Carlos Véjar

Con el relato de agricultores y líderes gremiales, que aseguraron sentir temor tras los ataques a la familias Luchsinger-Mackay y Seco-Fourcade, concluyó ayer la presentación de pruebas de la Fiscalía, tras ocho días de juicio oral contra el machi Celestino Córdova Tránsito (27).

El objetivo de la Fiscalía con estos testigos era dar cuenta de la sensación de inseguridad que existe en los sectores rurales de La Araucanía, lo que apunta a acreditar la calificación terrorista de los incendios al fundo Santa Isabel y Granja Lumahue.

Por ambos hechos el Ministerio Público pide penas de presidio perpetuo calificado y otras que suman en total 36 años de cárcel.

José Villagrán, representante gremial de dueños de camiones, entre Los Ángeles y Punta Arenas, declaró ante los jueces que desde 2006 a la fecha 94 camiones han sido atacados e incendiados en La Araucanía.

"Siempre hemos dicho que este no es un problema del pueblo mapuche, sino de los terroristas que actúan en la Región. Nosotros hemos sufrido mucho y esos terroristas nos tienen asustados", afirmó.

Además de dar cuenta de la pérdida de camiones, reconoció que los choferes trabajan con temor, en particular durante las noches.

"Los camioneros no tenemos nada que ver en lo que sucede actualmente en la Región, que lo único que ha significado es pobreza. Así cada día nadie quiere trabajar en la zona", precisó.

Respecto al pueblo mapuche en general destacó que "dentro de nuestro gremio hay choferes, soldadores, peonetas y otras personas que trabajan con nosotros. Ellos no están con la causa de los terroristas".

Gastón Caminondo, agricultor y presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (Sofo), reconoció que los hechos que se le acusan a Celestino Córdova, en particular el ataque a la familia Luchsinger, marcan una nueva arista en el conflicto de la zona, que tiene que ver con el temor de que ocurran homicidios en los ataques incendiarios.

"A raíz de todos estos hechos, y otros, la situación de la gente que vive en el campo ha cambiado. Si hace un tiempo atrás había temor de que quemaran la casa, bodegas u otra cosa, hoy el miedo es que ocurra un asesinato", sentenció.

Además del comentario en términos generales, respecto a lo que percibía del mundo rural y otros agricultores, aseveró que "personalmente hoy mis nietos no alojan en el campo. No es un cambio para mí, sino a muchos otros que viven en el campo. Con los socios de la Sofo pasa lo mismo".

Agregó además los problemas que se generan en la vida familiar y que durante los periodos de cosecha la sensación de inseguridad a ser víctima de un atentado aumenta.

Alice Menzel, vecina del fundo Granja Lumahue y la familia Luchsinger, también dio cuenta de las consecuencias familiares que significó la muerte del matrimonio de ancianos.

Relató que después de lo ocurrido la madrugada del cuatro de enero, con su familia decidieron irse de la casa del campo y arrendar un departamento en Temuco.

Y fue más allá. Actualmente sus hijas y su esposo decidieron irse del país.

El fiscal regional, Cristián Paredes, indicó que quedaron satisfechos tras la presentación de la totalidad de la prueba en el tribunal.

"Se han acreditado cada uno de los delitos por los que se ha deducido acusación. Los testigos han vertido desde su realidad lo que han percibido con sus sentidos", sostuvo.

Karina Riquelme, defensora del único acusado, señaló que "estamos sorprendidos con la rapidez del juicio (...) la Fiscalía renunció a mucha prueba importante".

Enfatizó en que "entendemos que el Ministerio Público erra en querer probar un contexto terrorista con testigos que sienten temor de ciertos hechos delictivos. Si usted va a una población y ahí ocurren muchos robos, de seguro la gente tendrá temor. Pero eso no es terrorismo".

Durante esta jornada los abogados querellantes Carlos Tenorio (familia) y Luis Hermosilla (Gobierno) presentarán su prueba, la que consistirá en relatos de otros miembros de la familia Luchsinger.