Una millonaria demanda en contra de la Municipalidad de Temuco interpuso la concesionaria Estacionamientos Araucanía S.A., que pertenece al consorcio español Azvi, por U$49 millones de dólares en concepto de incumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios.

La acción legal fue presentada por el estudio jurídico Rolando Franco y Compañía que en octubre de 2013, solicitaron los antecedentes, para este año hacer efectiva la demanda en el 1° Juzgado Civil de Temuco, en contra del centro edilicio por la concesión cedida en septiembre de 2007, a 30 años más 18 meses para el desarrollo de las obras.

A cuatro años de ser inaugurados, los estacionamientos que construyó la empresa en las plazas Recabarren y Aníbal Pinto, todavía no cuentan con la recepción municipal definitiva, funcionando con un permiso provisorio, por considerarse que las obras todavía no están construidas en un 100%. Esto obliga a que la sociedad concesionaria se haga cargo de la mantención de ambas plazas.

'Te están obligando a mantener ficticiamente un proyecto como si se estuviera construyendo a pesar de que ya está terminado', denunció el abogado patrocinante de Franco & Cía. Philipp Hemmelmann.

Según solicita el texto legal 'de conformidad con los hechos expuestos precedentemente, resulta evidente que los incumplimientos contractuales señalados produjeron y seguirán produciendo graves daños al patrimonio de mi mandante (concesionaria), siendo procedente que dicho daño patrimonial sea resarcido con el pago de los mayores costos generados'.

La demanda contempla perjuicios y montos por tres conceptos (ver recuadro). El primero, en relación al incumplimiento municipal del área de exclusión de estacionar en superficie de bienes nacionales de uso público y falta de fiscalización.

Esto, por la existencia de estacionamientos 'irregulares' ya que según refiere la demanda, la Municipalidad de Temuco habría establecido y garantizado que se crearía a través de diversos actos administrativos, un área de exclusión dentro de la cual se eliminaría en forma progresiva y antes de la puesta en marcha de los estacionamientos subterráneos 'todos los estacionamientos de superficie ubicados sobre un bien nacional de uso público, pagados o gratuitos'.

Lo anterior obligaba al centro edilicio a no renovar patentes, a suspender totalmente la autorización de nuevos estacionamientos de superficie con cobro por el sistema tarifario, eliminar los estacionamientos libres y a no renovar ni otorgar nuevos permisos de estacionamientos tarifados o libres, en el área de exclusión.

'Eso nunca se cumplió, de hecho lo único que han hecho fue estacionar alguna señalética en las vías que rodean las plazas y nunca se ha dictado la ordenanza que se iba a dictar, no se ha hecho una fiscalización completa, sólo basta recorrer las calles para darse cuenta que los autos están estacionados igual', dijo Hemmelmann.

Según alega la concesionaria, el municipio habría garantizado que se dictaría una ordenanza municipal especial, en cumplimiento con la Ley Orgánica de Municipalidad y la Ley de Tránsito, para dar cumplimiento a este punto.

En respuesta, el administrador municipal, Eduardo Castro, dijo que 'esa área de exclusión no tocaba a las áreas de estacionamiento que a ese momento existían de acuerdo a la patente, si tenían patente seguían funcionando. Ellos entienden que no'.

Según dice Castro, 'cualquiera modificación que se haga, por ejemplo, un cambio de propietario, debía clausurar esa patente (de estacionamiento). Eso no es efectivo de acuerdo al contrato, porque de partida nosotros no podemos dejar de renovar las patentes si la persona no ha incumplido'.

'Adicionalmente nos acusan de que hay muchos infractores al área de prohibición de estacionamiento. En calle Vicuña Mackenna establecimos que no se podía estacionar y se saca fotos de gente estacionada. Nosotros tenemos inspectores que sacan partes, pero no podemos tenerlos omnipresentes ni de punto fijo porque son inspectores de otras cosas no solamente de estacionamientos', explicó el administrador municipal.

