Mabel González / Agencias

El debate de casi seis horas entre el Gobierno y la oposición venezolana terminó ayer sin acuerdos concretos, alimentando las dudas de que el proceso de diálogo impulsado por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) pueda ayudar a solucionar la crisis del país.

La primera reunión formal entre ambos bandos estuvo marcada por acusaciones y peticiones que incluyeron amnistía para los detenidos tras las protestas, soluciones a los problemas económicos y un rechazo explícito a la violencia.

Desde el oficialismo se pidió a la oposición reconocer los hechos de violencia que se han generado en muchas de las protestas que se han producido desde el pasado 12 de febrero y que hasta hoy han ocasionado 40 muertos y cientos de heridos.

Al inicio del encuentro, desarrollado con presencia de tres cancilleres de la Unasur y el nuncio apostólico en Caracas, el Presidente Nicolás Maduro sostuvo que hay que hacer un proceso que lleve a la paz y "a altísimos niveles de respeto, coexistencia, convivencia, sobre la base de la tolerancia". Aclaró que este encuentro supone un diálogo y un debate, pero que esto no implica que hará pactos o negociaciones con la oposición.

El canciller Elías Jaua señaló que esa coexistencia no significa que la oposición se va a hacer socialista o el chavismo capitalista, pero sí pueden abordar en conjunto temas sobre los cuales tienen responsabilidad conjunta como la seguridad pública o el desarrollo económico productivo. Jaua también aseguró que gracias a "la revolución" ahora el pueblo venezolano se ha incluido al Gobierno y se alimenta bien.

La oposición, representada por miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reclamó, en la voz del líder Henrique Capriles, que la crisis política del país tiene su origen en la situación generada tras las elecciones presidenciales del 14 de abril y la negativa a una auditoría de los comicios. Capriles también afirmó que o se cede en "posiciones intransigentes" y se busca el diálogo, o el país "revienta", y señaló a Maduro de estar en la Presidencia "por el control" que tiene su Gobierno de las instituciones.