Con un botín estimado en nueve millones de pesos en efectivo huyen cuatro delincuentes, que la madrugada de ayer asaltaron con armas de fuego, cortas y largas, la distribuidora de Coca Cola de Victoria.

Los individuos, que actuaron con sus rostros cubiertos con capuchas, accedieron al recinto por una de las entradas laterales del lugar, ubicado en el kilómetro uno de la ruta hacia Traiguén.

Al llegar a la garita del guardia, a eso de las 00.20 horas de jueves, encañonaron al trabajador de la empresa y lo amenazaron de muerte para que accediera a decirles dónde estaba el dinero. A la vez, le exigieron las llaves del lugar.

Así los individuos llegaron hasta una oficina, al interior de la distribuidora, donde estaba la plata correspondiente a la recaudación del día en proceso de ser cuadrada por los funcionarios.

guardia

Jorge Duhart, mayor y jefe de la Cuarta Comisaría de Victoria, precisó que los individuos accedieron al sitio de la caja fuerte, donde el dinero aún no era depositado.

"Los individuos ingresan al interior de la oficina y sustraen una cantidad estimada en nueve millones de pesos en efectivo, que correspondía a la recaudación del día", comentó el oficial.

Antes de huir del recinto privado, los delincuentes amarraron de pies y manos al guardia, quien luego de unos 20 minutos logró desatarse y pedir auxilio a la central de alarmas interna con que trabaja Coca Cola, que se mantiene conectada las 24 horas.

escape

Duhart añadió que al momento del atraco no había otros testigos que permitieran saber si huyeron a pie o en algún vehículo, situación que se mantiene bajo investigación.

Comentó que una vez en el lugar se "realizó un cierre perimetral por diferentes sectores y controles vehiculares, con el objetivo de hallar a los autores del asalto cometido en el establecimiento comercial". Sin embargo, hasta el cierre de la edición, no existían resultados.

Por orden de la Fiscalía, personal de la Cuarta Comisaría de Victoria, la SIP y OS-9 trabajan para hallar a los responsables de este hecho delictual. Durante la noche y la mañana de ayer, las diligencias se concentraron en entrevistar al guardia que estaba a esa hora en el recinto.

Por el momento se descartó la existencia de registros de cámaras de seguridad, situación que podría haber facilitado la identificación de los cuatro encapuchados.

Intentamos ayer obtener una versión de lo ocurrido por parte de la administración de Coca Cola en Victoria. Sin embargo, declinaron conversar sobre este tema.

delitos violentos

El mayor Duhart descartó de plano que delitos violentos, como el ocurrido el miércoles de madrugada de Victoria, sean frecuentes en la comuna y sus alrededores.

"Los robos con violencia son muy poco comunes en Victoria. Esto escapa a la realidad habitual. Por ello, por ejemplo, podemos decir que estas personas pueden ser de fuera de la ciudad", indicó.

Otra hipótesis que se baraja, y no se desecha como línea investigativa, es la posibilidad que los delincuentes tuvieron información sobre el movimiento de dinero de la empresa, lo que también es indagado por la policía uniformada.

La percepción del mayor está acreditada con las estadísticas policiales de la Cuarta Comisaría. Por ejemplo, el delito de robo con violencia ha bajado un 47% en comparación al mismo periodo del año en 2012.

Este asalto tiene características similares al atraco ocurridos en las oficinas de Fonasa, la mañana del 15 de octubre, donde también cuatro asaltantes encapuchados se llevaron un botín de un millón de pesos.

A esto se suma lo ocurrido el 8 de octubre en una distribuidora de gas de Recabarren, en Temuco, donde delincuentes se llevaron $2 millones.

En fallo unánime la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de protección que presentó el abogado Pablo Ortega, quien representa al machi Celestino Córdova, único acusado por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay y el incendio en el fundo Santa Isabel, de la familia Seco Fourcade.

La decisión fue conocida el mediodía de ayer y fue tomada por los ministros Héctor Toro, Alejandro Vera y el abogado integrante, Ricardo Fonseca.

En su octavo considerando el texto dice que el "recurso de protección no puede prosperar, no sólo porque es procesalmente improcedente, tal como se dejó asentado en los considerandos anteriores, sino también por cuanto no se advierte la existencia de ninguna actuación ilegal o arbitraria, de parte de la juez recurrida".

reacciones

El defensor Pablo Ortega, del Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur), comentó que revisarán en profundidad el veredicto, ante la posibilidad de acudir a la Corte Suprema para revertir el fallo, donde pedía entre 25 y 35 días más para preparar la defensa.

"Lamentamos la resolución. Creemos que quien ha perdido es el debido proceso, porque ha quedado firme la resolución de una jueza que se autoinhabilitó y que fijó 18 días de plazo a la defensa para estudiar esta carpeta", dijo.

Añadió que esta investigación es de delitos graves y de altísima complejidad. "Se da pie para que se realice un juicio sumario a don Celestino Córdova. Eso no le hace bien a nadie, menos a las víctimas que esperan una sentencia basada en un proceso legalmente tramitado. Pero somos respetuosos de la Corte".

El fiscal regional (s), Alberto Chiffelle, comentó que uno de los fundamentos principales de la decisión de la Corte fue que la defensa no optó por presentar otro tipo de recursos judiciales.

"Existen recursos procesales ordinarios, como apelación o reposición, por ejemplo. Así se atacan resoluciones judiciales, y no de protección", dijo.

El querellante Carlos Tenorio comentó que "era algo que esperábamos, a raíz de los fundamentos jurídicos planteados en los alegatos. Si se rechaza el recurso, sigue la preparación de juicio, sin perjuicio de que la contraparte apele".

Ortega cuenta con un plazo de cinco días para apelar ante la Corte Suprema, donde podría insistir en la petición de tener más tiempo para conocer la carpeta de investigación por delitos terroristas y preparar prueba propia.

Respecto a la preparación de juicio oral, ayer cerró la revisión de testigos. Serán finalmente 60 los testimonios que darán cuenta de los dos hechos planteados en la acusación, donde Córdova arriesga penas de 36 años y presidio perpetuo calificado.