Este año, el Gobierno anunció un proyecto de ley que busca modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), reponiendo la selección por rendimiento académico, esto bajo el nombre de "Admisión Justa". En este marco, la ministra de Educación ha visitado dos veces nuestra Región, así como decenas de otras ciudades, conociendo casos de padres cuyos hijos no quedaron en establecimientos de su preferencia. Al respecto, como Educación 2020 nos parece importante aclarar algunos puntos, sobre todo considerando que La Araucanía es una de las regiones que más requiere avanzar hacia la inclusión educativa:

Primero, adjudicarse el concepto de justicia es, a lo menos, incorrecto. Estudios sobre el tema son claros en señalar que un sistema educacional justo es aquel que da las mismas oportunidades de aprender a todos los niños y niñas. Debemos superar la idea de que existen estudiantes de primera, segunda o tercera categoría.

Segundo, ¿no parece un contrasentido negar la oportunidad de acceder a un buen colegio a un estudiante que no ha tenido el privilegio de tener padres motivadores o con mayor capital cultural, es decir, a quien precisamente debería ser prioridad en la política pública?

Tercero, si bien los casos son importantes, las políticas públicas deben realizarse en base a la evidencia. Y en esto no hay espacio para confusión: 8 de cada 10 estudiantes han ingresado a un establecimiento de su preferencia con el SAE.

Cuarto, si queremos sumar más hechos concretos, recientemente un estudio del Centro de Justicia Educacional reveló que ningún grupo de estudiantes se vio perjudicado por el SAE. Todo lo contrario, benefició levemente el ingreso de todo tipo de alumnos a colegios con desempeño alto.

Quinto, el mismo estudio advierte que el rendimiento previo de los estudiantes no predice su potencial de desarrollo. De hecho, ante nuevos contextos los niños y niñas pueden modificar sus trayectorias de aprendizaje.

Sexto, somos muchas personas las que compartimos el mismo sentir frente a esta iniciativa. En Educación 2020 impulsamos la campaña La Educación No Es Premio (noespremio.com), que ya cuenta con el apoyo de más de 30 organizaciones y más de 6 mil adherentes.

Esperamos que cuando se presente el proyecto -o los dos proyectos- el tono de la discusión se centre en lo que realmente es justo y, sobre todo, en las mejoras que las autoridades ministeriales deben realizar para que las familias postulen de manera informada y tengan a su alcance proyectos educativos de calidad. Tenemos que orientar la política pública y su implementación a que todas las escuelas sean de calidad y no a la "calidad" o condición de los estudiantes que ingresan. Ya es hora de que el centro sea la mejora de los aprendizajes y no "quien merece una mejor educación". Porque la educación no es un premio que deba ser obtenido por competencia: es un derecho de todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país.

Claudia Silva, directora de Educación 2020 Sur

En pocos años el tránsito en la capital regional se ha modificado sustancialmente, mostrando hoy un incremento notable de "tacos" en diversos sectores de la ciudad -antes solo en casos de accidentes- debiendo las personas tomar nuevas providencias para evitar llegar con atraso a sus obligaciones laborales, educacionales, compromisos y diligencias. En la actualidad, debido a los trabajos en las avenidas Alemania, Pedro de Valdivia, Andes y Luis Durand, solo por nombrar algunos, este fenómeno se ha agudizado.

Aun esta situación es soportable, pero se acerca peligrosamente y con mucha rapidez a los límites aceptables, lo que terminará perjudicando en forma sustantiva la calidad de vida de las personas. Ya un porcentaje importante de la comunidad debe hacer sus colaciones cerca de su fuente laboral o estudiantil, de sus oficinas, pero también muchos se trasladan a sus hogares al mediodía. Es probable que pronto, como sucede en Santiago, eso será imposible.

Que en la capital nacional una persona deba invertir cuatro horas para ir y regresar a y desde sus obligaciones es motivo de profunda preocupación e indignante. Más aún si se considera que, pese a multimillonarias obras viales, nada asegura que el problema no se agrave cada vez más.

En ese contexto surgen voces pidiendo legislar sobre una jornada laboral menos extensa, de seguro dos horas, para aminorar este verdadero martirio que soportan los santiaguinos y que empiezan a sentir los temuquenses.

Lo anterior implica -y obliga- a modificar sustancialmente la filosofía con que enfrentamos nuestra presencia en el trabajo, posibilitando que, en un horario más breve, la producción sea similar e incluso superior a la anterior. Los países que han adoptado esta política no han visto merma alguna en su productividad, pero durante esas jornadas laborales reducidas el compromiso con el trabajo es total, eliminando redes sociales, uso de celulares o el café. Con esas condiciones es posible brindar a las personas más espacio para sus necesidades personales y familiares.

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