La norma abre espacio a nuevos actores en este tipo de procesos, como el "veedor", que deberá contar con habilidades de negociación para facilitar los acuerdos de reorganización; el "liquidador", que deberá trabajar en el ordenamiento y liquidación de los activos y; "martillero concursal", que serán martilleros públicos especializados. También se estipula la creación de un boletín que publicará las resoluciones.
Mauricio Mondaca
El Gobierno publicó ayer la ley de reorganización y liquidación de activos de empresas y personas (20.720), más conocida como Ley de Quiebras, que le dará a las empresas y personas naturales con dificultades económicas un marco para reemprender y alivianar la carga de tener que recomponer sus finanzas.
La nueva normativa entrará en vigencia en octubre de 2014, nueve meses después de su publicación en el Diario Oficial, y persigue implementar todas las medidas necesarias para el óptimo funcionamiento de la Superintendencia de Insolvencia y Reempredimiento, que reemplazará a la actual Superintendencia de Quiebras. Esta entidad tendrá cobertura regional y nacional y se relacionará con el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía.
El Presidente Piñera dijo que "en aquellos casos en que las empresas son inviables o las personas no son capaces de poder llegar a un acuerdo con sus acreedores, (la ley permite) encontrar un mecanismo que permita la solución del problema, disponiendo de los activos para que no queden congelados, sino que vuelvan al aparato productivo".
El Mandatario agregó que la nueva normativa "se preocupa esencialmente del 'reemprendimiento' y, en los casos en que esto sea necesario, de la liquidación de los proyectos de las empresas o de las personas. Y eso es un enfoque muy distinto a la actual Ley de Quiebras, que se gestó en la década de los 80 y que necesitaba una profunda reforma, ya que estigmatiza al emprendedor, poniéndole todo tipo de trabas".
La legislación incluye nuevos procedimientos para la reorganización de empresas y reestructuración de una empresa, apuntando a lograr un acuerdo entre el deudor y sus acreedores en un plazo máximo de cuatro meses.
También incorpora procedimientos para liquidar más rápido los activos de una empresa o persona no viable, acotando los plazos a un máximo de 12 meses para la empresa y de ocho meses para la persona, en comparación al promedio de 4,5 años que tarda una quiebra en la actualidad.
La normativa también establece un procedimiento administrativo gratuito de renegociación de las personas, para que la persona deudora llegue a un acuerdo con sus acreedores en un plazo máximo de 105 días. Otro de los avances corresponde al establecimiento de justicia especializada a través de tribunales capacitados en estas materias. A esa jurisdicción llegarán, preferentemente, este tipo de causas, con la posibilidad de someterlas a arbitraje. En cuanto a los trabajadores de una empresa que se acoja a este tipo de normativa, la ley establece como beneficios que el inicio de un procedimiento de liquidación empresarial ponga término al contrato de trabajo, aclarando las indemnizaciones laborales y facilitando los pagos a favor de los trabajadores.
La ley también se orienta a "desestigmatizar" al deudor a través de la eliminación de las presunciones de responsabilidad penal de la legislación, especificando los tipos específicos en el Código Penal.
Josefina Montenegro, superintendenta de Quiebras, destacó que esta ley "salda una deuda histórica que el país mantiene con sus emprendedores, consumidores y trabajadores".