Los 10 informes elaborados por el fiscal nacional de la Conadi, Rodrigo Bustos, revelan pagos de sobreprecios en la compra de tierras, que ascenderían a los $1.545 millones 224 mil 151 pesos, entre los años 2011 y 2013.

Los documentos a los que tuvo acceso ayer El Austral señalan que al interior del organismo público se cometieron los delitos de fraude al Fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias.

Todo esto ocurrido con comunidades mapuches de Lautaro, Curarrehue, Cholchol, Victoria, Gorbea, Freire, Traiguén y Puerto Saavedra (ver cuadros), donde el precio de compra fue superior a la tasación efectuada por la misma institución.

Bonanza

Entre los 10 casos, destaca el ocurrido en diciembre de 2012 en Lautaro, cuando la Conadi canceló $1.800 millones de pesos por los predios Bonanza y Quitralcura, a pesar que la tasación recomendaba el pago de $1.300 millones.

Esto quiere decir que el Estado chileno pagó $500 millones de pesos más a una sociedad particular, por 1.844 hectáreas de tierra, que ya fueron traspasadas a una comunidad indígena.

En el informe 1 de 10, llamado 'Detección posibles infracciones proceso de compras de tierras', elaborado por la Unidad Especial de la Fiscalía de Conadi, que firma el abogado Rodrigo Bustos, se precisa que 'se deja presente que el director nacional fija el precio de compra por sobre la tasación que realiza el Sr. Coliqueo y de manera extremadamente excedida y con evidente perjuicio de los intereses del Fisco, con respecto de los avalúos fiscales de los dos predios que se compraron', dice un extracto del documento que ya se encuentra en la Fiscalía de Alta Complejidad.

El informe añade que 'se deja constancia que el director nacional de Conadi, dicta la Resolución Exenta N° 1940, aprobando la compra y el sub director nacional sur Sr. Germán Riquelme, dicta la resolución de pago el día 28 de diciembre de 2012, que es el mismo día en que el vendedor envía la carta a Conadi diciendo que vende sus predios en $1.800.000.000. Coincidencia o planificación?'.

Agrega que 'no hubo cuestionamientos al precio puesto por el vendedor, no hubo análisis de su requerimiento, no hubo discusión al respecto que justifique el por qué se fijó el precio en el monto ya referido. Es decir, el vendedor pidió y Conadi accedió, sin ninguna protección a los intereses del Fisco, lo que puede sostenerse basado en que la tasación institucional era muy por debajo del precio fijado por el director nacional'.

El informe 1 afirma que 'se puede decir que cae sobre Conadi una obligación ineludible, contenida en la ley y también en ellas, y consiste en que a la Conadi le corresponde el correcto uso de los recursos asignados a ella. Y el precio aquí comentado, es una evidencia de que el director nacional de Conadi no cumplió con la ley ni con las referidas bases, al pagar un precio desmedido respecto de la tasación institucional y mucho más desmedido respecto de los avalúos fiscales'.

Se estima que en un plazo de 10 días, tras revisar cada una de las 15 carpetas (10 de tierras y 5 de licitaciones) entregadas por la Conadi, el fiscal jefe de Alta Complejidad, Miguel Ángel Velásquez, decidirá a qué policía encargará las primeras diligencias.

Hay que recordar que el director nacional de la entidad, Alberto Pizarro Chañilao, cifró en 10 mil millones de pesos las irregularidades al interior de Conadi.

Manos

Consultado sobre estos informes, el ex director de Conadi, Jorge Retamal, reiteró que está dispuesto a aclarar ante la Justicia cada una de las acusaciones y que 'sus manos están limpias', indicando que se referirá en profundidad al tema cuando sepa por qué está siendo investigado.

Por su parte, el ex intendente de La Araucanía, Andrés Molina, señaló que confía en que la investigación que lleva adelante la Fiscalía demostrará que no hubo responsabilidades por parte de la anterior administración.

'En primer lugar, entrego todo mi apoyo a Jorge Retamal en su gestión', señaló el ex intendente Molina. 'Ojalá hubiésemos tenido directores de la calidad de Retamal en los años anteriores, y así no hubiésemos tenido las irregularidades en el pasado', enfatizó el vicepresidente de Evópoli.

'No hay ningún inconveniente en que se investigue todo esto, queremos que se sepa ojalá rápidamente lo que hay detrás de esta situación que hoy día está siendo denunciada por una persona (Bustos) que ya antes ha hecho denuncias ante el señor fiscal por irregularidades en Vialidad, y que ha sido defensor de situaciones bastante graves en el sector público', subrayó Molina.

