Cerca de la medianoche del 22 de diciembre de 2012, un grupo de encapuchados armados ingresó al fundo Santa Isabel de Lautaro, propiedad del agricultor Pío Seco, donde procedieron a reducir, golpear y maniatar a seis personas que se encontraban en el lugar.

Esa noche, junto al dueño de casa se encontraban su esposa, María Isabel Fourcade Carmine, su hija Marcela Seco Fourcade, el cónyuge de ésta, Juan Pablo Serra Danke y dos asesoras del hogar identificadas como Berta Cea Arias y Guadalupe Urrutia Urrutia.

Todos ellos fueron reducidos a golpes y maniatados. Luego de esto el grupo sustrajo del inmueble dos teléfonos celulares y ocho armas de fuego y con elementos acelerantes procedieron a prenderle fuego al inmueble.

Luego de esto, el grupo se acercó a tres vehículos que se encontraban estacionados en el lugar y procedieron a rociarlos con acelerantes para prenderles fuego. Los móviles quedaron completamente destruidos y el grupo se dio a la fuga.

Según la acusación fiscal, Celestino Córdova Tránsito participó en todo momento del ataque y es reconocido por las víctimas que declararán en el juicio.

Para la Fiscalía en este hecho se configuran tres delitos: incendio de casa en lugar habitado, en carácter de terrorista; robo con violencia; e incendio de bienes muebles (vehículos). Por estos ilícitos el Ministerio Público está solicitando en total una pena de 36 años.

"Nosotros esperamos que sea condenado Celestino Córdova como autor de los dos hechos que se van a resolver en ese juicio. El atentado contra la familia Seco-Fourcade y el incendio y asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay", dijo ayer el abogado penalista del Gobierno, Luis Hermosilla.

La madrugada del 4 de enero de 2013, un grupo de desconocidos ingresó hasta el fundo Granja-Lumahue de Vilcún. Al interior de la casa patronal se encontraba el matrimonio de ancianos Werner Luchsinger (75) y Vivian Mackay (69).

Según la acusación de la Fiscalía los individuos -entre ellos, Celestino Córdova- comenzaron a disparar a la vivienda agrediendo a los propietarios. Ante ello Werner Luchsinger repelió el ataque haciendo uso de su arma de fuego una pistola marca Browning calibre 7.65 milímetros "logrando herir a la altura del tórax al imputado".

Luego de esto el grupo procedió a rociar la casa con elementos acelerantes y posteriormente prenderle fuego, dejando al matrimonio de agricultores en su interior, quienes fallecieron carbonizados, según consta en los peritajes del Servicio Médico Legal.

Antes de perder la vida, Vivian Mackay efectuó dos llamados telefónicos pidiendo ayuda. El primero de ellos a su hijo Jorge Luchsinger quien demoró 7 minutos en llegar a la casa en llamas. El segundo al nivel 133 de Carabineros, quienes al concurrir al lugar lograron la detención del machi herido.

"Celestino Córdova se encontraba a dos kilómetros de los hechos y el único peritaje de la Fiscalía que lo ubica en el lugar, nosotros lo excluimos como prueba por infracción de garantías. Tenemos pruebas de que no fue esa bala, porque debió dejar restos de níquel, que Celestino al momento de ser detenido no tenía", dijo ayer la abogada Karina Riquelme.

Consultada sobre la razón por la cual terminó herido a bala, la abogada se remitió a contestar que el imputado "mantiene su derecho a guardar silencio", enfatizó.

El abogado de la familia Luchsinger-Mackay, Carlos Tenorio señaló ayer que están confiados en que se hará justicia y "lo que se pide y se espera es la cadena perpetua efectiva, 40 años mínimo", subrayó.

"Es complejo para ellos tener que revivir todo esto, pero es un paso indispensable para el desarrollo del juicio, pero están con buena disposición, pese a la dificultad anímica que representa", puntualizó Tenorio.

Para el próximo martes 28 de enero quedó fijada la audiencia de alegatos en el Tribunal Constitucional, luego que el abogado defensor del machi Celestino, Pablo Ortega ingresó un requerimiento de inaplicabilidad, ya que a su juicio se estarían violando garantías constitucionales del acusado. Lo anterior, en base a la aplicación de la Ley Antiterrorista en concurso con el delito de incendio con resultado de muerte, cuya pena mínima parte en el presidio perpetuo calificado (recién al cumplir 40 años de cárcel puede pedir beneficios extra carcelarios) lo que no permitiría la reinserción social del imputado. "A todas luces es desproporcional, ya que no puede ser que como pena mínima vas a estar toda la vida en la cárcel", dijo ayer la abogada Karina Riquelme. Ésta última explicó que si el Tribunal Constitucional declara admisible el requerimiento, de forma inmediata se suspende el juicio programado para el 3 de febrero.