'Todo lo que sea Luchsinger se quema', afirmaron sin piedad los diez encapuchados que atacaron el fundo San Luis de Palermo, de la familia Luchsinger, ubicado en la localidad de General López en la comuna de Vilcún.

El siniestro -ocurrido la noche del lunes- destruyó una casa, tres galpones y dos tractores, dejando pérdidas superiores a los 200 millones de pesos.

El predio, que es atacado por primera vez, es propiedad de Ewald Luchsinger, quien es sobrino del matrimonio Luchsinger-Mackay, que fue asesinado en el fundo Granja Lumahue (distante a unos dos kilómetros del sitio siniestrado) en enero del 2013.

El fundo fue atacado cerca de las cero horas del lunes por unos 10 sujetos, que portando armas cortas y largas amenazaron a un matrimonio que trabaja para la familia y al hijo de ambos, de 18 años.

Según relataron los propios afectados minutos después del atentado, el ataque que no se extendió más allá de 10 minutos, tiempo que fue necesario para que los encapuchados quemaran parte de las propiedades que están enclavadas en las 250 hectáreas del fundo San Luis, provocando la pérdida total de 3 mil sacos de papas, entre otros daños.

El hecho provocó que un centenar de personas entre carabineros, bomberos y personal de la PDI trabajara hasta altas horas de la madrugada en el lugar, sin que hasta el minuto se tenga claridad de los motivos del ataque y de quiénes participaron del hecho, el que engrosa la lista de atentados a la familia Luchsinger que supera los 100 ataques.

El ataque

Según pudo conocer este medio, de los 10 encapuchados fueron al menos cinco los que ingresaron hasta la casa del trabajador, identificado como José, y en su interior encañonaron al hombre, su esposa y el hijo de ambos.

La peor parte del atraco lo sufrió el cuidador de la parcela. Según se desprende de sus declaraciones fue atacado por los encapuchados, causándole diversas heridas de carácter leves que lo obligaron a ser trasladado hasta el consultorio de Vilcún.

Según declararon horas más tarde los afectados a las policías, los atacantes vestían ropas de color negro, portaban guantes en sus manos, tenían contexturas atléticas, permanecieron en todo momento encapuchados y según le señalaron 'no hablaban como mapuches'.

De hecho en el lugar no se encontraron panfletos alusivos a la causa indígena, aunque eso es algo que aún es materia de investigación en las indagaciones que está desarrollando el personal de la Policía de Investigaciones de Temuco.

Ewald Luchsinger, dueño del predio, tras observar los daños en su propiedad se quejó porque el fundo San Luis 'no tenía custodia policial'. Sobre ese punto señaló incluso que hace unas semanas le habían advertido a la Fiscalía y Carabineros de los hechos de violencia en el sector, pero que la ayuda no había llegado.

Sobre esa falta de protección, el primo de Jorge Luchsinger precisó que 'parece que las medidas de seguridad tienen que ser postataque, no es anticipado', dijo el propietario.

La Fiscalía, por su parte, señaló que efectivamente la familia Luchsinger había hecho llegar una solicitud para 'intensificar las medidas de protección' para los fundos Santa Rosa 1 y San Luis, mediante una querella el pasado 11 de abril, tras acusar un ataque a uno de los tractores del fundo San Luis.

El pedido fue realizado por Rodolfo Luchsinger, padre de Ewald, tras sufrir dos atentados este 2014, los días 22 de marzo, cuando un número idéntico de 10 personas degolló un vacuno del fundo Santa Rosa 1; y el miércoles 23 de abril, cuando un grupo de 20 encapuchados ingresó al fundo disparando al aire e incendiando un bebedero y unas cañerías de regadío, en el fundo que cuenta con protección policial desde el año 2005.

Respecto a las críticas realizadas por Ewald Luchsinger, el fiscal vocero Roberto Garrido aseveró que 'lo que se recibió hace aproximadamente un mes atrás fue una querella que afectó por el delito de daños al fundo Santa Rosa, no al predio que fue objeto del ataque el día de ayer. En ese contexto, para el fundo Santa Rosa se solicitaron medidas de protección y la solicitud era para intensificar las medidas de protección que ya existen en el sector'.

Garrido explicó además que 'los medios de carabineros son siempre escasos, no solo para temas investigativos sino que también para resguardo y, a pesar de esas limitaciones de materiales y personal en el lugar, a mil metros existe un punto fijo de Carabineros, y a dos mil metros otro, y eso es lo que los propietarios del fundo Santa Rosa 1 habían solicitado que se intensificará'.

El fiscal vocero sostuvo que se dispuso que se activase el sistema de protección de víctimas de casos complejos, lo que implica la conformación de un consejo colegiado integrado por profesionales de la Fiscalía (psicólogos y asistentes sociales, entre otros), los fiscales a cargo de la causa y las policías.

Respecto de la seguridad del predio, el general de la IX Zona, Nabih Soza, precisó que el fundo San Luis 'no tenía medidas de protección, hoy día (por ayer) recién las dispusieron'.

Soza explicó además que de ahora en adelante el sitio de la familia Luchsinger tendrá efectivos de Carabineros de punto fijo, ya que 'ese es uno de los pocos predios que no tenía protección', dijo el general de la institución policial.

investigación

El vocero de la Fiscalía, Roberto Garrido, explicó que los antecedentes de este caso serán investigados por la Fiscalía de Alta Complejidad (FIAC), por petición del fiscal regional, Cristian Paredes.

Garrido dejó en claro que los hechos ocurridos la noche del lunes pasado serán investigados como un delito común, descartándose por ahora que las diligencias sean abordadas bajo la Ley Antiterrorista, ya que 'hay que tener antecedentes como para poder suponer de que este delito persigue los crímenes de la ley 18.314, pero si no es así, no podemos hacer a priori esa calificación', explicó el persecutor.

Desde La Moneda en tanto, el ministro del interior, Rodrigo Peñailillo, descartó invocar la Ley Antiterrorista en este caso que dejó una casa, tres galpones y dos tractores quemados en el fundo San Luis de General López.

A juicio de Peñailillo 'la violencia no tiene espacio en un Estado de Derecho, y así como las otras acciones de violencia que hemos visto, nosotros vamos a presentar las acciones judiciales y vamos a pedir las máximas sanciones a las personas que se vean involucradas en estos graves hechos'.

El jefe de la cartera de interior agregó que 'nosotros creemos que con la acción legal que vamos a presentar es suficiente para que se pueda investigar, para que se pueda sancionar y para que se pueda condenar a las personas responsables de estos hechos', sostuvo.

José Montalva, gobernador de la provincia de Cautín, al ser consultado por este nuevo hecho de violencia en la Región, precisó que 'el caso se está investigando y esperemos ver el resultado de la investigaciones para revisar y analizar los antecedentes que señala la familia. Yo entiendo y lamento este incidente que sin duda deben ser debidamente perseguidos y castigados por los órganos que están para eso'.

Montalva pidió más diálogo entre el mundo mapuche y las víctimas para que se pueda 'encontrar la paz en la Región de La Araucanía', sostuvo.