Fiscal nacional: ampliar el control preventivo a menores será ineficaz en investigaciones
DELITOS. Jorge Abbott recordó que los niños y adolescentes infractores de la ley disminuyeron en 2018.
En su tercera Cuenta Pública, el fiscal nacional, Jorge Abbott, manifestó la postura institucional respecto del proyecto del Gobierno que pretende ampliar el control de identidad preventivo a mayores de 14 años.
Hace un par de semanas, tanto el máximo jefe del Ministerio Público como todos los persecutores regionales del país discutieron el tema, pero no se refirieron formalmente a la polémica iniciativa.
Pero ayer, si bien el fiscal nacional valoró la decisión de dar más facultades a Carabineros y la PDI, fue claro en dudar de la eficacia de la medida que ya está en el Congreso.
Aseguró que varios menores de 18 años "han sido capturados por las redes del narcotráfico y del crimen organizado", por lo que "vemos con satisfacción que se considere ampliar las facultades de las policías para controlar identidad cuando se constaten casos de placas patentes de vehículos adulteradas o inexistentes, como también que se incluya la posibilidad de realizar inspecciones oculares al interior de los vehículos".
"Creemos que modificaciones de este tipo constituyen un avance en las facultades autónomas de la policía, cuyo uso servirá como un disuasivo para transportar bienes sustraídos ilegítimamente y como base para posteriores investigaciones exitosas", acotó.
Reparos
Pero añadió que si bien el Ministerio Público valora en general el proyecto de ley, mantiene reparos en torno a las modificaciones "que afectarían los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes. Basados en nuestra experiencia como persecutores, consideramos que la extensión del control de identidad preventivo a mayores de 14 años y menores de 18 será ineficaz para fines investigativos".
Aseguró así que pese a los 4 millones 100 mil controles preventivos de identidad realizados el año pasado, la tasa de imputados desconocidos no ha variado del 55%. Además, las estadísticas del Ministerio Público reflejan que los niños, niñas y adolescentes infractores de la ley disminuyeron durante 2018 respecto del año anterior, cifra que además mantiene una tendencia a baja en los últimos períodos.