instituto de Derechos Humanos (INDH), la Defensoría de la Niñez y los abogados querellantes del Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur).

Así, Ávila será formalizado por el delito de apremios ilegítimos y obstrucción a la investigación, ya que según la indagatoria fiscal, fue él quien destruyó la tarjeta de memoria de la cámara GoPro que portaba el día del crimen y que había dejado registro de todo lo ocurrido. La pena por apremios contra un menor de edad, parte en cinco años y un día.

El menor

Durante esta semana, un equipo de prensa de Chilevisión logró entrevistar al menor, quien acusó haber sido maltratado por los efectivos policiales. Según él, fue el sargento Ávila quien estuvo en todo el momento con la rodilla en su espalda, apuntándolo con un arma.

"¿Querí que te mate como a tu peñi?", dijo que fue una de las frases que le lanzó.

Son siete los excarabineros que están imputados por el crimen de Camilo Catrillanca: la patrulla del Comando Jungla compuesta por el exsargento Carlos Alarcón, como autor del disparo fatal; el exsargento Raúl Ávila, como autor de apremios ilegítimos contra el menor y destrucción de la tarjeta (obstrucción a la investigación); los cabos Patricio Sepúlveda y Braulio Valenzuela, por obstrucción. También el exjefe del Gope, exmayor Manuel Valdivieso y el exprefecto, excoronel Jorge Contreras, por obstrucción. A ellos se suma el exabogado de Carabineros, Cristián Inostroza, por obstrucción.

Las malas cifras de contaminación emanadas del ranking de las ciudades del mundo que presentan mayores niveles de contaminación elaborado por GreeenPeace y AirVisual, dejaron en el primer lugar latinoamericano a Padre Las Casas y quinto a Temuco.

Esta pésimo informe para las intercomunas, llevó al diputado PPD, Ricardo Celis, a solicitar en la Hora de Incidentes de la Cámara, que se oficie al Ministerio del Medio Ambiente a que informe sobre los presupuestos finalmente aprobados para el funcionamiento del Plan de Descontaminación, PDA. "Son insuficientes los actuales esfuerzos en materia de descontaminación. Yo estoy pidiendo esta información ya que creo que ya estamos muy por debajo del mínimo de acción para actuar", señaló el diputado Celis.