Contraloría ordena a cores devolver el dinero mal rendido durante su gestión
Hugo Oviedo
La Contraloría General de La República ordenó a ocho miembros del Consejo Regional (Core) de La Araucanía devolver el dinero mal rendido durante su gestión, tras detectar una serie de irregularidades en el seno del Gobierno Regional (Gore).
La investigación especial es distinta a la que lleva adelante el Ministerio Público en contra de los consejeros regionales (cores) Manuel Aravena, Jeannette Jara, Luis Alvial y Jorge Fernández.
Según establece el informe final (34/2013) elaborado por María Angélica Rodríguez, Agustín Nowajenstu y Rodrigo Roa, el Gore otorgó anticipos a algunos cores, "aún cuando estos mantenían cuentas sin rendir".
Esto contraviene el reglamento de funcionamiento que posee el Core aprobado en el año 1993 y que señala que "mientras no realice esta rendición, no podrá recibir nuevamente fondos por rendir por parte del servicio administrativo del Gobierno Regional", cuestión que no fue respetada.
Es por eso, que la Contraloría decidió iniciar un sumario para establecer las responsabilidades administrativas de aquellos funcionarios que permitieron que ocurrieran estos hechos.
El informe fue evacuado el pasado 31 de diciembre de 2013 con la firma del contralor regional, Ricardo Betancourt y fue enviado al intendente regional, Andrés Molina, al secretario ejecutivo del Gore y al Departamento de Auditoría Interna.
Dentro de las 14 conclusiones que posee la investigación especial, -que se enmarca dentro del plan anual de fiscalización de la Contraloría y que corrobora parte de la investigación formalizada que lleva la Fiscalía- se cuestiona la rendición que efectuaron cuatro cores en viajes al extranjero.
Concretamente la Contraloría solicita a los cores Gonzalo Llanos, Claudio Cárcamo, Marcelo Poveda e Hilario Huirilef reintegrar los recursos obtenidos para viajar a la Feria Internacional de Turismo (ITB) en Berlín (Alemania).
"El servicio deberá requerir el reintegro de los recursos recibidos indebidamente por los consejeros regionales señores Gonzalo Llanos Monteiro, Claudio Cárcamo Órdenes, Marcelo Poveda Lavado e Hilario Huirilef Barra, según corresponda, informando documentadamente de ello a esta Contraloría Regional en un plazo no superior a 30 días contado desde la recepción del presente informe", dice la conclusión número 7.
Según el cálculo de la Contraloría por este viaje a Alemania en 2012, más una Misión Internacional a Europa en 2011, los consejeros (un total de 9) recibieron como anticipo $17 millones 62 mil pesos. De estos, sólo lograron respaldar en gastos la suma de $7 millones 82 mil pesos.
Otro de los puntos que cuestiona el ente contralor es el anticipo de recursos para la asistencia a reuniones de la Asociación Nacional de Consejeros (Ancore) y solicita el reintegro de los dineros en menos de 30 días. Estos recursos ascienden a $3 millones 256 mil pesos, entre octubre 2012 y abril de 2013.
"El Gobierno Regional deberá ordenar el reintegro de los gastos por asistencia a reuniones de la Asociación Nacional de Consejeros, Ancore, que no se ajustan a lo prescrito en el artículo 39, de la ley N" 19.175, y lo manifestado en el dictamen N" 9.751, de 1996", señala el texto.
Además, en la conclusión número 11 solicita al core, Jorge Fernández devolver los recursos asignados por concepto de alojamiento, alimentación y traslados, ya que la Contraloría estableció que la dirección que entregó en la comuna de Angol, se encuentra el edificio de la Gobernación de Malleco, que está en construcción.
Similar situación ocurre con el core, Luis Alvial que establece una dirección en Gorbea, donde reside otra propietaria hace más de tres años y y "desconoce que el citado consejero haya ocupado con antelación dicha casa habitación", señala el informe.
Por su parte, en la conclusión 13, la Contraloría solicita a los cores Henry Leal y Manuel Aravena retornar los dineros mal rendidos de un viaje al extranjero. "Sobre rendiciones de cuentas con presuntas irregularidades en el cambio de moneda y boletas aparentemente adulteradas, el servicio deberá requerir el reintegro de las sumas indebidamente percibidas por los señores Henry Leal Bizama y Manuel Aravena Saavedra".
A éste último también se le cuestiona un anticipo rebajado por una suma de $1 millón 24 mil pesos, que deberá terminar de rendir, sino también deberá devolver el dinero en un plazo máximo de 30 días.
Incluso, la Contraloría es clara en señalar que si estos recursos públicos no son rendidos a cabalidad o no son devueltos en un plazo de 30 días hábiles iniciarán acciones civiles en contra de las personas involucradas.
"En caso que no se acredite debidamente el gasto efectuado, o el servicio no acredite el reintegro de los valores observados, según corresponda, este organismo de control procederá a formular el reparo pertinente, tendiente a hacer efectiva la eventual responsabilidad civil de las personas involucradas", dice la conclusión número 14.
Finalmente, el Gobierno Regional deberá emitir un "informe de observaciones" en un plazo máximo de 30 días hábiles "indicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos".
Uno de los cores (electos) aludidos, Hilario Huirilef señaló brevemente ayer que desconoce el informe de la Contraloría, pero que tras dejar su cargo dejó todos sus gastos rendidos "y nadie objetó nada".
Por su parte, el consejero Manuel Aravena no quiso referirse al tema y señaló que entregará una versión por escrito. Este medio intentó conversar con otros cores aludidos en el informe, pero no se obtuvo una respuesta positiva.
Igual situación ocurrió con el intendente, Andrés Molina que ayer no quiso emitir un juicio sobre el lapidario informe de la Contraloría General de La República.