Rodrigo Zamorano C.
Para el 22 de agosto está fijada una audiencia de juicio laboral que busca esclarecer las circunstancias en que fue desvinculada una exfuncionaria de la Fiscalía Regional, quien solicita como indemnización por daño moral un monto de $ 100 millones.
Se trata de la técnico jurídico Karol Castro Espinoza, quien desde diciembre de 2013 a octubre de 2018 trabajó en el Ministerio Público.
La mujer asegura que cumplía con todo el trabajo que se le encomendaba, "siempre al pie de la letra y a la altura de los cargos que tuve", señala.
Todo eso cambió en junio de 2018, cuando comunicó a su jefatura que estaba embarazada. "Cuando uno firma el contrato en la Fiscalía siempre hay comentarios de pasillos a las mujeres: no se vayan a embarazar porque eso les cuesta el trabajo", afirma la mujer.
Presionada
"A solo días de firmar mi renovación de contrato, que ocurría cada seis meses, me llaman por teléfono pidiéndome que envíe un correo solicitando el término anticipado de mi próximo contrato", sostiene Karol, detallando que la petición sería una práctica habitual en la institución.
La exfuncionaria de la Fiscalía de Alta Complejidad señala que acató la petición que le hicieron y pidió terminar el próximo contrato dos meses antes de lo normal, quedando cesante en octubre de 2018.
"Es una injusticia que por el solo hecho de ser mujer y por un embarazo se me desvincule de esta forma. Eso es lo que me duele, que yo no era una persona que estaba hace poco, yo había hecho carrera en la institución y era buena en lo que hacía", afirma.
Daño moral
En la demanda, ingresa en el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, la abogada de Karol solicita además de las indemnizaciones por despido injustificado, una indemnización por daño moral que llega a los $ 100 millones.
El daño moral, sostiene la abogada Sylvia Fuentes, "viene de lidiar con un acoso laboral constante y hostigamiento que mellaron las capacidades de mi representada".
La abogada precisa en la demanda que al interior de la Fiscalía eran habituales las amenazas "tanto por su calidad de mujer y por el hecho de quedar embarazada".
Relación
La representación de la Fiscalía en la demanda fue asumida por el Consejo de Defensa del Estado y en su escrito de contestación el organismo asegura que no se está ante una relación laboral sino que ante un contrato a honorarios por lo que no es aplicable a la exfuncionaria una demanda por despido injustificado.
El CDE afirma ante los tribunales laborales que "queda absolutamente claro que no existió un despido y que no se vulneró la ley laboral, ya que el contrato de prestación de servicios a honorarios terminó de acuerdo a las disposiciones que lo regían".
Cabe precisar que durante la tramitación de la demanda, las partes estuvieron en conversación para llegar a un acuerdo extrajudicial, sin embargo, tal arreglo fue desestimado por la demandante, solicitando al Juzgado Laboral fijar una audiencia de juicio.
En la instancia prestarán declaraciones una serie de funcionarios de la Fiscalía, entre los cuales se encuentra el jefe de Recursos Humanos, Vladimir Yáñez y uno de los jefes que tenía la exfuncionaria, el fiscal Luis Arroyo.
