¿Crisis en el Poder Judicial?
Este año 2019 ha sido particularmente complejo para el Poder Judicial. A la preocupante situación generada en la Corte de Apelaciones de Rancagua, en donde tres de sus ministros han sido objeto de investigación por tráfico de influencias y pagos indebidos, incumplimiento de obligaciones funcionarias y por conductas que comprometen el principio de probidad, se suma la investigación ordenada por la Corte de Apelaciones de Santiago a fin de establecer la existencia de supuestas irregularidades en la nominación de jueces árbitros por parte de jueces civiles. En un tiempo en que todas nuestras instituciones republicanas han presentado fisuras a la probidad, resulta especialmente preocupante y grave que la corrupción se instale en el ejercicio de la función judicial.
Si son los jueces los llamados a aplicar el derecho y a proteger a las personas de los abusos de poder, la corrupción judicial terminará por herir de muerte a nuestro Estado de Derecho y con ello a la misma democracia. En este contexto, la Corte Suprema presentó la implementación de nuevos protocolos en el nombramiento de jueces.
De esta manera, se anunció una selección anónima de los nombres que postulan al cargo respectivo, pruebas que deben ser rendidas para postular a los concursos, audiencias públicas de los candidatos, etc. Se valora la voluntad de la Corte Suprema en orden a avanzar en medidas que hagan más objetivos y transparentes los procedimientos de nombramiento de jueces, sin embargo, creo que el camino debe ser distinto.
Soy partidario de la creación de un organismo dotado de autonomía constitucional, integrado por actores provenientes del mundo político, judicial, forense y académico. Entidad que implemente, coordine y fiscalice la forma de acceder a la judicatura, el comportamiento disciplinario de sus integrantes y la permanencia en el cargo, donde prevalezca el mérito y se reduzca en su máxima expresión la mera voluntad de quien designa.
Finalmente, considero que debe llevarse a cabo una reforma sustancial en las escuelas de Derecho, a fin de que cualquier egresado, antes de obtener su título o estar habilitado para ejercer y postular al Poder Judicial, demuestre cumplir con estándares mínimos de conocimientos y competencias, que garanticen que los derechos e intereses de las personas no serán menoscabados. En suma, hay muchas tareas pendientes para mejorar el mundo forense y hay que comenzar lo antes posible.
Jorge Astudillo, Universidad Andrés Bello, Viña del Mar
Industria Pesquera y Ley Ossandón
La industria pesquera, una vez más amenaza al país y falta a la verdad. La Ley Corta de Pesca que se discute democráticamente en el Congreso, es una respuesta para subsanar la ilegalidad de la actual norma, ley que fue el resultado de la "influencia" de las 7 familias, en un momento, en que hacían lo que querían, incluso escribiendo las leyes. Y ahora, eso no va más.
La nueva Ley Corta, que ellos bautizaron como "Ley Ossandón", es una buena noticia para la sustentabilidad de los recursos pesqueros, para abrir el mercado y proteger trabajos dignos para los que laboramos en el sector. Es una buena noticia, también, para el crecimiento económico del país, porque terminar con la concentración de la industria, permitirá la entrada de nuevos actores que revitalizarán la economía nacional, teniendo claro que el Estado será quien ponga las reglas, y no un grupo de industriales.
Juan Montenegro, presidente Fetrapes
Fondos previsionales que están olvidados
Más de 173 mil fallecidos han dejado en sus cuentas de AFPs cerca de $178 mil millones, dinero que puede ser solicitado como pensión de sobrevivencia o como herencia.
Este dinero en ningún caso pertenece a las AFPs, ni tampoco pueden cobrar comisión por su administración -los fondos siguen ganando rentabilidad-, inclusive, en su rol fiduciario, las AFPs deben resguardar el dinero hasta que sea reclamado por algún beneficiario de pensión -cónyuge, hijo menor de 24 años-, o por un heredero, vía posesión efectiva. En último caso, solo el Estado puede reclamarlos, pero vía judicial.
Como dato, más de 26 mil casos tienen saldos superiores al $1.000.000, y más de 7.000 casos con saldos superiores a $5.000.000.
Por otro lado, la Superintendencia de Pensiones ha dispuesto de un link en su página web, donde se puede revisar con el RUT del fallecido si se dejaron fondos de pensión en alguna AFP.
Es necesario precisar que en la mayoría de los casos cuando muere afiliado, sus fondos de pensiones o pagan pensiones, o se retiran como herencia.
Eduardo Jerez Sanhueza
