Adías de finalizar el Gobierno del Presidente Piñera, he querido hacer un breve recuento de la gestión desarrollada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

En estos años, reconstruimos del orden del 95% de las viviendas e infraestructura dañada por el terremoto.

Desde Subdere cumplimos un importante rol en las fases de superación de la emergencia y reconstrucción de inmuebles de alto interés público. Además de escuelas, consultorios y equipamiento, recuperamos una cuarentena de consistoriales e inmuebles de alto valor patrimonial.

Junto con ello, avanzamos en materia de descentralización. A la elección directa de consejeros regionales se sumó la inyección de más y nuevos fondos. Con una inversión de 832 mil millones financiamos cerca de 11 mil iniciativas. Además, incrementamos el Fondo Nacional de Desarrollo Regional en un 60% en relación al cuatrienio anterior. En complemento, incrementamos la proporción del FNDR de directa formulación por cada Gobierno Regional, mejorando su autonomía y la calidad de planificación.

También traspasamos importantes competencias de planificación y ordenamiento territorial. Por su parte, las comunas vieron crecer el Fondo Común Municipal, y se puso en marcha el Programa Desarrollo de Ciudades, que permite a los municipios contar con un ventajoso fondo para ejecutar proyectos de inversión. Por primera vez los municipios contaron con recursos compensatorios a la menor recaudación local por predios exentos de contribuciones -más de $ 152.353 millones en 2010-2014- e introdujimos mejoras a las condiciones laborales de los funcionarios municipales.

Finalmente, se dictó la Política Nacional de Localidades Aisladas, destinada a generar las condiciones para un desarrollo equilibrado del territorio. Y si bien existen otros importantes logros destinados a fortalecer la descentralización y la democracia, a través de estas breves líneas quiero representar mi agradecimiento al Presidente de la República por la confianza depositada, a mis compañeros de trabajo, al equipo de la Subdere, y a los cientos de chilenas y chilenos a quienes dedicamos nuestros mayores esfuerzos.

subsecretario de Desarrollo Regional

Finalmente ocurrió lo que hace tiempo se avizoraba en el horizonte: el actual Gobierno dejará el poder sin ningún avance visible detrás de lo que el año pasado fue uno de sus grandes anuncios para la Región: la dictación de una necesaria Ley Araucanía que tenía por propósito diseñar un escenario propicio para que el Estado saldara la deuda de desarrollo que tiene con este territorio que se incorporó tardíamente a la república. La idea de la normativa fue presentada en el marco de los vertiginosos días que sucedieron al crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, en enero y febrero de 2013, época en la cual los actores regionales demandaban decididamente una acción concreta y eficaz de parte del Estado para acabar con las condiciones de pobreza, injusticia y desigualdad que han desembocado en una situación de conflicto por las reivindicaciones del pueblo mapuche.

En su última entrevista como intendente publicada en este medio, Andrés Molina reconoció que en esta materia el Gobierno que se va quedó al debe y que surgieron propuestas que en la proyectada ley no podían estar, sin mencionar claramente cuáles. Además, de sus palabras se puede deducir que esta ley fue prácticamente desechada en su momento por todas las dificultades que aparecieron, y que para compensar a la Región se prefirió apostar por una inyección de mayores recursos fiscales.

En este sentido, valga decir que un proyecto que fue anunciado públicamente en un momento político y social tan álgido y sobre el cual se pusieron tantas expectativas ciudadanas, llevando incluso a un crisol regional a trabajar y presentar sus propuestas en La Moneda, se merecía, al menos, una mejor comunicación hacia la Región. Salvo las palabras del intendente que mañana deja el cargo, nunca hubo un pronunciamiento explícito de parte del Gobierno acerca de la suerte de esta frustrada Ley Araucanía.

Ya que mañana asumirá una nueva administración de la que no se sabe si comparte la idea de este proyecto, será tarea de los parlamentarios de la zona hacer fuerza común para plantear la evidente necesidad de que La Araucanía tenga un trato especial de parte del Estado.