La Corte Suprema reconoció ayer "que no hizo lo suficiente" y que su actuación constituyó una "dejación de funciones jurisdiccionales" tras el golpe de Estado de 1973. Aunque evitó utilizar la palabra perdón en medio del debate generado en el Poder Judicial con motivo de la próxima conmemoración del 40 aniversario del golpe de Estado, el ministro Hugo Dolmestch, vocero del Poder Judicial, dijo que la posibilidad de pedir perdón sí fue discutida.

"No cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, en parte se debió a la omisión de jueces de la época que no hicieron lo suficiente", enfatizó el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros.

El titular del máximo tribunal del país añadió la actuación de ese poder del Estado se dio "principalmente porque la Corte Suprema de entonces no ejerció ningún liderazgo, pese a que las violaciones a los derechos humanos le fueron denunciadas a través de numerosos requerimientos judiciales".

El reconocimiento de la Corte Suprema se sumó a la declaración de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial, que esta semana pidió por primera vez perdón "por sus acciones y omisiones" durante el régimen militar.

Ballesteros dio lectura a una declaración al finalizar una larga reunión con los 14 ministros del máximo tribunal del país. En una formal aparición en el salón plenario del Palacio de Tribunales, el documento señaló que los magistrados consideran "un deber reconocer que el quiebre de la institucionalidad democrática permitió la instalación de un régimen cívico militar que violentó las garantías fundamentales de los ciudadanos de nuestro país".

El texto reconoce que tras el quiebre del 11 de septiembre de 1973 se registraron hechos como muertes, desaparición forzosa, detenciones irregulares y torturas, que "hoy día casi nadie en el país niega".

"El máximo tribunal, reflexionando sobre los hechos de la época y el rol que le correspondió al Poder Judicial, debe concluir que no cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones en las que se incurrió", subrayó Ballesteros.

El juez agregó que ese actuar "constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales, lo que ahora queda sentado para todos los miembros del Poder Judicial, y también hacia las generaciones ciudadanas que vengan, para que ese comportamiento no se repita", aunque nunca utilizó la palabra perdón.

análisis del perdón

El vocero de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, dijo ayer que aunque el pleno discutió la posibilidad de pedir perdón a las víctimas por las omisiones del Poder Judicial, esto finalmente no se incluyó en la reflexión que entregó el máximo tribunal.

"Nosotros creemos que estamos cumpliendo y con esto completamos nuestra responsabilidad por ahora", agregó, enfatizando que "no sabemos en qué consiste esta famosa responsabilidad histórica".

El magistrado descartó que la decisión de reconocer las fallas de los miembros de ese órgano ante las denuncias de atropellos ocurridas tenga relación con los emplazamientos que el Presidente Sebastián Piñera hizo, cuando afirmó que estos "no estuvieron a la altura de sus obligaciones" frente a dichos vejámenes.

"El Presidente representa a un poder del Estado y él ha opinado separadamente", dijo Dolmestch. El representante de los miembros del pleno aseguró que "el ambiente en general" influyó en la reflexión del máximo tribunal.

El integrante del máximo tribunal y ex presidente del mismo, Milton Juica, explicó que no se explicitó en la declaración la palabra "perdón" debido a que "un organismo del Estado no debe pedir perdón, sino que tiene que explicar, porque los que son destinatarios del perdón son personas que tienen que decir ellas lo que corresponda".

Juica agregó que "aquí son problemas de responsabilidades, son responsabilidades institucionales y la cuestión del perdón es personal. Quién lo cometió tiene que pedir perdón. Hay mucha gente que dice que ignoraba que pasaban estas cosas y a mí me parece que eso es absurdo".

La presidenta de la Asociación de Magistrados, que emplazó esta semana a que la Corte Suprema se manifestara en estos términos, María Francisca Zapata, dijo estar "muy satisfecha" con la declaración.

"La respuesta que ha dado la Corte Suprema al país constituye una garantía de no repetición. Nunca más un ciudadano en Chile carecerá de protección jurisdiccional frente al abuso estatal, los jueces han aprendido el valor de su labor y eso es, en definitiva, lo que está claramente establecido en esta respuesta", señaló.