Como un "milagro de San Sebastián" calificaron los habitantes de Puerto Saavedra la escapada que tuvieron los pasajeros de un microbús accidentado. La máquina se tumbó de costado aprisionando a los 56 pasajeros que iban en su interior los que debieron escapar por los vidrios ante la posibilidad que el bus se incendiara.

Dos menores ingresaron a una vivienda luego de corroborar que no había moradores y, en el lugar procedieron a sustraer diferentes especies de valor desde los dormitorios avaluados a un millón de pesos además de diversas joyas. Los menores fueron derivados al Juzgado de Menores donde se determinará si actuaron con discernimiento.

El Presidente dijo que enviará un proyecto de ley para el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Nueva agenda política incluye creación de un consejo consultivo de los pueblos indígenas que sea representativo. Ex director de Conadi dijo que debe contener el reconocimiento de derechos colectivos y autodeterminación.

Replicando un escenario parecido a lo que se vivió en los últimos meses del año pasado, el Consejo Regional (Core) de La Araucanía ha vuelto a aparecer en el tapete noticioso por irregularidades en la rendición de gastos de parte de algunos de sus integrantes. El primer episodio de este tipo, que llevó al Ministerio Público a formalizar a cuatro de sus actuales miembros después de sucesivos intentos en tribunales, ya había arrojado un manto de duda en la opinión pública acerca de la prolijidad en que incurren algunos de estos funcionarios públicos a la hora de administrar recursos que son, valga la redundancia, públicos y no privados, y que como tales, se encuentran bajo la mirada fiscalizadora de la ciudadanía.

El nuevo capítulo surge luego de una investigación de la Contraloría Regional que aunque es diferente de las materias que pequisa la Fiscalía en el caso de los cuatro formalizados, establece un abierto relajo en las formas administrativas, responsabilidad que no recae sólo en los aludidos consejeros, sino que también sobre el equipo administrativo del Gobierno Regional encargado de visar las rendiciones de gastos. Se trata de una materia especialmente sensible en momentos en que la opinión pública exige a sus representantes un adecuado manejo de los caudales públicos y transparencia.

Tratándose del segundo episodio de estas características que se conoce con pocos meses de desfase, llama la atención el aparente nivel de desprolijidad que hay en la administración de dineros públicos para su uso personal de parte de quienes, paradójicamente, tienen la responsabilidad de discutir y asignar los fondos para una serie de proyectos financiados con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Esto es relevante si se considera que el Core cambiará radicalmente a contar del 11 de marzo de este año, cuando asuman los nuevos integrantes (algunos ya conocidos) tras ser elegidos democráticamente en diciembre pasado, y además con nuevas funciones.

De ese próximo Core se debiera esperar, qué duda cabe, un mejor desempeño en este tipo de asuntos.

Mis declaraciones a este diario, en las que me refiero a las responsabilidades por los graves actos de extrema violencia que ocurren en la Región, han generado una polémica con dirigentes de los agricultores. Como una contribución al debate debo recordar que en julio de 2005 el Senado, por iniciativa del suscrito, aprobó un informe de la Comisión de Constitución sobre el orden público y la seguridad ciudadana en La Araucanía en el que, en síntesis, "se pone de manifiesto la profunda preocupación por la grave alteración a la vigencia del principio de la seguridad jurídica con motivo de las acciones reiteradas de violencia en perjuicio de sus habitantes, quienes viven atemorizados de ser víctimas de hechos delictuales de igual naturaleza sin contar con el amparo oportuno que les garantice su seguridad y la protección de sus familias".

Ocho años después siguen los incendios intencionales, destrucción de maquinaria, galpones y viviendas, atentados en contra de agricultores, campesinos, trabajadores del transporte e incluso el brutal asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay.

Frente a hechos de esta gravedad hay distintas responsabilidades. La pregunta es, ¿en quiénes radican las de mayor relevancia? Esto para intentar que cambien de actitud y así lograr un acuerdo básico que nos permita erradicar la violencia.

Algunos de los agricultores responsabilizan fundamentalmente al Gobierno y de pasada a los parlamentarios de la Alianza. En mi opinión esto es injusto e incorrecto. Veamos. El Gobierno ha invertido más de $7 mil millones para 600 policías adicionales, más medios materiales y de tecnología de inteligencia, ha interpuesto querellas en todos los casos y ha ido en ayuda, dentro de lo que la ley permite, de más de 300 víctimas. Ha fortalecido la inteligencia policial, debilitada durante los gobiernos anteriores.

Los parlamentarios de RN hemos impulsado proyectos de ley para dar más facultades de investigación a los fiscales y a las policías, y permitir el control preventivo de identidad en las zonas de mayor intensidad delictual, como existe en la mayoría de los países.

Estas iniciativas legales han sido sistemáticamente rechazadas por los parlamentarios de la oposición, que cuentan con la mayoría en ambas cámaras para bloquearlas. Por su parte, los jueces, que son inamovibles, exigen tan altos estándares de pruebas de estos delitos que simplemente hacen imposible las condenas. El resultado es la impunidad de los delincuentes.

Entonces, las responsabilidades no son iguales y es útil que la ciudadanía sepa distinguirlas, ya que en democracia cada cual debe hacerse cargo de las propias y la gente tiene derecho a exigirlas.

senador por La Araucanía