Andrea Arias
En ninguna parte de la Constitución del país dice que el idioma chileno es el español, por lo tanto, oficializar el mapudungún en La Araucanía no necesitaría, en primera instancia, de un cambio a la carta fundamental.
Esta es la conclusión preliminar a la que llegaron varios parlamentarios de la Región y abogados especialistas en Derecho Público y en el tema indígena, quienes se pronunciaron respecto de la iniciativa que lanzó de manera preliminar el intendente Francisco Huenchumilla.
El senador por la Circunscripción Araucanía Norte, el RN Alberto Espina, quien además es miembro de la Comisión Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, respaldó la iniciativa y aseguró que hará las consultas pertinentes en la comisión de la que es miembro para contribuir a la concreción de la propuesta.
"Me parece una buena iniciativa y la respaldo ciento por ciento. Además me parece que hay que seguir los buenos ejemplos como en Nueva Zelanda en donde se habla Inglés y Maorí", dijo Espina.
Asimismo, el parlamentario aseguró que iniciará acciones concretas en torno a este respaldo. "Voy a pedir a los abogados de la Comisión de Constitución del Senado realizar un estudio para evaluar la forma legal de cómo colaborar en esta nueva iniciativa y que me indiquen cuál es el procedimiento necesario para hacerlo", enfatizó.
Quien también respaldó la iniciativa fue el diputado por el distrito 49, el DC Fuad Chahin, quien indicó que debe hacerse en el contexto de "un proyecto de ley de lenguas originarias patrocinado por el representante del Ejecutivo en la Región y avanzar así respecto del decreto que se firmó el 2002 y que reconoce el mapudungún como lengua originaria de La Araucanía".
Según Chahin, el hecho de que se oficialice el mapudungún bajo el paraguas de una ley de lenguas originarias permitirá "crear un conjunto de estímulos para preservar y difundir las lenguas originarias y también crear una institucionalidad encargada de preservar y rescatarlas, siendo la entidad llamada a oficiar como garante el nuevo Ministerio de Asuntos Indígenas".
Chahin efectivamente cree que un proyecto de ley de esta naturaleza "no necesitaría cambiar la constitución, pero aunque así fuera, no olvidemos que el segundo semestre comenzará la discusión de los cambios constitucionales en el congreso", advirtió el parlamentario.
Aun respaldando la idea, el diputado por el distrito 50, el DC René Saffirio, considera que en la Región existen otras prioridades y que de llevarse a cabo primero hay que establecer primero un Estado plurinacional y someter la iniciativa al respaldo de los líderes mapuche.
El parlamentario acotó que hay que analizar con acuciosidad el tema y tomar una decisión a partir de la realidad que puedan formular los líderes mapuches. Además una materia así requiere de un largo proceso de socialización y convencimiento, de manera que la decisión que se adopte sea el fruto de la convicción y no una imposición".
Según el docente de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, Marcelo Cevas, aun cuando la Constitución Política no contempla que Chile tenga una lengua oficial, "por lo que perfectamente podría ser objeto de una norma de tipo legal sin pasar a llevar la Carta Fundamental, tal vez la iniciativa debiese formar parte de una reforma más integral".
Dicha reforma, consigna el abogado, pasa por la aprobación del proyecto de Reforma Constitucional sobre Reconocimiento de los Pueblos Indígenas, "la que se encuentra desde el 2007 ".
Por su parte el abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco, Juan Jorge Faundes, quien además es vicepresidente de la Fundación Instituto Indígena del Obispado de Temuco, señaló que la medida en sí "es lícita y correcta".
Esto, "porque no sólo da cuenta de una obligación que tiene el Estado de Chile conforme el convenio 169 de la OIT, sino que además en estricto rigor es la segunda lengua más hablada de Chile", consignó Faundes.
El académico añadió que existe un marco regulatorio que está en sintonía con las obligaciones internacionales que debe cumplir el Estado de Chile y que avalan la iniciativa, siendo su contexto más amplio los Derechos Humanos.
