Año LXXXV - Nro. 30.580 - Domingo 8 de octubre de 2000

Colegio de Abogados pide control ético sobre defensores

Para el Colegio de Abogados los futuros defensores públicos, que estarán a cargo de procurar a las personas un profesional que los defienda en caso de ser acusados de algún delito, deberían quedar sometidos al control de ética de sus pares, a través de los Colegios.

"Advertimos que el mecanismo de contingencia, aún en el ámbito de la emergencia, debe estar revestido de controles suficientes por parte del Estado y de nuestro colegio profesional. Esto, a objeto de garantizar la debida defensa jurídica, en términos de eficacia y oportunidad".

Lo anterior corresponde a una declaración pública hecha por los consejos regionales del Colegio de Abogados de Chile de Coquimbo y La Araucanía, respecto del plan de contingencia que dice relación con los defensores locales y ante el llamado a concurso efectuado por el Ministerio de Justicia.

 

 

DEFENSORIA

 

Dijeron que la Defensoría Penal Pública obedece a la responsabilidad del Estado de garantizar al imputado una defensa eficaz, oportuna y suficiente, y que como gremio en diversas ocasiones hicieron saber la necesidad que la respectiva ley fuera promulgada antes de la entrada en vigencia del nuevo código, como asimismo, que los defensores deben actuar en el proceso en términos de igualdad jurídica frente al Ministerio Público, sin más diferencia que la orientación y propósito de su propio rol.

Agregaron que si bien el Ministerio Público asume la protección de un interés social y general frente al defensor penal, que actúa por el interés particular del imputado, hay que reconocer que la situación de este último -como eventual partícipe de un hecho punible- no puede quedar ajeno al deber de la sociedad.

"Su comportamiento se produce en la vía de relaciones, en donde el Estado tiene la responsabilidad social de garantizar una convivencia pacífica eliminando o aminorando las condiciones que determinan o facilitan los quebrantamientos normativos sancionados por el derecho penal, por lo que así como el Ministerio Público actúa para perseguir por el Estado la sanción para el delito, la Defensoría Pública debe actuar también por el Estado para socorrer a quien aparece eventualmente delinquiendo; produciendo el correspondiente equilibrio y evitando los excesos de unos y otros".

 

 

SISTEMA DE CONTROL

 

Insistieron en que es necesario, además de un sistema de control a cargo de un nivel letrado superior sobre el ejercicio de la defensoría, un adecuado control de ética durante el desempeño de los abogados defensores. "Se debe tener consideración que como estos defensores locales serán contratados y por consiguiente su responsabilidad en el desempeño de sus funciones quedará sujeta sólo a la normativa común, sería de gran conveniencia que dichos profesionales letrados queden sometidos al control de ética de sus pares, a través de los Colegios de abogados".

Advirtieron que si bien pudiera entenderse que con ello se privilegia a los profesionales colegiados y se discrimina a los no asociados, "también es cierto que la defensa jurídica a que tiene derecho toda persona en los términos previstos en la Constitución Política de la República, debe entenderse en el ámbito de una debida defensa jurídica, y que tanto la libertad de asociación como de trabajo no pueden ser óbice a que la autoridad resguarde ese derecho constitucional referido a la debida defensa jurídica".

Agregaron que en el caso en cuestión no puede desconocerse la utilidad pública de la función de los abogados defensores locales "y en el marco del plan de contingencia lo propio es que el control de ética le corresponda a los colegios de abogados pertinentes, dado que no existe en la legislación actual otro procedimiento expedito, oportuno y eficaz".

Recordaron que hay cuatro casos de abogados sometidos a proceso por comportamientos delictivos en el ejercicio de la profesión y ninguno de ellos es asociado. "Además -dice la declaración-, consideramos que los abogados contratados resulten de aquellos que siendo asociados a su colegio profesional presenten en sus antecedentes, experiencia profesional en lo penal, actividad docente universitaria y, lo que es más importante, haber participado en sedes de capacitación del nuevo sistema procesal penal, debidamente acreditada por universidades, magistrados y/o el Colegio de Abogados de Chile. Sólo así.. podrá justificarse ante la comunidad que entre los diversos postulantes han sido seleccionados los más capaces para asumir el rol del defensor penal local".

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