Demandan al Instituto Claret y a ex profesor por $1.440 millones
Juicio. Acción civil indemnizatoria por perjuicios fue interpuesta por los padres de las menores que sufrieron abuso en forma reiterada de parte del docente.
Los padres de las menores abusadas en forma reiterada por el ex profesor del Instituto Claret, Omar Parra Díaz (45), quien fue condenado a 12 años de presidio por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, interpusieron una demanda de resolución de contrato con indemnización de perjuicios en el Tercer Juzgado Civil de Temuco por $1.440 millones de pesos.
Según explicó el abogado de las familias afectadas, Gaspar Calderón, la acción judicial es una medida reparatoria que persigue la responsabilidad contractual que le cabría en los hechos delictivos al establecimiento educacional y también al autor de los vejámenes de las menores, en cuantos perjuicios ocasionados.
De las cinco niñas afectadas por las que fue condenado Parra, quienes al momento de ser abusadas con tocaciones en diversas partes del cuerpo, según el fallo condenatorio, tenían menos de nueve años, sólo cuatro se sumaron a la demanda.
El documento consigna que los seis demandantes adultos (padres legítimos) y sus 4 hijas, respectivamente, demandan la resolución de contrato de prestación de servicios educacionales, conjuntamente con la indemnización de perjuicios, lo anterior por los daños cometidos con motivo de los abusos sexuales de que fueron objeto las menores entre los meses de marzo y julio de 2012 por parte de su profesor jefe del cuarto año básico del Instituto Claret, Omar Parra Díaz.
Dicha demanda fue dirigida a la Fundación del Instituto Claret, cuyo representante legal es el padre Teodoro Arranz y señala que busca el pago de indemnizaciones, a razón del daño moral que sufrieron las menores y en virtud del incumplimiento contractual.
La demanda aclara que 'el incumplimiento está constituido por la omisión del deber de cuidado, vigilancia y guarda cuando uno de sus dependientes hizo tocaciones de significación sexual a los alumnos a su cuidado'.
Por su parte, el abogado Gaspar Calderón explica que 'de todo hecho judicial nace una acción civil y, por lo tanto, aquí hay reparaciones que se deben cancelar, tanto por parte del hechor directo, como por parte del colegio'. Añade que la demanda indemnizatoria se hizo extensiva al establecimiento, 'porque en materia civil se dispone que cuando hay responsabilidad de un tercero se puede demandar para que pague las indemnizaciones en forma conjunta o, indistintamente, con quien causó el daño'.
El abogado de las familias afectadas explica que la ley consigna que la responsabilidad de un tercero contiene una causal directa y, en este caso, dentro de las razones que avalan dicha premisa, acota que 'la más importante es el hecho de haber faltado al cuidado de las menores. El colegio era el responsable de la integridad de las niñas, mientras estaban bajo su cuidado'.
Una segunda causa que comprometería civilmente al establecimiento particular subvencionado, de carácter confesional cristiano - católico, son los daños causados en el ejercicio de sus funciones en su calidad de ente privado.
En cuanto al monto, el abogado de la Fundación del Instituto Claret, Rodrigo Díaz, precisó que es relativo, ya que 'una estrategia en este tipo de juicios es utilizar la idea del tejo pasado, para llegar a una cifra más acorde con las fuerzas económicas del demandado, en todo caso, no hay que olvidar que el principal demandado es Parra y que la cifra que el juzgado determine será en mérito del proceso'.
El juicio está en su etapa de conciliación y según cuenta Díaz, las partes tienen cita la próxima semana. 'La duración de estos juicios es relativa, ya que el tribunal de primera instancia puede citar a una nueva conciliación en cualquier otra etapa del proceso, además hay que considerar que la tramitación incluye la Corte Suprema. Tomando en cuenta todos los recursos, el juicio puede durar años'.
Dentro de los ítems de perjuicios que se están reclamando, Calderón consiga que el más grave es la responsabilidad del establecimiento y su nula capacidad de apoyo en el proceso. 'Es más hubo obstrucción de su parte y hasta el día de hoy la ayuda a las familias ha sido cero. Cuando concurrieron los hechos, el colegio contrariamente a conseguir que la información avanzara, lo que hicieron es demorarla', comentó.
Al ser consultado el abogado Rodrigo Díaz, respecto del daño de imagen que implica una demanda de esta naturaleza para el establecimiento fue enfático en señalar que no es vinculante y como prueba de ello precisó que desde que comenzó el juicio penal 'no hubo fuga de alumnos ni baja en las matrículas'.
Respecto del resultado de la acción civil reparatoria, Calderón esgrime que existe el convencimiento pleno de éxito y que por lo mismo se interpuso.
'Todas las demandas las interponemos pensando que vamos a ganar, no perseguimos ninguna acción civil si no pensamos que vamos a tener éxito y aquí creemos que debería ser un resultado positivo en términos que se debería acoger la demanda', postuló.
En cuanto al estado de los papás, Calderon planteó que 'todavía tienen mucho dolor y lo único que quieren es que todo esto se termine pronto'.
El abogado defensor del establecimiento, por su parte, anunció que el Instituto Claret, 'empleará todos y cada uno de los recursos procesales, así como los medios probatorios que la ley franquea a fin de establecer sin asomo de duda, que no existe responsabilidad atribuible al colegio ni a los representantes legales del mismo. Es esencial considerar los hechos acreditados en materia penal, ya que éstos no permiten suponer la responsabilidad del colegio, tanto en lo civil como en lo penal'.
Según Flor Bastidas, presidenta nacional de la Asociación Chile Puede, iniciativa creada el año pasado con el objetivo de brindar orientación y apoyo a las familias víctimas de delitos sexuales, la demanda civil interpuesta en contra del Instituto Claret y su ex docente, es una señal ejemplificadora que contribuye a cerrar un ciclo doloroso e imposible de reparar en un ciento por ciento.
Flor Bastidas es la tía de dos de las víctimas de violación (ambos hombres y menores de edad) que investigó la Comisión Investigadora del Sename y cuyo victimario (chofer de las Aldeas SOS de Padre Las Casas) se encuentra con la medida cautelar de arraigo domiciliario a la espera del juicio. Dicha denuncia se hizo al Ministerio Público en julio de 2011.
Andrea Arias
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'El colegio era el responsable de la integridad de las niñas, mientras estaban bajo su cuidado'.