"Pueblo mapuche y recursos forestales en Chile: devastación y conservación en un contexto de globalización económica", es el nombre de la investigación realizada por el Observatorio Ciudadano.

El estudio, que se realizó con datos de cuatro regiones del país, pretende ser un compendio estadístico en torno a la industria forestal y su relación con el pueblo mapuche, el cual se ha visto afectado por el modelo forestal imperante en Chile, que data de los años '70.

"Este estudio lo hacemos en un momento crítico: de incendios forestales, sequía, escasez de agua y de conflictividad, evidentemente generada por este modelo", señala José Aylwin, uno de los autores del documento y director del Observatorio Ciudadano.

Aylwin agrega que, a pesar de los años y el crecimiento exponencial de la industria, que es la de mayor impacto en la economía nacional después de la minería, "para el gobierno se trata del modelo a seguir y se sigue fomentando. Para los empresarios, éste debe ser protegido por el Estado, si genera conflictos no es responsabilidad de ellos y que el mal llamado 'conflicto mapuche' no afecta su desarrollo".

Además de la coyuntura actual, donde el aporte concreto de la industria forestal al crecimiento de la Región ha sido cuestionado por diversas esferas, uno de los objetivos de este estudio es sentar un precedente en relación al Decreto Ley 701, el cual rige a la industria forestal y pretende ser ampliado por 20 años.

"Hay una incomprensión total de parte de muchos sectores de la comunidad, la clase política y el sector empresarial de lo perjuicioso que ha sido el desarrollo de este modelo para la Región", explica José Araya, investigador del Observatorio.

Araya agrega que "mirando los datos que se han entregado acá, no se entiende cómo hay un discurso que promueve este modelo, siendo que aquí se refleja que hay algo que no está funcionando".

Estos datos duros a los que hace alusión el investigador tienen relación con los índices de pobreza y desempleo, donde las regiones del Bíobío y La Araucanía (ambas con mayor número de plantaciones forestales y población mapuche) figuran constantemente en los últimos lugares del país.

El estudio también establece que los recursos hídricos han disminuido. "Las plantaciones han provocado el desecamiento de las vertientes y la carencia de agua", señala el informe.

Otro de los cuestionamientos hechos al modelo forestal chileno, tiene relación con el pago de impuestos, ya que si bien éstos existen, no benefician directamente a la región donde se encuentran las plantaciones.

En ese sentido y ante una eventual reforma tributaria, Aylwin indicó que si hubiese un impuesto territorial habría ciertas mejoras en la relación entre comunidades e industria forestal, pero que esto no necesariamente solucionaría el problema de fondo.

"La reforma tributaria está sobre la agenda, pero está centrada en la redistribución de los ingresos. Falta una vinculación más explícita sobre ésta y la descentralización regional y municipal", afirma el director del Observatorio, quien agrega que "hay un desafío enorme en esta materia en el país".

Construcción de parques, cursos de capacitación y donaciones a colegios son algunas de las iniciativas emprendidas por las forestales en las comunas donde se encuentran.

Sin embargo, para los investigadores del Observatorio Ciudadano, estas acciones no logran mitigar el efecto real de la industria en el territorio, donde muchas veces se confunde el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con respeto a los Derechos Humanos (DD.HH).

"Existe una distinción entre estos conceptos. La RSE se ha transformado en una modalidad donde las empresas han logrado impulsar sus inversiones en contextos adversos. Han comprado consciencias, cortado comunidades y no les han permitido definir su propio proyecto", dice Aylwin.

De los casi 390 mil trabajadores de La Araucanía, 5.900 poseen empleos forestales.

434.185 hectáreas de La Araucanía son destinadas a plantaciones forestales. En tanto, existen 937.312 hás. de bosque nativo.

Un 4% de las plantaciones forestales pertenecen a pequeños propietarios, lo que equivale a 87.996 hectáreas.

El Banco Central dio a conocer ayer los resultados de su encuesta sobre créditos bancarios del cuarto trimestre del 2013, el que reveló que el 25% de los bancos ha fijado condiciones más restrictivas para la entrega de los créditos de consumo.

De acuerdo con el informe, un 17% de los bancos encuestados reporta condiciones más restrictivas para la oferta de créditos a empresas constructoras y también a lass inmobiliarias, si bien un 83% informa que la oferta no presenta cambios con respecto a lo registrado el trimestre anterior.

Respecto de los créditos conferidos al resto de las empresas, la totalidad de los bancos reporta condiciones sin cambios para las pymes y sólo un 6% reporta condiciones de tipo más restrictivas para el segmento de grandes empresas.

Por otro lado, un 25% de los bancos encuestados ha fijado condiciones más restrictivas en la oferta de créditos de consumo, lo que fue atribuido por las entidades consultadas principalmente a un mayor riesgo percibido en esta cartera y, en menor medida, a los efectos que se podrían derivar de las modificaciones al entorno de tipo regulatorio.

En el caso de los créditos hipotecarios, el 100% de los bancos informó que no reporta cambios respecto del periodo anterior.

Para un 19% de los bancos, la demanda por créditos de consumo se percibe más débil respecto del trimestre anterior. Sin embargo, un porcentaje similar percibe un fortalecimiento de la demanda por este tipo de créditos. Un 8% percibe un debilitamiento en la demanda por créditos hipotecarios.