El área de exclusión, contempla cuatro cuadras a la redonda de los estacionamientos.

Otro de los puntos en discordia, se produjo por el hallazgo de napas subterráneas en medio de las excavaciones del proyecto que en principio contemplaba tres pisos de estacionamiento.

Según detalla el escrito, tras un análisis técnico de las napas subterráneas se 'concluyó la verificación de la existencia de un gran caudal de aguas subterráneas en los lugares destinados al emplazamiento de los dos proyectos de estacionamientos concesionados'.

El estudio indica que la excavación podía poner en peligro la estabilidad de los edificios que rodeaban las plazas, lo que fue clasificado como de fuerza mayor. Aquí fue donde se produjo ante notario público la primera modificación del contrato. 'La municipalidad le exigió a la concesionaria que construyera 196 estacionamientos que faltan del contrato suscrito con ellos, por el hecho de las excavaciones donde encontraron agua, se llegó al acuerdo de construir dos pisos en vez de tres, suscribiéndose un convenio donde en un plazo de cuatro años debían presentar un proyecto', dijo Castro.

La demanda manifiesta que la modificación contractual comprende que eliminando el piso subterráneo para evitar el problema con las napas, se mantendría el número de 935 estacionamientos, pero distribuidos 304 en 2 niveles en la plaza Aníbal Pinto y 435 en 2 niveles en la plaza Recabarren, agregándose la diferencia, los 196 estacionamientos restantes, en algún bien de uso público a determinar.

'En ese momento la empresa nos plantea que no va a construir esos estacionamientos por cuanto la municipalidad no ha cumplido con compromisos que según ellos la municipalidad tendría', alegó Eduardo Castro.

En tanto, Hemmelmann sostuvo que 'hubo que construir sólo dos ya que el tercero hubiese provocado o una inundación general o que los edificios que rodean la plaza, corran algún peligro. Lo que provoca un daño patrimonial importante y la construcción de esos estacionamientos ahora, también es motivo del por qué no dan la recepción municipal definitiva'.

Según demanda la concesionaria, tras este acuerdo, la municipalidad requirió la realización de obras e instalaciones adicionales o con mayores estándares que los pactados en el contrato. Costos que fueron provocados por cambios en los proyectos como las nuevas baldosas, reubicación de las cajas de las escaleras y otros, según dice el abogado, 'bajo la amenaza de la municipalidad que no se aprobarían los avances del proyecto si no se hacían los cambios'. Castro no compartió lo denunciado y afirmó que todos esos cambios se efectuaron de común acuerdo.

El último punto de la demanda, alega un perjuicio por no construir el nuevo edificio consistorial de la Municipalidad de Temuco, el que se construiría en un terreno municipal ubicado frente a la plaza Recabarren. Esto, generaría una mayor afluencia de público al sector y en definitiva, a los estacionamientos construidos.

Un edificio de 5 mil metros cuadrados aseguraba una cantidad de 2 mil estacionamientos diarios, dijo el abogado de Franco & Cía. 'Esa fue la razón por la que se construye ese estacionamiento frente a la plaza Recabarren, es un lugar que no tiene comercio, no tiene un polo de desarrollo que justifique la inversión de un estacionamiento subterráneo como se hizo. Ese estacionamiento se construyó solamente porque la municipalidad dijo que ahí iba a construir su edificio', reclamó.

Si bien desde la municipalidad reconocen que el contrato así lo dice, Castro afirmó que 'yo no sé de dónde salió eso (edificio nuevo) porque ni siquiera ha salido un estudio al respecto. Ahí efectivamente hay un predio municipal pero nunca se hizo un estudio así que no sé porque eso se estableció en el contrato, pero tampoco constituye una obligación propiamente tal, es un antecedente a tener en vista'.

2013 la concesionaria solicita

2010 a fines de este año

935 estacionamientos