La justicia española procesó por los delitos de pertenencia a organización terrorista y estragos terroristas a los dos chilenos que fueron detenidos como presuntos autores de un atentado explosivo en la basílica del Pilar de Zaragoza el 2 de octubre de 2013.

Los dos procesados, que están en prisión provisional sin fianza, son Francisco Javier Solar Domínguez y Mónica Andrea Caballero. El juez también les imputa un delito de conspiración para la comisión de estragos terroristas por su intención de instalar otro artefacto en el Monasterio de Montserrat, en las cercanías de Barcelona.

La explosión en la basílica de Zaragoza causó daños en varios bancos de madera situados frente al altar mayor, pero no heridos.

El atentado fue reivindicado entonces por el denominado 'Comando Insurreccional Mateo Morral', el mismo que se atribuyó la colocación de un artefacto en la catedral de La Almudena de Madrid en febrero de 2013.

El juez relata que en el momento de la explosión en El Pilar había cuatro trabajadores de la basílica y al menos un grupo de cincuenta turistas estadounidenses con su guía, que no sufrieron lesiones, y tres personas que quedaron momentáneamente retenidas en un ascensor del templo.

Las fuerzas de seguridad identificaron a los procesados gracias al análisis de las imágenes de las cámaras de vigilancia de un bar situado en la plaza del Pilar, en las que se veía a un hombre y una mujer una hora antes de la explosión que llamaron la atención debido a su comportamiento y vestimenta -iban con ropa de invierno en un día caluroso- y por los bultos que portaban.

Los dos imputados se encontraban en España tras ser absueltos en Chile por la justicia en el denominado Caso Bombas junto a cuatro personas más, luego de que la Corte Suprema argumentara que no existían antecedentes suficientes para llegar a una convicción de condena.

Solar Domínguez fue acusado por el Ministerio Público de participar en la instalación de bombas en el frontis de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), en una sucursal de Chilectra y un artefacto en el costado del edificio del Consejo de Defensa del Estado, todos hechos ocurridos en 2006.

En tanto, Mónica Caballero fue imputada por la colocación de un artefacto incendiario en la puerta de la Iglesia de Los Sacramentinos, registrado en noviembre de 2009.

reacción del Gobierno

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, dijo que el Gobierno no tiene planeada ninguna acción específica para abordar el caso de los chilenos procesados, más allá de la ayuda consular que el Estado ya les prestó durante el juicio.

'Supe de esta decisión de la justicia y esto es algo que le compete exclusivamente a la justicia española', sostuvo el canciller, quien recordó que durante el proceso 'lo que Chile ha hecho en su momento fue otorgarles el apoyo consular que corresponde a cualquier chileno que está en una situación que envuelve a la justicia extranjera', comentó.

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, aludió a que el Ejecutivo 'debe seguir trabajando' para recuperar el nivel de adhesión de la población a las reformas estructurales propuestas por el Gobierno. El jefe de gabinete no quiso profundizar en una autocrítica a propósito de la caída en el respaldo ciudadano que registraron las reformas tributaria y educacional en la encuesta Adimark de junio.

Luego del consejo de gabinete de ayer en La Moneda, Peñailillo dijo que el Gobierno necesita seguir trabajando para mejorar la difusión de los beneficios de estas iniciativas.

Peñailillo rechazó que el Gobierno esté perdiendo la lucha comunicacional de estas reformas. 'No, en ningún caso. Las reformas se están llevando adelante, esas son reformas importantes, estructurales y lo que hay que entender es que los proyectos de ley, sobretodo en educación, en estos primeros proyectos son solo una parte de la reforma', recalcó.

De acuerdo al secretario de Estado, 'todavía quedan los proyectos que van a fortalecer la educación pública, una nueva carrera docente y una educación universitaria gratuita y de calidad. Hay que seguir trabajando, explicando a cada una de las familias el sentido de la reformas'.

Según el titular de Interior, la baja en la aprobación de las reformas del Gobierno se puede explicar porque 'hemos presentado la primera parte de la reforma educacional, queda ahora una segunda parte de la reforma educacional que tiene que ver con la educación pública y la educación superior gratuita y de calidad'.

'Tenemos que seguir trabajando y explicando en terreno, con las familias, con la gente, para que el país sepa que en las próximas décadas Chile va a tener una educación de primer nivel', añadió.

'no hay que marearse'

Para el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, el sondeo trajo 'muy buenas noticias' para la aprobación de la Presidenta Bachelet. Pero las encuestas son como los ciclos, como las montañas rusas, a veces suben y a veces bajan. No hay que marearse con sus números'.

El secretario de Estado afirmó que 'lo importante es que este ministro de Hacienda está dedicado a hacer la pega, está dedicado justamente a llevar adelante el trabajo y la parte central es colocar todos los esfuerzos para que existan buenas señales en la economía, en que redoblemos los esfuerzos para que vuelva a tener signos de reactivación y en eso estamos dedicados'.

A la salida del consejo de gabinete de ayer, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, apoyó la postura de su par de Interior, Rodrigo Peñailillo, y rechazó que el Ejecutivo deba hacer una autocrítica a la luz de los resultados de la encuesta Adimark y la baja en la adhesión de las reformas estructurales que plantea el Gobierno.

'Lo que nosotros estamos haciendo y lo que la Presidenta le ha planteado al país, desde que fue elegida es que vamos a hacer un cambio importante de Chile desde el punto de vista de las posibilidades que tienen todos los chilenos de educarse en condiciones de igualdad y calidad y eso es lo que tenemos que transmitir', dijo el secretario de Estado.

Desde la oposición, el senador de la UDI Víctor Pérez llamó al Gobierno y específicamente a la Presidenta Bachelet a 'escuchar a las familias que quieren ser responsables de la educación de sus hijos y defienden el derecho a la libertad de escoger'. El parlamentario sostuvo que la reforma del Gobierno 'no representa los intereses de las familias de clase media' y que el Ejecutivo 'solo ha escuchado a quienes han gritado más en la calle'.