Comisión

El día de ayer, el diputado (PRSD) Fernando Meza anunció que el próximo martes solicitará en la Cámara una nueva comisión investigadora, con el objetivo de aclarar las irregularidades que calificó como 'un escándalo'.

'Voy a reactivar una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, a partir del próximo martes, con el objeto de esclarecer dónde fueron a parar, estos 10 mil millones de pesos', dijo Meza.

El parlamentario oficialista se mostró confiado en reunir las 44 firmas que se necesitan para crear la instancia indagatoria, que por tercera vez revisará irregularidades en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

Hay que recordar que las conclusiones finales de las otras dos comisiones investigadoras, presididas por los diputados (RN) René Manuel García y José Manuel Edwards por irregularidades millonarias en el Programa Orígenes, no fueron aprobadas por el pleno de la sala.

'Yo espero que esta vez se vote positivamente el informe que elaboremos como comisión investigadora. Nos vamos a dar un plazo de 180 días para recoger todos los antecedentes', recalcó Meza.

A juicio del diputado de oposición, José Manuel Edwards, esta serie de acusaciones busca 'empatar las irregularidades por $11 mil millones de pesos que habían desaparecido en el Programa Orígenes cuando el gobierno del Presidente Piñera asumió', indicó.

El 'Rojo' añadió que 'lamentablemente vemos cómo el PPD se ha tomado la Conadi y la está manejando con criterios netamente políticos. Esta denuncia la hacen a mi juicio para desviar la atención del hecho que las licitaciones y las compras de tierras estén absolutamente paralizadas', sostuvo el legislador.

Exclusivo

Frente a esto, el senador (PPD) Eugenio Tuma apuntó sus dardos directamente al Plan Araucanía 7, carta de navegación del gobierno de Sebastián Piñera en la Región y que ayer fue nuevamente cuestionado.

'Por fin encontramos el Plan Araucanía 7, ese siete era para defraudar al Fisco, por eso esperamos que los tribunales encuentren a quienes hayan cometido estos ilícitos que desvirtúan la gestión pública'.

El vicepresidente del Senado solicitó un fiscal con dedicación exclusiva para investigar el caso, que ya está en manos de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, que fue creada para abordar delitos con este tipo de características.

'La investigación entregará resultados y caiga quien caiga se deben hacer responsables de lo que la ley establece para quien defraude al Fisco. Acá no hay revancha política, hay cifras claras que indican que se pagaron sobreprecios en la Conadi', sostuvo Eugenio Tuma.

Serio

Desde el Gobierno, salieron a respaldar ayer la denuncia efectuada por Pizarro Chañilao, calificándola de 'seria y documentada' y donde esperan que se aclare el tema.

'Lo peor que nos puede ocurrir es que situaciones como éstas no sean descubiertas y no se expongan al veredicto público y no sean investigadas', dijo ayer el seremi de Gobierno, Mario González.

El vocero del Gobierno Regional descartó que existe una revancha política en contra de las ex autoridades. 'Hay una complicación respecto a sobreprecios en la venta y tasación de predios para comuneros', recalcó el seremi Mario González.

Para la consejera mapuche ante la Conadi, Ana Llao, es lamentable que este tipo de situaciones se sigan repitiendo al interior del organismo público creado a través de la Ley Indígena en el Gobierno de Patricio Aylwin.

'El director nacional ahora quiere depurar un poco lo que ha estado sucediendo por años en este tema, y en ese sentido yo siempre solicité esta información y nunca la tuve en mis manos', indicó la representante de las comunidades mapuches.

Hay que recordar que el pasado 13 de mayo la FIAC inició una investigación desformalizada por el delito de sabotaje informático, al descubrir que algunos funcionarios borraron archivos digitales al interior de Conadi.

Fuentes ligadas al caso señalaron que los 12 computadores incautados corresponden a los departamentos del Fondo de Tierras; del Convenio 169 de la OIT; y de Finanzas. Todos ellos son analizados por Cibercrimen de la PDI.

1.844 hectáreas

15 carpetas

'Por fin encontramos el Plan Araucanía 7, ese siete era para defraudar al Fisco'.

'Ojalá hubiésemos tenido directores de la calidad de Retamal en los años anteriores, y así no hubiésemos tenido las irregularidades'.

'Voy a reactivar una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, a partir del próximo martes'.

180 días