La gran duda es cuál podría ser el sistema, pero parece haber consenso en el sentido de que tanto los camioneros como los propietarios de predios agrícolas deben ser indemnizados cuando sus vehículos o propiedades son víctimas de atentados extremistas.
La denominada 'zona roja', qué duda cabe, no es campo propicio para las aseguradoras. El interés por asegurar tanto bienes como producciones es nulo en ciertas zonas, especialmente de Malleco, mientras que en otras los valores son extremadamente altos, en la medida que exista la disposición de las compañías.
El panorama anterior es tan complejo como la situación general que se vive en ciertos sectores, con quema de casas patronales, galpones, maquinaria, camiones, máquinas forestales y otras. Pese a ello queda claro que la responsabilidad constitucional de guardar la paz y que las personas puedan vivir en un ambiente de normalidad le corresponde al Estado. De ello se desprende que resulta natural que las víctimas de la violencia rural y caminera exijan del Estado una solución real, la que, si no puede ser por la vía de un seguro nacional, habrá de buscar otros caminos, como la indemnización directa.
El presidente de los camioneros a nivel regional ha dicho que 'A camión quemado, camión pagado', sumándose a la petición realizada por el presidente nacional y en relación a los atentados frecuentes en las regiones del Bío Bío y La Araucanía y ante la falta de respuestas de los respectivos gobiernos, tras promesas incumplidas.
El tema de fondo no es cuánto sería el costo de una solución, porque ello deriva de la obligación del Estado de procurar un clima de normalidad en todo el territorio y, si no se ha cumplido con ese mandato, debería pasarse a la etapa de las indemnizaciones.
Esta situación ha afectado fundamentalmente a propietarios agrícolas, empresas forestales, camioneros e incluso pequeños parceleros, pero también ha habido víctimas particulares que incluso no pertenecen a La Araucanía.