Altas expectativas se han cifrado en La Araucanía con el nombramiento del futuro intendente del Gobierno de Michelle Bachelet, quien asumirá la dirección del país en 35 días más. Tal como había sido adelantado en los círculos políticos de la Región, la designación recayó en el abogado temuquense Francisco Huenchumilla, militante de la Democracia Cristiana, con una vasta experiencia en el servicio público y que para muchos, Presidenta electa incluida, está llamado a buscar y materializar los necesarios puntos de acuerdo para el anhelado encuentro entre el pueblo mapuche, el Estado y la sociedad, según él mismo lo anunció a este diario en su primera entrevista como próxima autoridad máxima de La Araucanía.

Ciertamente, el cargo de intendente de esta Región debe ser uno de los más complejos de todo el país, dada la situación de conflicto que se vive acá y que se expresa, en parte, por los atentados incendiarios, y también por los índices de desarrollo que se exhiben en amplias esferas del quehacer local. La actual administración ha avanzado en solucionar, por ejemplo, la tasa de desempleo y el número de nuevos emprendimientos, pero el estado de la Región es tal que se requiere de un aceleramiento de los planes y medidas para acortar la brecha con el resto del país. En este punto no hay que olvidar, por ejemplo, que el actual Gobierno incumplió su promesa de enviar al Congreso Nacional un proyecto para impulsar una Ley Araucanía que precisamente atendiese esta disparidad que tanto afecta a este territorio tardíamente incorporado al Estado. Es difícil que en los próximos 35 días, con receso legislativo de por medio, el Ejecutivo haga lo que anunció a los pocos días del crimen de los Luchsinger.

El próximo intendente tendrá al frente un amplio abanico de tareas en las que la ciudadanía espera soluciones concretas. La situación de tensión por las reivindicaciones mapuches es una de ellas, pero no lo único, pues figuran también la contaminación del aire en Temuco y Padre Las Casas, el déficit hídrico y el desarrollo productivo. Una gran misión para un intendente que se sabe tiene llegada al nivel central.

Hace pocos días se aprobó el proyecto de ley que fortalece la probidad y transparencia en las municipalidades. Esta noticia es muy positiva y un paso muy importante en materia de mejorar la gestión municipal. La futura ley recoge muchas inquietudes que han sido planteadas por los municipios en los últimos años.

La norma introduce importantes cambios, generando una mayor profesionalización, al disponer que las cinco áreas más relevantes del municipio estarán servidas por funcionarios profesionales. Hasta la fecha, sólo algunas de ellas contaban con estos cargos y hay muchos casos en que esas unidades simplemente no existían. Ello permitirá mejorar la atención a los vecinos y la gestión municipal.

A modo de ejemplo, la norma impedirá que un concejal sea pariente cercano del alcalde, y éstos últimos estarán sometidos a un control efectivo, ya que se faculta a los tribunales electorales regionales para que, a instancia de los concejales, les impongan sanciones como amonestación, multa, suspensión del empleo y destitución cuando incurran en infracciones a las normas vigentes, para lo cual la responsabilidad del alcalde podrá hacerse efectiva hasta seis meses después de haber cesado en su cargo, imponiéndosele la obligación de confeccionar un acta de traspaso con toda la información de su gestión, la que podrá ser conocida por la comunidad.

A su vez, se transparenta la votación de los concejales y las razones de éstos para inhabilitarse o abstenerse. Asimismo, los concejales dispondrán de iniciativa para someter materias a conocimiento del concejo, en la medida que no tengan incidencia presupuestaria. Ello quiere decir que podrán incorporar puntos en la tabla de sesiones y no estar sólo lo que el alcalde decida.

La iniciativa regulará la contratación de una auditoría externa por el concejo cada vez que se inicia un ciclo alcaldicio, con el fin evaluar la situación financiera de la respectiva municipalidad. Finalmente, en otro ámbito, se faculta a las municipalidades, por el plazo de un año, y previo acuerdo de concejo, para celebrar convenios de pago por deudas por derechos de aseo, permitiéndoles condonar multas e intereses por dicho concepto.

Esta nueva ley sin duda mejorará con creces la gestión de los municipios y la profesionalización de sus funcionarios, permitiéndoles tener una mejor capacidad para enfrentar los escenarios actuales.

subsecretario de

Desarrollo Regional y Administrativo

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