Hugo Oviedo
La Asociación de Víctimas de la Violencia Rural de La Araucanía (Avvr) emplazaron ayer a la Presidenta electa, Michelle Bachelet a que el Estado de Derecho en la zona sea una prioridad de su Gobierno.
Hace algunas semanas la organización solicitó una reunión formal con Bachelet con la idea que el Ejecutivo cree a partir de marzo, una comisión de trabajo que revise las políticas públicas para abordar el conflicto en la zona.
"Pedimos a través de los medios a la futura Presidenta y a su equipo que nos reciba, que estamos a la espera de la audiencia, de esa conversación", señaló ayer la presidenta de Avvr, María Cristina Urra.
Además añadió que "le vamos a solicitar que priorice la solución del problema, que se cree una comisión de trabajo y que se vaya evaluando cada una de las líneas que se propongan y que logre aunar a los distintos actores que están involucrados en el tema", enfatizó la presidenta de Avvr.
Para Urra en la instancia deben participar todos los representantes de la sociedad regional, "y comenzar un diálogo que nos lleve a todos a una solución", subrayó.
Planteamiento que se da luego del llamado que hizo el agricultor de Ercilla y ex intendente de la provincia de Ñuble, Juan de Dios Fuentes Rojas, para hacer cumplir el Estado de Derecho, luego que un incendio arrasó con 50 hectáreas del Fundo Centenario y que a su juicio fue de carácter intencional ().
Dichos que fueron compartidos ayer por la Multigremial -que reúne a los gremios productivos de la Región- y quienes creen que en la zona se "ha perdido completamente el Estado de Derecho".
Así lo expresó su vocero, Emilio Taladriz quien también fue víctima de un atentado incendiario en 2012 y cree que los incendios en la Región son intencionales, causando -dijo- daños al patrimonio de las personas.
"Hay riesgos de vida de la gente que trata de combatir estos fuegos, se acercan y les disparan con una impunidad impresentable, que quiere decir que se ha perdido el Estado de Derecho", enfatizó Emilio Taladriz.
Éste último aseguró que este tema es transversal y no tiene colores políticos, por lo que ya han sostenido algunas reuniones informales con personeros del próximo Gobierno.
"Este es un tema que trasciende a lo político y por eso pedimos que no se utilice como herramienta para ponerle cortapisas al adversario político", dijo Taladriz.
El vicepresidente de la DC, Fuad Chahin respondió que para cualquier Gobierno hacer cumplir el Estado de Derecho no es una prioridad, sino una obligación.
Sin embargo, el parlamentario por la zona alertó que esto no significa restringir garantías constitucionales de otras personas. "Se tiene que respetar el procedimiento y las leyes", dijo Chahin.
