Al menos nueve bomberos y miembros de la defensa civil fallecieron ayer al derrumbarse parte de un depósito de gestión y almacenaje de documentos perteneciente a la empresa estadounidense Iron Mountain que se incendió en Buenos Aires por causas que aún se desconocen.

Sergio Berni, secretario de seguridad argentino, dijo que además de las nueve víctimas -seis bomberos de la policía federal, un bombero voluntario y dos miembros de defensa civil-, siete personas que combatían las llamas sufrieron heridas "de consideración". El funcionario explicó que cuando los bomberos empezaron las tareas de extinción del fuego, una mampostería del depósito se derrumbó. Las llamas se extendieron en horas tempranas del día en el gran inmueble de una sola planta que pertenece a la empresa estadounidense Iron Mountain, con sede en Boston, que en su página web señala que ofrece entre otros servicios "soluciones integradas para los servicios financieros, como la gestión de archivos bancarios, archivos de crédito, tarjetas de firmas, archivos de cuentas comerciales, archivos de recursos humanos, archivos de hipotecas y pagarés". La compañía también gestiona y guarda información de organismos públicos y centros médicos.

La empresa dijo que "investigará la causa del incendio" y trabajará estrechamente con los investigadores argentinos "para comprender lo que pasó". La compañía indicó que el deposito siniestrado estaba equipado con un "sistema de detección de incendios" y otro de con "rociadores" para apagar las llamas. "Reconocemos que nuestros clientes tendrán preocupaciones y preguntas y estamos contactando a los que han sido afectados".

Agencias / M. González

Los expertos del Comité de los Derechos del Niño de la ONU criticaron ayer en muy duros términos la actuación del Vaticano en los casos de abusos contra niños y le exigieron llevar a cabo una investigación pública, en un informe presentado en Ginebra.

"El Comité está muy preocupado por el hecho de que la Santa Sede no ha reconocido el alcance de los crímenes cometidos, no ha tomado las medidas necesarias para abordar los casos de abusos y proteger a los niños, y ha adoptado políticas y prácticas que han llevado a que los abusos continuaran", denunció el grupo de expertos.

"La Santa Sede puso la reputación de la Iglesia y la protección de los responsables siempre por encima de los intereses de los niños afectados", aseguró la presidenta del Comité, Kirsten Sandberg.

Los responsables tienen que ser entregados sin demora a la Justicia, exigió el organismo, y pidió que se involucre a las víctimas y a los organismos de derechos humanos. También exigió que haya regulaciones vinculantes en el derecho canónico que protejan mejor a los niños en todas las instituciones católicas del mundo.

"Esperamos que la Santa Sede y su titular, el Papa Francisco, sigan nuestras recomendaciones", dijo Sandberg.

El Vaticano reaccionó molesto y acusó al Comité de "injerencia" en su doctrina. "La Santa Sede lamenta ver en algunos puntos de las observaciones finales un intento de interferir con la doctrina de la Iglesia Católica sobre la dignidad de la persona humana y el ejercicio de la libertad religiosa", indicó en un comunicado. Las autoridades religiosas añaden que están comprometidas "con la defensa y protección de los derechos del niño, en línea con los principios promovidos por la Convención de los Derechos del Niño y de acuerdo a la moral y valores religiosos de la doctrina católica".

Sandberg elogió las declaraciones de representantes del Vaticano que se comprometieron a activar a la Justicia en futuros casos de abusos, y subrayó que los responsables tienen que ser separados del trato con niños y no trasladados dentro de la Iglesia. También criticó que la Iglesia mantenga en secreto detalles sobre el alcance del problema.

El documento recoge las sugerencias del Comité tras una audiencia del 16 de enero en la que se trató el escándalo y en la que los representantes vaticanos subrayaron que se está actuando con total empeño contra estos casos.

Los expertos de la ONU exigieron indemnizaciones para las víctimas, tanto monetarias como en tratamientos terapéuticos u otras ayudas para superar lo sufrido en el pasado.

El Comité de los Derechos del Niño analiza el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. En este marco, el Vaticano se pronunció por primera vez de manera pública y amplia sobre los abusos en su seno.

El grupo también llamó a la Iglesia a involucrar a las víctimas y las instituciones internacionales de derechos humanos en el trabajo de la comisión vaticana que investiga los crímenes, creada en diciembre. Asimismo, a hacer públicas sus conclusiones, a dar a conocer los archivos secretos sobre los abusadores y sobre aquellos que los protegieron. Barbara Blaine, presidenta de la Red de Sobrevivientes de Abusos por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), dijo que el informe es "una llamada de atención" para que la justicia persiga a los curas pedófilos. "Ahora los funcionarios seculares tienen que seguir a la ONU e intervenir para proteger a los vulnerables, porque los dirigentes católicos o son incapaces o no desean hacerlo", aseguró.