En la segunda sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, se efectuará mañana a las 8.30 horas, una audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre Celestino Córdova Tránsito, único imputado en el ataque incendiario que afectó al matrimonio Luchsinger Mackay en enero de 2013.

Entregando fundamentos culturales, por su condición de machi y de mapuche, ambas aristas establecidas como convención probatoria en la preparación de juicio oral del imputado, y atendiendo el plazo transcurrido de prisión preventiva de un año, es que abogados del Centro de Investigación y Defensa Sur solicitaron esta revisión de medida cautelar.

Karina Riquelme, defensora penal privada y abogada del organismo citado, explica que están requiriendo que se otorgue arresto domiciliario para Córdova.

"Todo esto a raíz del transcurso del tiempo, porque no puede la prisión preventiva transformarse en una pena anticipada. Además se trata de una persona que es machi y mapuche, eso no es controvertido por ninguno de los intervinientes y en su condición de autoridad ancestral tradicional y la necesidad de encontrarse en directo contacto con la tierra, es que solicitamos la audiencia al tribunal", puntualizó Riquelme.

La decisión está en manos de los jueces Luis Sarmiento, quien preside la segunda sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, Gonzalo Garay y Óscar Viñuela.

La resolución de la audiencia fue comunicada por correo electrónico a los intervinientes, oficiada a Gendarmería para el traslado del imputado y notificada personalmente al acusado.

El próximo 3 de febrero comenzará en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco el proceso en contra del machi Celestino Córdova.

El imputado arriesga presidio perpetuo calificado por la muerte de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, hecho registrado en enero de 2013. Además, por el atentado al fundo Santa Isabel - en diciembre de 2012 - la fiscalía pidió 36 años.

Karin Antilef

Desconocimiento existía en los partidos políticos de la Región del informe que emitió la Contraloría General de la República sobre ocho miembros del Consejo Regional (Core) y las irregularidades que se presentaban en rendiciones que se efectuaron durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013.

Según establece el informe, los consejeros Manuel Aravena (DC), Henry Leal (UDI), Luis Alvial (PPD), Jorge Fernández (PS), Gonzalo Llanos (DC), Claudio Cárcamo (RN), Marcelo Poveda (DC) e Hilario Huirilef (PPD), presentan irregularidades en sus rendiciones ya sea para viajes al extranjero, traslados en la Región y anticipos para asistencia a reuniones de la Asociación Nacional de Consejeros.

En un plazo de 30 días, contado de la recepción del informe, evacuado el 31 de diciembre, los consejeros regionales deben esclarecer la situación, de lo contrario, la misma Contraloría iniciará acciones civiles en contra de los involucrados.

A pesar de que la gran mayoría de partidos políticos presentes en la Región, cuentan con algún representante cuestionado, existía un completo desconocimiento sobre el tema.

Mario Venegas, presidente del partido Demócrata Cristiano (DC) de la zona norte de La Araucanía, dijo desconocer el informe, pero fue enfático en señalar que no se avalarán ningún tipo de irregularidades.

"Este tipo de situaciones debe investigarse a la par que en Contraloría, para corregir las anomalías detectadas. La gente que tenga conductas que se aparten de lo legal, deberá estar disponible a corregir sus actuaciones y a hacerse cargo de las consecuencias que de eso se deriven", argumentó.

Ricardo Celis, presidente regional Partido por la Democracia (PPD) dijo que se reunirán a la brevedad con los consejeros mencionados en el informe de Contraloría, porque hasta ahora desconoce en su totalidad las irregularidades que se presentan en él.

"Los consejeros de partido que presentan irregularidades deben aclarar su situación pronto, entiendo que es un tema administrativo que sucedió hace mucho tiempo y extraña que antes no se les haya solicitado su rendición y haya aparecido por esta investigación", puntualizó.

Agregó que "hay que ajustarse a los procesos administrativos porque cuando uno en su calidad de autoridad realiza un viaje al exterior o requiere de dineros para movilización, está utilizando el dinero de los contribuyentes, por lo tanto tiene la obligación de rendirlos y de generar la claridad absoluta sobre lo que generó ese gasto", dijo Celis.

El representante del PPD, dijo que - al igual que el caso de Luis Alvial que desde octubre tiene suspendida su militancia en el partido por una investigación que efectúa el Ministerio Público por obtención fraudulenta de prestaciones estatales - Hilario Huirilef podría arriesgar la misma sanción, de existir la imputación de un delito.

Mientras que Mario Venegas de la DC dijo que de comprobarse este tipo de irregularidades, el partido decidirá qué hacer con los tres consejeros regionales involucrados. "Debemos tener una resolución contundente de la Contraloría, para tomar medidas al respecto", argumentó.

No fue posible contactar a los otros presidentes de partidos de la Región. Por su parte, el intendente Andrés Molina no se ha referido al informe emitido por Contraloría.

El Gobierno Regional tiene un plazo de 30 días hábiles para emitir un Informe de Estado de Observaciones "indicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivo".