En la cuenta pública, el Presidente Sebastián Piñera dio a conocer grandes compromisos que implicarán significativos cambios para la Justicia en Chile. Anunció que este año daremos el vamos a la esperada Reforma Procesal Civil, y que haremos modificaciones profundas a los sistemas de nombramientos de jueces y fiscales. Todos cambios que responden a convicciones profundas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La reforma Procesal Civil es una antigua deuda y con su envío al Congreso, por fin lograremos tener una justicia civil más cercana, accesible y ciudadana. Se trata de rehacer un sistema que corresponde al 57% de las causas que ingresan a tribunales, es decir el más usado por los chilenos y uno que realmente llega a la clase media. Pero, al mismo tiempo, muchas personas no recurren a él porque resulta demasiado lento y costoso. Esta reforma terminará con esa contradicción y realizará su necesaria modernización, dando agilidad a juicios tan comunes como los de arriendos impagos o cobros de gastos comunes.
Entre los cambios más relevantes que se introducen están: el paso a procedimientos orales, que reduce el tiempo de trámite de las causas; un sistema gratuito de mediación, quizás la innovación más significativa, donde los ciudadanos podrán resolver sus conflictos de manera dialogada y breve; y más tecnología y transparencia a los procesos de embargo y remates.
Todas estas modificaciones permitirán tener una mayor cobertura territorial, pasando de 136 a 212 comunas donde se contará con servicios de justicia civil, alcanzará a más beneficiarios -con un estimado de 650 mil nuevos usuarios- significarán una disminución de costos para las personas, una reducción de los tiempos de tramitación y mayor eficacia en el cumplimiento de las sentencias. Es un esfuerzo para acercar la justicia a las personas y hacerla más amigable y moderna.
En cuanto a la reforma al sistema de nombramiento de jueces y fiscales, son cambios que tienen en común varias ideas medulares: reducir la discrecionalidad, aumentar la transparencia de procesos, y privilegiar el mérito por sobre cualquier criterio a la hora de elegir a los jueces y fiscales. Así, en el caso de los magistrados, se creará un Comité de Nombramientos que será autónomo e independiente, para que éstos sean resultado de un proceso de selección público y transparente, basado en el mérito. De esta manera, las Cortes dejarán de confeccionar las ternas, lo que elimina la discrecionalidad de la que antes gozaban.
En lo que se refiere a los fiscales, el fiscal nacional y los regionales seguirán realizando los nombramientos, pero a partir de candidatos elegidos por el llamado Comité de Selección. Además, se incorporarán nuevos sistemas de control y auditoría, junto con un renovado régimen de inhabilidades posterior al cese de funciones.
Como se ve, se trata de tres cambios que beneficiarán a nuestros ciudadanos y harán que la justicia en Chile funcione cada día mejor.
Ignacio Andrés Malig Meza,
seremi de Justicia y Derechos Humanos
