Cuesta comprender qué satisfacción puede encontrar alguien al quemar un bosque y amenazar la vida de quienes viven en sus alrededores.
Los medicamentos son ampliamente utilizados en la población para el tratamiento de las enfermedades, su prevención y también con fines diagnósticos. Su utilidad está ampliamente demostrada y es generalemente la primera opción cuando se nos presenta un problema de salud. Sin embargo, muchos consideran a los medicamentos como un bien de consumo más regulado por el mercado y no como un bien social.
La nueva Ley de Fármacos aprobada en el Senado es un paso adelante para asegurar el uso adecuado de los medicamentos en la población, pero a la vez implica un cambio cultural, un reenfoque de la farmacia privada asignando un rol más activo al químico farmacéutico como profesional de la salud.
Esta normativa permitirá un mejor acceso a los medicamentos, por lo cual las farmacias privadas deberán contar con un petitorio mínimo obligatorio que incluye los medicamentos bioequivalentes, no pudiéndose negar a los pacientes lo que necesitan. En tanto, la Central Nacional de Abastecimiento, Cenabast, tendrá más herramientas legales para adquirir medicamentos, en caso de desabastecimiento, urgencia, y/o inaccesibilidad de un fármaco en particular, pudiendo incluso solicitar el registro provisional en el Instituto de Salud Pública, ISP, para los fines correspondientes; se abre la posibilidad de farmacias móviles y de venta al público en el servicio público en zonas extremas. La pregunta es entonces, ¿estas instituciones están preparadas para el cambio?
Un punto favorable es que solamente se permite la venta de medicamentos sin receta en góndolas en las farmacias. Asimismo, deben estar a la venta en un recinto de salud (la farmacia debe considerarse como tal), donde exista un profesional capacitado para educar y ayudar a tomar la mejor decisión.
La prescripción de los medicamentos, facultad de pocos profesionales de la salud, principalmente del médico cirujano y del cirujano dentista, deberá adaptarse a estos cambios. Los facultativos deberán considerar la existencia de los medicamentos bioequivalentes. Este último punto resultará dificil de implementar de manera segura. Nuestras farmacias privadas no cuentan con la infraestructura necesaria para realizar el fraccionamiento ¿Están dispuestas las farmacias a hacer esta inversión? ¿Quién asumiría estos costos? ¿Existe la capacidad de fiscalización? El fraccionamiento debe ser un procedimiento que asegure la calidad y efectividad del medicamento y requiere de la supervisión profesional de un químico farmacéutico. Esta nueva ley es un avance, la efectividad de estos cambios deberá ser evaluada en el futuro.
académica
de la Universidad San Sebastián