Molestos están al interior de la comunidad indígena Marileo de Lautaro. Allí conviven 140 personas, quienes el 2013 obtuvieron gracias a la Conadi un predio por el cual se pagaron mil 800 millones de pesos a la Sociedad Activa Crecimiento Forestal Ltda. y dicen que fueron utilizados.

Sus dichos salen a la luz luego de que este medio publicara el pasado miércoles 28 de mayo, un informe en donde se daban a conocer detalles de las supuestas irregularidades al interior de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), por montos de mil 545 millones en sobreprecios, y en donde el terreno que ocupan en la actualidad era uno de los que se están investigando por parte de la Fiscalía Regional.

Según publicó este medio, los predios Bonanza y Quitralcura, de mil 844 hectáreas, están en uno de los 10 informes que elaboró el fiscal de la Conadi, Rodrigo Bustos.

De hecho, el actual predio de la comunidad Marileo es el primer caso en carpeta. Según se detalla, el negocio por las más de mil 800 hectáreas se realizó por un monto total de mil 800 millones de pesos, eso a pesar de que la tasación era de poco más de mil trescientos millones de pesos.

A juicio de los entes fiscalizadores del bullado caso Conadi, en este hecho en concreto se está investigando los posibles delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias.

Es precisamente la razón de la investigación que tiene a esta comunidad incrédula con los hechos.

Dicen que 'jamás participamos de una negociación por nuestras tierras', según afirma el presidente de la comunidad, Víctor Huichaqueo.

El líder de la comunidad lautarina explica que 'nosotros hicimos lo que nos solicitaba la Conadi. Llenamos y enviamos todos los papales y esperamos que nuestra petición de recuperación de tierras se hiciera realidad, pero nunca hicimos algo malo, por eso queremos aclarar que nosotros no negociamos absolutamente nada', dice Huichaqueo.

Sus palabras son respaldadas por la ex presidenta de la comunidad Marileo, Lucía Mariqueo, que dice 'nos sentimos utilizados, nosotros cumplimos con las reglas y recibimos algo que reclamamos. Nunca tuvimos acceso a las negociaciones, nosotros solo postulamos, salimos aprobados, vinimos a la firma con el notario y listo, la tierra se nos entregó pero de negociación nada'.

La dirigenta dice que desde la institución cuestionada jamás se les informó del detalle de la operación, que nunca se habló de montos y que sólo conocieron los resultados de la postulación en el momento de hacer el traspaso del fundo forestal.

'En ese tiempo nosotros nos entendíamos con el señor Yuri Coliqueo, que nos llamaba para contarnos cómo iba la negociación, pero no nos dijo sobre los dineros que se pagaron, eso lo supimos cuando firmamos las escrituras', dijo Lucía Mariqueo.

Consultada la comunidad por los problemas que se suceden en la Conadi, a raíz de la investigación judicial que se lleva a cabo, los miembros señalaron que 'ojalá lo que nos está pasando a nosotros no le ocurra a otras comunidades, porque es feo que otros hablen mal de uno', sostuvieron.

Por lo mismo, en la jornada de ayer se trasladaron desde Lautaro hasta las oficinas de la repartición pública en Temuco, para sostener una entrevista con el fiscal de la entidad, Rodrigo Bustos, y conocer más antecedentes de la situación.

En conversación con este medio, reconocieron que una parte de los miembros de la comunidad se mostró temerosa por las consecuencias de la investigación, pero que luego de la charla con Bustos, quedaron más aliviados ya que el fiscal les señaló que no tienen nada de qué temer.

'Quedamos más tranquilos después de conversar con él, porque nos dijo que no teníamos nada de qué temer y eso nos alegra porque aquí hubo un trabajo que comenzó en el 2005, nos costó nueve años obtener esas tierras y por eso no queremos que se nos acuse de algo que no hicimos', dijo Víctor Huichaqueo.

Cabe consignar que este medio se intentó comunicar con el fiscal de Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Rodrigo Bustos, para conocer más detalles de la reunión sostenida la jornada de ayer con la comunidad Marileo de Lautaro, pero el personero de la entidad no contestó los llamados de El Austral.

La Corte Provincial de Pichincha de Ecuador, elevó la condena de 10 a 25 años de cárcel en contra del taxista ecuatoriano Winston Rivera Montoya, por su participación como autor en el homicidio en contra de Yasna González Rosas (41), ocurrido el año 2010 en Temuco.

El aumento en la sentencia se produjo luego de que el pasado 6 de marzo, la justicia del país sudamericano decretó la pena de 10 años de prisión. Pero, por petición de la Fiscalía de Chile, la Fiscalía General de Ecuador presentó un recurso de apelación pidiendo que se incrementara la condena, lo que finalmente fue acogido por la justicia de dicho país.

Cabe consignar que la justicia logró acreditar que Rivera Montoya golpeó y estranguló a Yasna González, provocándole la muerte en 2010. El hecho quedó al descubierto durante el mes de febrero del mismo año, cuando fue encontrado el cuerpo de la mujer, cuatro días después de ocurrida la tragedia, al interior de la vivienda.

Según pudo establecer la investigación de la Fiscalía Regional, el hasta ese momento único sospechoso viajó el mismo día del crimen hacia Argentina, desde el terminal rodoviario de buses de Temuco, para luego tomar un avión en la capital trasandina con destino a su país natal.

Tras largas diligencias, la policía ecuatoriana logró la detención del autor de asesinato el 11 de marzo de 2012 en la ciudad de Guayaquil.

Tras permanecer en prisión preventiva, se realizó un juicio inédito en la historia de la Reforma Procesal Penal, ya que se hizo vía teleconferencia, en el cual fue sentenciado.

La noticia del aumento de la condena para el taxista fue bien recibida al interior de la familia de Yasna González.

Una de sus hijas le señaló a este medio que 'estamos conformes porque la Fiscalía hizo más de lo que pensábamos, nos habíamos quedado con los 10 años', dijo.

La pariente, quien no quiso que su identidad sea revelada, agregó que Rivera Montoya 'se jodió la vida, es tan poco hombre que ni siquiera dio la cara acá', sostuvo.

Si bien reconoce que este aumento en la condena carcelaria 'no nos va a devolver a nuestra madre, al menos nos deja la sensación de que existe justicia, la otra, la divina la conocerá cuando se muera, pero espero que esto sirva de precedente para que nunca más un hombre violente a una mujer. Ahora, ya se sabe que la justicia actúa, ahora podemos comenzar a cerrar este capítulo negro para nuestra familia', sentenció la menor de las hijas de la fallecida Yasna González.