Hugo Oviedo

El seremi de Medio Ambiente, Marco Pichunman, recibió en su despacho el día de ayer a varios representantes de comunidades mapuches y organizaciones sociales de Pucón, quienes denuncian supuestas irregularidades en el trabajo de una piscicultura en la zona.

En la reunión los dirigentes presentaron a la autoridad ambiental una serie de fotografías donde se muestran los trabajos de remoción de tierra y áridos que está efectuando la empresa Quimeyco a un costado del río Carhuello.

Según ellos, se trata de una ampliación de la piscicultura que es ilegal, ya que en octubre de 2012 la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó paralizar las obras, fallo que fue confirmado en diciembre del mismo año por la Corte Suprema de Justicia.

Esto luego, que la propia Municipalidad de Pucón ingresó un recurso de protección en favor de los vecinos y que paralizó los trabajos de ampliación de la empresa dedicada a la reproducción de salmones.

Incluso, la crítica de las organizaciones sociales e indígenas de la zona lacustre apunta a la continua instalación de pisciculturas, lo que a su juicio genera un daño a la biodiversidad de este territorio.

El representante de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Pucón, Edgardo Esparza, explicó que "hay alrededor de 30 pisciculturas operativas y registradas que ya están funcionando", enfatizó.

Esparza añadió que "no queremos más pisciculturas en la comuna, no más ampliaciones y que trabajen según lo estipula ley. Ojalá la autoridad ponga mano dura a estas empresas", sostuvo el dirigente vecinal.

En la reunión con el seremi Pichunman también participó el co-director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, quien calificó de "ilegal y arbitraria" la ampliación que efectúan este tipo de empresas en la zona lacustre.

"El año 2012 la Corte Suprema ordenó paralizar las obras que se estaban construyendo ahí por alterar el cauce del río, en circunstancias que la empresa presentó en diciembre pasado una ampliación para una producción de 100 a 400 toneladas de biomasa anual y esa declaración de impacto ambiental fue rechazada", dijo Aylwin.

Frente a este tema, el seremi de Medio Ambiente, Marco Pichunman, anunció que traspasará todos los antecedentes del caso a la Superintendencia de Medio Ambiente con el objetivo que pueda fiscalizar las obras en el lecho del río Carhuello.

"He conocido los antecedentes el día de hoy (ayer) y los que nosotros vamos a hacer es derivar esta denuncia que ellos nos hacen a la Superintendencia de Medio Ambiente, para que ellos evalúen en su mérito si existe algún tipo de elusión a la normativa ambiental que permita tomar algún tipo de acción", indicó Pichunman.

La autoridad ambiental reconoció que desconocía la historia legal del asunto y señaló las facultades que tiene la superintendencia para abordar la denuncia de los vecinos y mapuches de Pucón.

"Desde el punto de vista medioambiental la superintendencia actúa en dos ámbitos. El primero fiscalizando el cumplimiento de Resoluciones de Calificación Ambiental y en segundo término, evaluando si existe elusión. Es decir, si algún titular teniendo el deber de presentar antecedentes al sistema de evaluación ambiental, no lo hace", agregó el seremi Pichunman.

Por su parte, el propietario de la Sociedad Comercial Agrícola y Forestal Quimeyco, Germán Malig, a cargo de la piscicultura, aseguró que han cumplido con todos los requisitos que le impone la ley y que están aprobadas las resoluciones de calificación ambiental.

"La empresa tiene una RCA autorizada que implica distintas áreas de ampliación de la piscicultura y los temas del recurso fueron contestados. Incluso, había un tema con la DGA que también se hizo", indicó Malig.

El empresario añadió que "se cumple con los requisitos para continuar con la construcción de la piscicultura en razón de la RCA que tiene y que mantiene. Incluso, la seremi de Medio Ambiente y el SEA tienen conocimiento de lo que se está haciendo", subrayó.

Germán Malig indicó que desde el año 2008 que la empresa posee los permisos de la autoridad ambiental y aclaró que "el fallo ordenó paralizar mientras no se haya cumplido tres puntos y que son los permisos de la municipalidad, de la DGA y tener ingresada la boca toma, y que todo esto se cumplió", recalcó.

La piscicultura Quimeyco está ubicada en la comuna de Pucón, específicamente en el kilómetro 20 del camino que une Pucón con la localidad de Caburgua, en el sector rural de Carhuello.

"Vamos a derivar esta denuncia que ellos nos hacen a la Superintendencia de Medio Ambiente, para que ellos evalúen".

Marco Pichunman,

seremi de Medio Ambiente

Tras una hora de alegatos por parte de la Fiscalía y los querellantes, el juez de Garantía, Federico Gutiérrez Salazar, dejó en libertad a los seis mapuches detenidos por los hechos ocurridos el miércoles en el fundo Santa Rosa 1 de Vilcún, propiedad del agricultor Rodolfo Luchsinger.

Se trata de Sergio Quidel Huaquinao (45); Jorge Alfredo Mella Painelao (23), Fidel Herminio Córdova Trancal (20), Fabián Guillermo Trancal Marilaf (18), Juan Armando Cheuque Sandoval (36) y Enrique Sandoval Sandoval (56), quienes fueron formalizados por daños, usurpación y homicidio frustrado a carabineros.

El fiscal Jorge Mandiola relató en la audiencia que el grupo ingresó al predio causando daños en un bebedero y en unas cañerías, donde efectuaron disparos con armas cortas y largas, contra los efectivos.

Mandiola detalló el actuar policial en la captura de los seis detenidos, hecho que fue refutado por el defensor penal público, Jaime López, alegando ilegalidad en la detención.

El defensor sostuvo que, "Carabineros presumió de su participación, no tenían huellas de haber cometido el ilícito que se detalló", aseveró.

López agregó que lo expuesto por la Fiscalía en relación a la captura de los detenidos en el fundo Santa Margarita se explicaba porque las personas son dueñas del terreno otorgado por la Conadi en 2009.

A la salida del tribunal, el lonco de la comunidad Yeupeco Catrileo, Alberto Mella Parra, dijo que "descartamos haber participado en los hechos y estamos contentos porque esto es un montaje de Carabineros, ellos están acostumbrados a tomar gente presa dentro de nuestro predio".

Por su parte, el abogado de la familia Luchsinger, Carlos Tenorio, aseveró que "me parece preocupante el nivel de violencia que se ha registrado en Santa Rosa 1, es un matrimonio que está muy expuesto a ser víctimas de esta clase de delitos, por lo tanto estamos preocupados en que ojalá esta situación pueda ser revocada por el Ministerio Público, organismos policiales y por el mundo político que tiene una gran cuota de responsabilidad en estos temas", precisó.

Los imputados quedaron con las cautelares de no volver a acercarse a las víctimas ni ingresar al predio Santa Rosa 1.