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INDH pide mejorar el procedimiento de consulta ante la instalación de proyectos

Convenio 169. El organismo dedicado a la protección de Derechos Humanos publicó un nuevo informe.
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El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recomendó al Gobierno mejorar el procedimiento de Consulta Indígena, ante la instalación de proyectos de inversión que puedan afectar a comunidades mapuches de La Araucanía.

Lo anterior, tras publicar el informe final sobre la misión de observación que efectuó en comunidades mapuches de la Región, que se han visto afectadas por la implementación de iniciativas privadas.

La visita se llevó a cabo entre los días 17 y 19 de mayo de este año y abarcó las comunas de Villarrica, Curarrehue, Melipeuco, Freire y Temuco, cuyo objetivo era verificar eventuales afectaciones a los Derechos Humanos (DD.HH.).

Entre los proyectos se encuentran las centrales hidroeléctricas de Pangui, Añihuerraqui y de pasada por El Rincón Río Truful Truful, las plantas de piscicultura salmonera Chesque Alto y Los Fiordos, y la planta de tratamiento de aguas servidas en Licán Ray.

A esto se suma la construcción del nuevo aeropuerto regional en Quepe y el vertedero de Boyeco.

Información

La delegación del INDH se reunió en terreno con un total de 82 representantes del pueblo mapuche y se contrastó la información recopilada a través de oficios enviados a la Conadi, Servicio de Evaluación Ambiental, seremi de Medio Ambiente, seremi de Salud, entre otros.

Entre las conclusiones del informe se establece que la instalación de este tipo de proyectos debe ser consultado a las comunidades indígenas respetando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"La instalación de dichos proyectos en localidades que comunidades mapuche reclaman como suyos o bien que constituyen espacios ancestrales especialmente relevantes para la comunidad, requieren ser consultados previamente de acuerdo a lo que establece el Convenio N°169 de la OIT, en la medida que sea susceptible de afectación directa", dice el informe en la página 30.

Además, agrega que es obligatoria la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, dependiendo de la magnitud del proyecto que se pretende instalar en zonas donde habitan comunidades mapuches.

"Cuando existen antecedentes que acreditan la magnitud o intensidad de las intervenciones, se hace obligatoria la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental y el cumplimiento de la consulta previa", añade el texto.

Recomendaciones

El informe de 34 páginas también efectúa una serie de recomendaciones al Estado chileno, para evitar que la instalación de megaproyectos afecten la vida cultural y patrimonial de los pueblos originarios.

Una de ellas está dirigida al Gobierno, para que mejore la reglamentación de la consulta indígena, de acuerdo a los estándares internacionales vigentes.

"Al Poder Ejecutivo, a perfeccionar con urgencia las normas reglamentarias que regulan el deber de consulta, de acuerdo a los estándares internacionales vigentes, de manera que se asegure la participación informada de las comunidades afectadas", propone el Indh.

El organismo también hizo un llamado al Poder Legislativo con el fin de adoptar medidas urgentes, que permitan garantizar los derechos de los pueblos originarios sobre sus tierras, recursos y territorios.

Junto con esto, recomienda a las autoridades regionales a que en el momento de incentivar la llegada de inversionistas a la zona, "ejerzan su responsabilidad de precaver e incentivar que tales inversiones sean respetuosas del entorno en el que se desarrollarán, especialmente en lo referido a las comunidades mapuches que habitan la Región".

Finalmente, el informe solicita a los empresarios la incorporación de análisis sobre los efectos permanentes "que sus actividades producen en el entorno en que se instalan". Lo anterior, como una forma de mitigar los daños provocados en las comunidades indígenas afectadas.

"Existe un incremento de inversión"

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El coordinador del equipo jurídico del Observatorio Ciudadano Hernando Silva mira con preocupación los proyectos sin consulta a los pueblos indígenas.

-¿El informe ratifica la serie de reclamos que ustedes han hecho a la Justicia?

-Viene a hacer eco a la situación que afecta a las comunidades indígenas del norte y sur del país. Por cuanto ha existido un incremento de inversión en los territorios, sin la realización de los procesos de consulta previa de acuerdo a lo que establece el Convenio 169 de la OIT.

-A su juicio ¿por qué ha demorado tanto la modificación a la consulta?

-El Gobierno está llevando a cabo una regulación del derecho a la consulta que en el fondo y en la forma ha tenido distintas falencias. La propuesta a través de la mesa de consenso dista considerablemente de los estándares internacionales.

-También está la presentación de un estudio de impacto ambiental en estos casos...

-Siempre que el proyecto se emplace cercano a pueblos indígenas es necesaria la presentación de un estudio.