Tania Márquez
Una dura crítica a la justicia militar y la acción de Carabineros para resolver las denuncias por violencia innecesaria contra el pueblo mapuche realizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Temuco, INDH.
De acuerdo a los antecedentes presentados ayer sobre el "Estudio exploratorio Estado de Chile y Pueblo mapuche; análisis de tendencias en materia de violencia estatal en La Araucanía", da cuenta que en el país entre los años 1990 y 2011 se realizaron un total de 18.967 denuncias por violencia policial, presentadas ante los Tribunales de Justicia Militar, con un promedio anual de 520 casos.
La Araucanía concentra un 29% de estas denuncias en 5 regiones de la zona sur, siendo la zona central las que tiene mayores denuncias.
En ese marco es que en el estudio se entregó una radiografía a las investigaciones administrativas por parte de Carabineros por denuncias contra el pueblo mapuche, donde se puede dar cuenta que se efectuaron un total de 62 reclamos, en contra de personal uniformado por su eventual responsabilidad en abusos y apremios contra personas mapuches.
Los resultados son claros, y en ellos se puede constatar que sólo 8 de estos reclamos fueron indagados por la justicia militar y en sólo uno de ellos se estableció responsabilidades por parte de un funcionario y la correspondiente sanción.
Dos de estas 8 denuncias fueron elevadas a sumarios y las 6 restantes fueron investigaciones administrativas, entre las que cuentan la muerte de Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío.
En el informe, que estará disponible en papel desde marzo de este año, se concluye que "se entregan algunas señales preocupantes respecto a la cultura institucional y valores que están siendo promovidos por los y las oficiales al mando, así como las autoridades políticas responsables. En la medida que las malas conductas no son debidamente investigadas, corregidas, prevenidas y tratadas con transparencia, se valida la cultura de secretismo y lealtad corporativa por sobre la integridad de la función pública y el apego al Estado de Derecho", da cuenta en el informe.
Con respecto a las acciones de amparo y protección, en el informe también se da cuenta que sólo un 30% de las acciones de protección fueron admisibles y casi todas ellas fueron deducidas sin asistencia letrada.
Ante ello el INDH declaró que "ve con inquietud las dificultades que tienen las personas mapuche para llevar y probar sus casos ante la justicia".
Junto con ello, en el informe es posible constatar, a través de voces de actores institucionales y miembros de comunidades mapuches, que el problema no es exclusivamente de violencia sino que tienen raíces históricas en una demanda no resuelta por el estado.
Sobre ello, el director de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales Claudio Fuentes aseguró que en una parte del estudio, y tras una serie de entrevistas, efectivamente se pudo concluir que hoy el pueblo mapuche se siente discriminado en el tema de la justicia.
"Por parte de las comunidades hay una percepción de impunidad muy fuerte y un abuso constante que es histórico, que no viene de ahora sino de la Pacificación y que es un problema del Estado de Chile con el pueblo originario", dijo.
Al respecto Silvana Lauzan, jefa de la unidad de estudios del INDH, aseguró que lo más grave de este estudio es la persistencia de la violencia como patrón en la Región, así como una respuesta de los tribunales de justicia débil.
"Lo que demuestra el estudio es que las denuncias no disminuyeron sino que aumentaron y, por otro lado, en la respuesta por parte de los tribunales militares existe una disminución en las sentencias condenatorias. Es decir, el Estado chileno tiene una deuda histórica en relación a cómo dan respuesta a las demandas tanto territoriales y que el Estado chileno en su conjunto debe abordar más allá de lo que sale en la prensa", agregó.
De acuerdo a lo que explicó Lauzan, lo que hay que hacer es conceder ciertos ámbitos de autonomía y responder las demandas de los pueblos mapuches.
"La violencia es consecuencia de una falta de diálogo político entre los distintos actores con sus grados, para entender las demandas y vías de construcción social", dijo.
