Hugo Oviedo

A través de un comunicado conjunto los ocho gremios que componen la Multigremial, más la asociación de víctimas y el Movimiento por la Paz en La Araucanía criticaron duramente al Estado por la violencia que se registra en la Región.

Entre ellas destaca la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Salmón Chile, Cámara de Comercio y Turismo de Temuco, Corma, camioneros y la Sofo, quienes solicitan "vivir en paz y protegidos por el Estado de Derecho".

"En nuestra Región se siguen quemando casas, se hostiga abiertamente a parceleros pobres que hoy viven en la indefensión, se les cobra peajes bajo amenaza para que puedan recorrer caminos públicos, se les chantajea con que si no pagan una tarifa se les quemará la producción, entre otras formas de agresión", señala el comunicado.

Los firmantes aseguran que "el sistema judicial no ha tenido la capacidad, ni la voluntad de aplicar la ley, lo que ha llevado a una sensación de impunidad que estimula la acción de los grupos violentistas y genera frustración en las víctimas".

En este sentido los gremios productivos de La Araucanía recuerdan el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay ocurrido hace poco más de un año en el fundo Granja-Lumahue en la comuna de Vilcún, asesinato que califican de "brutal y cobarde".

El texto además hace alusión a la muerte del sargento de Carabineros, Hugo Albornoz (39), que falleció en abril de 2012, tras recibir un disparo al interior de la comunidad Wente Winkul Mapu y donde el único detenido fue absuelto por el tribunal de Angol, lo que para ellos es un acto de "impunidad".

"El Estado en su conjunto, pero principalmente el Gobierno, no pueden permitir que este clima de violencia, impunidad y ausencia de autoridad se establezca en una parte de nuestro territorio", indica el comunicado.

Añadiendo en este punto que "ninguna vida, ni los derechos fundamentales de ninguna persona, pueden ser tomados como 'un costo aceptable' para contener un conflicto, cualquiera sea su naturaleza".

A juicio del mundo empresarial y privado de La Araucanía "la inmensa mayoría del pueblo mapuche no apoya la violencia, ellos también la han sufrido cuando se suman las acciones de los agresores".

En este punto, ejemplifican la situación con el caso del parcelero y ex candidato a concejal (PS) de Ercilla, Héctor Gallardo Aillapán quien fue acribillado a balazos, al momento de acudir en ayuda de su hermano que sufría un asalto.

Por este hecho, el tribunal de Angol condenó a tres comuneros mapuches por el delito de robo con homicidio. Luis Marileo y Leonardo Quijón recibieron una pena de 10 años y un día de presidio.

En tanto, el menor de iniciales G.V.M. fue sentenciado a cinco años de pena mixta, es decir, dos años con régimen cerrado y tres con régimen semi cerrado.

"Las víctimas de violencia no son las grandes empresas, esas es una caricatura, sino campesinos, parceleros transportistas, trabajadores y personas de distinta condición social, que no encuentran amparo en las autoridades, ni solidaridad en una sociedad que no ve la injusticia que ellos padecen por una causa 'políticamente correcta", dice el escrito conjunto de gremios.

A juicio de los empresarios existió un incentivo perverso por parte del Gobierno, a través de la promoción de la compra de tierras, política pública que calificaron de "errática e incoherente que sólo ha alentado la escalada de violencia".

"Los hechos han venido a confirmar lo que tantas veces dijimos, que la forma en que se promovió la compra de tierras y la frivolidad con la que se pretendió enfrentar el conflicto nos iba a pasar la cuenta", enfatizan.

En este sentido, los gremios y las nuevas asociaciones de víctimas hacen un llamado a las próximas autoridades que asumen a partir del 11 de marzo y a quienes lleguen al parlamento a hacerse "cargo de la gravedad de lo que ocurre en La Araucanía".

Advierten que esperan que se corrijan "los errores que se han cometido hasta ahora, se comprometerán con la justicia, tratarán por igual a todos los chilenos, sin importar su etnia y devolverán a los habitantes de nuestra Región la esperanza de poder vivir en paz".

Finalmente, el comunicado hace un llamado al Ejecutivo a tramitar cuanto antes el proyecto de Ley Araucanía, que nació como una solución al conflicto, tras la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay.

"Una señal de que esas esperanzas no son en vano sería que el actual Gobierno envíe finalmente el proyecto de Ley Araucanía antes del fin de su período y el siguiente le diera la prioridad que nuestra Región merece", puntualiza el texto.

El vocero de la Multigremial, Emilio Taladriz explicó ayer que "nos parecía necesario levantar una opinión respecto de lo que está sucediendo en nuestra Región, porque las autoridades no le han tomado el real peso al peligro que esto significa", sostuvo.

Taladriz recordó que se solicitaron propuestas a la Región para solucionar el conflicto y una de ellas fue la Ley Araucanía, "pero hemos visto que aún no se saca la ley, entonces no comprendemos por qué el Gobierno central y el parlamento no se han preocupado", indicó.

En la jornada de ayer se intentó conocer la opinión del intendente, Andrés Molina sobre este punto, pero informaron que no se encontraba disponible. En tanto, la gobernadora de Cautín, Sara Suazo respondió que no estaba al tanto de la declaración pública efectuada por el mundo privado de La Araucanía.