Nuestra Región tiene casi un millón de hectáreas de suelos arables y sólo 60 mil hectáreas regadas, muchas de las cuales han sido incorporadas al riego a través de canales construidos hace más de 30 ó 40 años. Esto significa que en varias décadas no se han realizado inversiones mayores de riego en la zona y que, por lo tanto, nuevamente una generación completa no ha podido regar en La Araucanía. Y no estamos hablando de proyectos intraprediales, sino de obras de envergadura que beneficien a toda la agricultura regional, incorporando a más agricultores que cambien de secano a riego. Ello se traduce en una agricultura más moderna, más productiva, más competitiva y más rentable, a la que puedan ingresar nuevos emprendedores y nuevos rubros.

Según los antecedentes recopilados, además de la falta de una construcción mayor y la escasa administración del agua lluvia, existe otro antecedente a considerar: en esta región los cauces están agotados (derechos superficiales permanentes) y si alguien quiere regar, no existen derechos disponibles, porque ya fueron entregados y asignados.

El impulso inicial del riego en la Región provino del emprendimiento de particulares, que con tremendos esfuerzos y visión se lanzaron en estas aventuras, arriesgando buena parte de sus patrimonios, convencidos en los beneficios de estas megaobras. Posteriormente el Estado continuó construyendo obras relevantes, por nombrar algunas, el canal Pillanlelbún, el Imperial y el Allipén.

Algunos canales de riego están abandonados, sin uso, sin mantención, debido a múltiples factores, desde los técnicos hasta los económicos y políticos, pero se necesita una respuesta. Los agricultores han esperado por años, pacientemente, soluciones a la falta de agua de riego.

De ahí el llamado a no dejar pasar más el tiempo y, por cierto, el agua. Con proyectos no regamos y por eso se requiere de un plan regional de embalses, que permita suplir el atraso en riego y enfrentar de mejor manera los fenómenos climáticos como la sequía, intervenir los ríos con pequeñas obras de infraestructura, hacer mantención a los canales actuales y porqué no, aumentar sus aguas.

director de la Sofo

Sorpresa provocó en la comunidad regional, pero sobre todo en las comunas de Curacautín, Lonquimay, Lautaro y Victoria, la disposición argentina que a partir del próximo 16 de marzo impedirá el paso de camiones con carga de sustancias peligrosas por el paso internacional Cardenal Samoré, en la zona de Osorno, obligando a su traslado por el paso Pino Hachado, en La Araucanía. La decisión, avalada por la Subsecretaría de Transporte Automotor de Argentina, pretende proteger a la localidad trasandina de Villa La Angostura de los peligros que reviste el tránsito de material riesgoso, considerando el carácter de Reserva de la Biósfera que detenta y que, de paso, ha potenciado sus atractivos turísticos a nivel internacional.

Si bien es plausible la intención argentina de resguardar el innegable activo medioambiental del citado sector, que por lo demás le ha valido un explosivo crecimiento turístico, la disposición provoca en el lado chileno el mismo problema que allá se quiere solucionar, pues desde marzo, de no mediar un cambio, los camiones cargados con sustancias peligrosas pasarán ahora por la Reserva Nacional Malalcahuello, emplazada entre Curacautín y Lonquimay. Desde la Coordinación de Pasos Fronterizos de Malleco, además, se ha advertido que las condiciones geográficas de Pino Hachado son muy distintas con las de Cardenal Samoré, pues su mayor altura deriva en su cierre cuando el mal tiempo se ensaña con los parajes cordilleranos.

Lo preocupante es que la decisión argentina parece haber tomado por sorpresa al Gobierno de Chile, habida cuenta que al menos a nivel regional se desconocía la inminencia del cambio y el impacto que tendrá, por ejemplo, en el Túnel Las Raíces, donde lo limitado de su ancho ya será de por sí un problema para el tránsito de camiones con sustancias peligrosas. En aras de una colaboración chileno-argentina que se ha estrechado en los últimos años, era al menos razonable que se hubiera informado de la resolución a los órganos nacionales competentes para determinar, antes, sus pro y sus contra, considerando que tanto allá como acá hay sitios que proteger.