Hugo Oviedo

"Existen en Chile un millón 300 mil causas criminales al año y en el último año sólo un proceso se ha sustanciado en contra de una persona mapuche por delitos contemplados en la ley 18.314 (Antiterrorista)".

Con estas palabras, el ministro de Justicia (s), Juan Ignacio Piña respondió a las obervaciones de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista a indígenas.

Este tema fue abordado de forma extensa por la delegación chilena que viajó hasta Ginebra (Suiza) y que ayer dio a conocer el cumplimiento de los DD.HH. en el segundo Examen Periódico Universal (EPU) de nuestro país.

El caso a que hizo referencia el secretario de Estado es el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, donde el único detenido, Celestino Córdova Tránsito es acusado por delitos terroristas.

"Lo queremos dejar en claro, es que la aplicación de la Ley Antiterrorista en Chile es eminentemente excepcional", enfatizó el ministro Piña frente a los delegados de EE.UU y Canadá que hicieron obervaciones sobre el hecho.

Según datos del Ministerio de Justicia desde el año 2009 se ha invocado en el país, en 42 ocasiones la legislación especial y sólo en 8 de ellas se ha referido a hechos acaecidos en la Región de La Araucanía.

"Es decir, en un porcentaje muy reducido que puedan vincularse a nuestros pueblos indígenas", puntualizó el representante de la delegación chilena y recordó que la Ley Antiterrorista ha sido revisada en cuatro oportunidades desde el retorno a la democracia.

Quien también viajó a Suiza, -pero no como miembro de la delegación- fue el vicepresidente de Enama, Pedro Cayuqueo y cuestionó los descargos del Estado chileno sobre la situación de los DD.HH. de los pueblos indígenas y recordó lo establecido por el relator de la ONU, Ben Emerson.

El periodista dijo que "en Chile se usa la Ley Antiterrorista para perseguir la protesta social mapuche. Lo constató el relator de la ONU, Ben Emerson", escribió en la red social.

Además, añadió que "un camión quemado al norte del Biobío es delito común y al sur del Biobío es "terrorismo". Ello es discriminación étnica", recalcó Cayuqueo.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda quien encabezó la delegación chilena en la ONU, destacó la ratificación del Convenio 169 de la OIT y reconoció que "Chile está consciente de su deuda histórica con los Pueblos".

"La ratificación del Convenio 169 de la OIT en 2008, ha permitido profundizar la participación y protagonismo de las comunidades indígenas. Estamos trabajando para crear más espacios de diálogo y una efectiva participación", sostuvo Baranda.

Según el secretario de Estado, Chile ha implementado más de 43 consultas en las más variadas materias, considerando proyectos legislativos como también medidas administrativas y proyectos de inversión.

A su juicio, una de las más relevantes se refiere al procedimiento, etapas y materias de una consulta, la que una vez establecida y aplicada permitirá -dijo- alcanzar una sociedad multicultural que cuente con un reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas; con la creación de un Consejo de los Pueblos Indígenas; y con una nueva institucionalidad que ejecute las políticas referidas a los pueblos indígenas.

En la cita internacional, Baranda se reunió con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, con el director general de la OIT, Guy Ryder y también con la directora mundial para la Aplicación del Convenio 169 de la OIT.

El primer examen rendido por Chile en esta materia se efectuó en el año 2009 y uno de sus primeros efectos fue la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cuya presidenta, Lorena Fries participó ayer de la instancia.

"Uno de los aspectos positivos que va a mostrar el Estado es la creación del Instituto como órgano autónomo, que ha representado a los distintos poderes la situación deficitaria y los pasos a avanzar en esta materia", dijo Fries.

Entre las observaciones que fueron respondidas por la delegación chilena destaca la creación de la Ley Zamudio, que combate todo tipo de discriminación; y la creación de la subsecretaría de Derechos Humanos, en etapa legislativa en el Congreso Nacional.

Los Estados miembros hicieron observaciones sobre la situación de la tortura en Chile y avanzar en la despenalización del aborto, según los tratados internacionales.

Una masiva despedida tuvo ayer el ex gobernador de Malleco, Rubén Quilapi (PS), quien falleció a los 44 años de edad, tras un cáncer fulminante que sorprendió a su familia, amigos y al mundo político regional.

El féretro fue sacado a eso de las 10 de la mañana de ayer desde su hogar ubicado en la villa Jardines del Sol de Angol y trasladado hasta el Cementerio Parque del Recuerdo, donde se efectuó la ceremonia fúnebre.

Hasta ese lugar llegaron figuras emblemáticas de la Concertación y que en la actualidad suenan como posibles autoridades regionales del Gobierno de Michelle Bachelet.

Entre ellos, el ex alcalde de Temuco, Francisco Huenchumilla (DC), la ex seremi de Gobierno, Ximena Oñate (PS) y el concejal de la capital regional y presidente regional del PPD, Ricardo Celis.

Además, estuvieron en el funeral de Quilapi los ex consejeros mapuche ante la Conadi, José Santos Millao e Hilario Huirilef.

A estos se sumaron los alcaldes de Angol, Obdulio Valdebenito; de Renaico, Juan Carlos Reinao; de Lumaco, Alejandro Fuentes; y de Collipulli, Leopoldo Rosales.

Rubén Quilapi, de 44 años, falleció producto de un cáncer fulminante la madrugada del domingo. Quien fuera además subdirector de Conadi Sur, militó casi toda su vida en el Partido Socialista, luchó hasta el último momento por su vida y por las causas que encontraba justas para su comunidad.

Es por eso que más de 100 personas, en su mayoría militantes del PS recordaron la trayectoria política de Quilapi y cuestionaron que algunos dirigentes nacionales del conglomerado, no lo hayan apoyado en los momentos más difíciles de su vida.

A pesar de eso, el féretro de Quilapi lucía ayer una bandera mapuche y otra del Partido Socialista que confirma el compromiso social del ex gobernador. "Ha sido una pérdida dolorosa para el progresismo. Rubén fue un hombre público que siempre donde estuvo potenció el diálogo con las comunidades y también en la implementación de la Reforma Previsional, fue un gran apoyo", recordó el ex seremi del Trabajo, Marcelo Segura.