La Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regiona, sesionando en Villarrica, arribó a una serie de coincidencias para ir conformando la agenda de trabajo que se debe entregar en septiembre y que han sido tema de análisis y discusión durante muchos años; por fin se están plasmando para conformar las políticas de Gobierno.

Las sugerencias son claras y potentes: un proyecto de ley de rentas regionales, darle a los consejeros regionales la facultad de asignar proyectos y que los criterios para evaluar los proyectos de inversión sean regionales y no nacionales.

De lo acordado se desprenden peticiones respecto de temas que han sido tradicional y permanentemente tratados, como el aporte que deben hacer las forestales, en este caso presentes en La Araucanía, o el que corresponde a las grandes cadenas comerciales, para lo cual se debería derogar el límite de 8 mil UTM al pago de las patentes comerciales. Al cálculo actual son 330 millones de pesos, pero divididos en la gran cantidad de sucursales la cifra que corresponde al nivel local es ínfima. Eso es lo que siempre se representa, en el sentido de que un pequeño quiosco cancela más que una multimillonaria inversión.

Es altamente probable que estos postulados nacidos en la región lleguen a buen término, toda vez que la propia Presidenta esbozó en su discurso del 21 de mayo la necesidad de una ley de rentas regionales, la que permitiría contar localmente con recursos sustantivamente superiores al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. A lo anterior se quiere agregar un Fondo de Convergencia Regional, con una orientación similar al Fondo Común Municipal, que presta auxilio a los municipios más pobres del país.

Hay claros indicios, como se señalaba, de que estas proposiciones lleguen a ser aprobadas, pero se requiere una actitud vigilante y una presión social permanente para evitar el dominio que siempre ha tenido el poder centralista santiaguino sobre las inquietudes tan legítimas de regiones como La Araucanía. Definir acá qué y cómo debe hacerse para procurar desarrollo y equidad es vital.

A propósito de las reformas tributaria y educacional que están en el centro de la discusión y coyuntura, quisiera referirme a dos conceptos que a menudo aparecen mencionados en los análisis al respecto: igualdad y equidad. Dos términos similares que se utilizan muchas veces como sinónimos, pero que son distintos y la diferencia es relevante para temas tributarios y para políticas públicas.

'El apoyo a las pymes es insuficiente y la asociatividad permite superar problemas'.

'Le hicieron más exámenes y su problema era el corazón'.