El Comité de la ONU contra la Discriminación Racial pidió ayer a Chile "acelerar el proceso de restitución de tierras ancestrales" y proporcionar a los pueblos indígenas los recursos que les permitan proteger sus tierras y recursos, conforme a la legislación internacional.

Al término de su 85 periodo de sesiones, la entidad emitió sus conclusiones y recomendaciones sobre el cumplimiento de la Convención Internacional contra la Discriminación Racial por parte de un grupo de países. En el caso de Chile, el comité defendió la necesidad de "evaluar sistemáticamente el impacto ambiental, realizar consultas libres, previas y bien informadas" para obtener el consentimiento de las comunidades indígenas antes "de autorizar cualquier proyecto de inversión".

Sobre todo en el caso de que este último pudiese "afectar negativamente su salud y sustento" en los lugares habitados por los pueblos indígenas.

Chile ratificó el 2008 el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los países a someter a consultas proyectos que afecten la vida de los pueblos indígenas. A cinco años de su vigencia, el Gobierno aún no presenta un reglamento que permita su materialización.

Durante la presentación que hizo ante los expertos del comité, la delegación oficial de Chile presentó los avances del proceso de compra y transferencia de tierras, destacando que entre 2010 y junio de 2013 el Estado compró y transfirió casi 40.000 hectáreas de tierra beneficiando a 30.000 familias indígenas.

Pese a ello, el comité dijo que le preocupa que representantes indígenas hayan señalado que "las tierras entregadas a cambio de tierras ancestrales, incluso en zonas cercanas, a menudo han resultado improductivas y difíciles de aprovechar".

También insistió en las quejas persistentes de los pueblos indígenas "que siguen afectados por la explotación de los recursos naturales, los vertederos de desechos y la contaminación del agua" en sus territorios ancestrales.

El informe agregó que incluso cuando se tiene previsto el cese de las actividades de explotación, el comité lamenta que estas decisiones "no estén acompañadas de medidas de resarcimiento".

Critica la Ley Antiterrorista

El comité le pidió Chile que defina "de manera precisa" los delitos de incluye la Ley Antiterrorista y solicitó que no se aplique a mapuches "por actos de demanda social". Requirió también que se investiguen las denuncias de violencia de funcionarios contra miembros de esta comunidad y de Rapa Nui.

Una denuncia ante la Fiscalía para lograr esclarecer las razones por las que en el último tiempo han aparecido perros muertos en la vía pública, presentaron agrupaciones animalistas de Temuco y Padre Las Casas, asesoradas por el abogado Edgardo Lovera.

Se trata de una denuncia contra quien resulte responsable del delito de maltrato animal, que está regulado en el artículo 291 del Código Penal, luego que desde el 23 de junio a la fecha hayan aparecido perros, con claras señales de envenenamiento.

Uno de los hallazgos más masivos se produjo en las cercanías de la Dirección de Desarrollo Comunitario de Temuco y el último de ellos, en la Plaza Aníbal Pinto.

Los recurrentes exigen que se investigue los hechos que aseguran no son aislados, ya que desde el 23 de junio a la fecha se han encontrado entre 20 y 30 animales en similares condiciones.

"Incluso el fin de semana comenzaron a aparecer aves muertas", puntualizó Lovera, junto con señalar que en las últimas semanas recopilaron una serie de antecedentes que les llaman la atención.

"Lo primero es que hay días y horarios que se repiten en la aparición de perros envenenados. También hay sectores que se reiteran, como por ejemplo, la Plaza Aníbal Pinto", enfatizó, haciendo alusión a que el último can que pareció muerto el fin de semana.

En este contexto, explicó el profesional, es posible sospechar que quienes están haciendo esto están buscando ciertos lugares o bien que todo esto se debió a una mala manipulación de plaguicidas utilizados en los árboles y que podrían haber afectado a los animales.

Agregó que también les llama la atención que no sólo se han visto afectados perros vagos, sino también otros animales que tienen propietarios, como los gatos.

Por lo anterior, Lovera señaló que también anexaron los antecedentes que proporcionó la la agrupación Adopciones de Temuco, donde algunas personas se habrían acercado a estampar denuncias.

OTRO DELITO

Los denunciantes aseguran que junto con producirse el delito de maltrato animal, se puede estar dando otro que dice relación con la propagación indebida de sustancias químicas, "que es un delito mucho más grave y que tiene una pena de presidio menor en su grado máximo", acotó el abogado patrocinante.

En este contexto, las organizaciones animalistas están solicitando que la Dirección de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Temuco informe si encargó alguna fumigación o manejo de plagas en el sector de la Plaza Aníbal Pinto, entre junio y agosto, a Carabineros que facilite las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia de control de tránsito, a la Secretaría Regional ministerial de Salud que informe si tienen nuevos antecedentes; y lo mismo esperan del canil municipal.

Además -acotó Lovera-, solicitaron al fiscal una hora y un lugar para hacerle entrega de las evidencias que ellos tienen, como las muestras de cebos, pájaros muertos y otros.

regulación

Pamela Ñancupil, de la Agrupación Adopta de Temuco, dijo que hay muchos factores a considerar en esta situación, como el hecho que las muertes coincidieron con el hallazgo de un murciélago positivo para el virus de la rabia y con el caso de un joven infectado luego de haber sido mordido por un perro en Quilpué.

"Eso hizo que se produjera una alarma pública que si bien se repitió en varias ciudades, fue más fuerte en Temuco", aseguró.

A su juicio, el problema es que en Chile no existe una política pública que regule la tenencia responsable de mascotas y sancione a quienes cometen alguna falta en este aspecto.

Lo anterior, aseguró, es estrictamente necesario, como asimismo un trabajo serio de esterilización que pasa por un uso eficiente de los recursos disponibles para el control de perros vagos.

"Por el Diario nos enteramos que se destinan 75 millones de pesos para la regulación de los perros vagos y es sabido que cualquier protectora puede, con esos recursos y con los convenios que tiene, esterilizar a cerca de 7 mil 500 canes, a 10 mil pesos cada uno", puntualizó, junto con señalar que un canil no es la solución pues no hace más que fomentar el abandono de los animales.

RIESGO

RIESGO

Sobre este tema y la competencia de la Seremi de Salud, Waldo Armstrong, jefe del Departamento de Acción Sanitaria, dijo que a ellos les compete proteger la salud de las personas y que el riesgo de que una persona consuma el cebo envenenado es muy bajo.