"Es una vergüenza porque finalmente ese hecho criminal ha quedado sin ningún responsable. De esto deben rendir cuenta detallada a la opinión pública los jueces y fiscales".

Así calificó el senador Alberto Espina (RN) el veredicto que absolvió a 12 comuneros mapuches, tras el juicio por el ataque a un Tur-Bus y tres camiones en el baipás, ocurrido en 2009.

Agregó que "hay dos posibilidades. Una de ellas es que los fiscales hayan preparado mal la causa (...) Y la otra es que los jueces del tribunal derechamente estén exigiendo niveles probatorios que en la práctica están significando la impunidad respecto a los actos criminales que ocurren en La Araucanía".

El parlamentario también se refirió a la demora que se registró entre el inicio del juicio y el hecho -cuatro años-, lo que el propio fiscal Alberto Chiffelle calificó como una estrategia de dilación.

"Este juicio se retrasó con más de 20 postergaciones pedidas por la defensa durante dos años y medio, que fueron utilizados en la práctica para dilatar el proceso. De esa manera se iba debilitando la prueba, producto de que muchos testigos y antecedentes fueron quedando en el camino", sostuvo.

Emilio Taladriz, vocero de la Multigremial, aseguró que la decisión de los magistrados genera una sensación de impunidad en La Araucanía y que atenta contra la paz.

"Lamentamos la decisión de los jueces. Su fallo es un atentado a la paz social en la Región y una forma más de alimentar la cruel impunidad con la que somos golpeados, indistintamente de los aspectos técnicos que pueden esgrimir los jueces", dijo.

Hizo hincapié en que los hechos delictuales no pueden quedar sin castigo, en especial delitos que consideran como actos de terrorismo.

Además realizó un llamado a que los tribunales sean honestos y expliciten si van a ocupar o no leyes especiales, enfatizando en que no se pueden "escudar en tecnicismos para no aplicar la Ley Antiterrorista".

Y en este contexto, emplazó al Ministerio Público también para que en sus investigaciones logren recabar el máximo de antecedentes que permitan establecer quiénes están detrás de estos hechos de violencia.

críticas

En una línea similar realizó un análisis del veredicto José Villagrán, presidente de la Federación Gremial de Dueños de Camiones de Sur.

El caso le toca en particular a su gremio, puesto que el día en que se detuvo al Tur-Bus, tres conductores de transporte de carga fueron detenidos por los encapuchados, quienes los apuntaron con armas de fuego mientras rompían con palos y hachas los focos y parabrisas de las máquinas.

"Hace tiempo nosotros decimos que hay impunidad cuando ocurren estos delitos. Lamentablemente no sabemos qué pruebas hay que presentarle a los jueces para que condenen a las personas", dijo.

Aseguró que a "los terroristas hay que aplicarles las leyes que están vigentes. Los jueces no están cumpliendo con su deber".

GOBIERNO

El seremi de Gobierno, Mauricio Vial, comentó que no iban a realizar reparos a la actuación de otro poder del Estado.

"Nosotros no cuestionamos la decisiones de la justicia. Las instituciones funcionan", aseguró.

Añadió que "una de las cosas que podemos colocar en relevancia es que había un testigo imputado y uno esperaba que su relato tuviera relevancia. Quizás pudo tener un fin distinto".

Además recordó el trabajo que se está haciendo con el fin de evitar hechos violentos en las rutas de La Araucanía, enfocadas, por ejemplo, en la instalación de cámaras.

sentencia

El miércoles los jueces Gonzalo Garay, Oscar Viñuela y Jorge González calificaron la prueba presentada por el Ministerio Público en el juicio, que comenzó el 1 de agosto, como "débil, pobre y vaga".

Los detalles del fallo se conocerán el próximo jueves 29 de agosto, con la lectura de la sentencia absolutoria.