La Contraloría y el retiro de la basura
El órgano que controla los actos administrativos del Estado consideró fuera de lugar una medida municipal.
Después de la polémica disposición que hizo disminuir el servicio de recolección de la basura domiciliaria de Temuco durante los últimos meses del año pasado, continúan los sinsabores para el municipio que encabeza el alcalde Miguel Becker, que fue desde donde se originó esta medida tan ampliamente resistida por la comunidad. Esta vez, la Contraloría General de la República acogió una presentación hecha por un concejal y un consejero regional recientemente electo, y ordenó a la municipalidad devolver los dineros pagados de más por los contribuyentes por concepto de derechos de aseo, pues según su parecer, la institución no prestó el servicio de retiro de la basura en la frecuencia diaria acostumbrada.
Aunque el monto a restituir -150 millones de pesos- pudiera parecer bastante exiguo para las arcas municipales, lo que es relevante y que ha de considerarse aquí es que el órgano que controla los actos administrativos del Estado falló en contra del municipio, en lo que ha sido el primer pronunciamiento oficial frente a una medida que se adoptó erráticamente y que en su momento puso un manto de duda respecto del proceso de toma de decisiones en materias que son tan sensibles para la comunidad.
El fallo de la Contraloría debiera servir para que se revise la forma en que se resuelven las decisiones en la municipalidad. Baste recordar que en este caso de la basura, ni siquiera los concejales fueron consultados, impidiendo así una discusión colegiada que seguramente habría puesto sobre la mesa los pros y los contra de disminuir el servicio de recolección diaria de los desechos domiciliarios de Temuco. En estos tiempos de reivindicaciones y acción ciudadana, vale la pena consultar y en lo posible consensuar decisiones que tendrán un alto impacto en la comunidad. De lo contrario, las personas harán sentir su malestar y reclamarán por la ilegitimidad de la medida tomada.
Esta época ya no está para decisiones unilaterales, repentinas o que no prevean los escenarios probables. La capacidad de crítica ha avanzado, igual que el ejercicio de los derechos ciudadanos.