Gendarmería aborta traslado de tres mapuches a CET de Victoria
Preocupación. El director regional sostuvo que el recinto aún no reúne las condiciones. Víctimas critican los beneficios de los tres comuneros.
A través de un comunicado, representando al ministro de Justicia, el director de Gendarmería de la Región, Luis López Cisternas, afirmó que por ahora se abortó el traslado de tres comuneros mapuches al Centro de Estudio y Trabajo de Victoria, porque aún el recinto no está habilitado para este efecto.
El traslado de los comuneros debía efectuarse hoy como se había acordado en un oficio que firmaron los tres internos que están en la cárcel de Angol el pasado 15 de mayo, y que tras una prolongada huelga de hambre negociaron con el Ejecutivo.
'Las complejidades propias de llevar a cabo un proyecto de esta envergadura, incluyendo tramitaciones institucionales y realización de licitación de obras, han impedido tener habilitado el recinto a la fecha, el que estará en condiciones durante las próximas semanas', dice el documento que ayer hizo circular Gendarmería.
Los dichos de López Cisterna contrastan con los señalado hace días por la seremi de justicia Claudia Lecerf, quien dijo que 'cuando hay un acuerdo se van a tener que seguir los lineamientos que señala el acuerdo', dijo.
La declaración de Lecerf, fue realizada el martes 8 de julio, en el marco de la cuenta pública de la Corporación de Asistencia Judicial, en donde además aseveró que en ese entonces aún se estaba viendo la parte administrativa para poder cumplir con el acuerdo pactado.
Los huelguistas que hoy debían ser derivados a Victoria son: Luis Marileo y Leonardo Quijón, quienes cumplen condena de 10 años y un día de cárcel por el homicidio del parcelero de Ercilla, Héctor Gallardo Aillapán, hecho ocurrido en septiembre de 2012 y Cristian Levinao, que cumple la misma pena por los delitos de robo con intimidación y violencia reiterada en el sector Chiguagüe de la comuna de Ercilla.
En el comunicado entregado ayer se precisa el estado de avance de los acuerdos y se agrega que se 'constituyó una comisión especial de abogados para revisar la Ley Antiterrorista y -en particular- el uso de testigos secretos, que tiene por objetivo adecuar la legislación chilena a los estándares internacionales y que insistentemente ha sido solicitado por Naciones Unidas. Esta comisión, presidida por el abogado Juan Pablo Hermosilla y conformada por 7 destacados juristas, se reúne permanentemente y ha recibido las propuestas de distintas instituciones y personalidades, entre ellas las del representante de los ex huelguistas, Nelson Miranda'.
El documento precisa que en las 'próximas semanas emanará una propuesta concreta para modificar la normativa señalada'.
Tal como se acordó -dice el comunicado- 'las personas que se encontraban en huelga de hambre fueron trasladadas al Hospital Intercultural de Nueva Imperial, logrando la completa estabilización de su estado de salud'.
En relación a la situación de José Mariano Llanca Tori, Gendarmería detalla que 'tal como lo indicamos en su minuto, nuestra preocupación ha sido garantizar las atenciones médicas que se requirieran a consecuencia de su estado de salud. De esta forma, gracias a la colaboración del Servicio de Salud Araucanía Sur, el 19 de mayo se realizó una cirugía para colecistectomía y una biopsia diferida, evolucionando positivamente en el postoperatorio por lo que fue dado de alta médica. Actualmente, José Llanca Tori se encuentra en buen estado de salud, cumpliendo su pena en el Centro de Educación y Trabajo Cerrado de Collipulli.
El director regional de la institución sostuvo que 'ha realizado todos los esfuerzos administrativos y reglamentarios para avanzar con la máxima celeridad en la habilitación del Centro de Educación y Trabajo de Victoria. 'Las complejidades propias de llevar a cabo un proyecto de esta envergadura, incluyendo tramitaciones institucionales y realización de licitación de obras, han impedido tener habilitado el recinto a la fecha, el que estará en condiciones durante las próximas semanas'.
Desde la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, el traslado de los tres comuneros hacia el CET de Victoria es un hecho que no comprenden.
Alejo Apraiz, presidente de la agrupación, declaró que 'nosotros desde un primer momento hemos manifestado la intención de que se debe cumplir los reglamentos internos de cada institución'.
Apraiz profundizó en su diferencia de criterio con el Gobierno, señalando que 'estas personas no han cumplido los requisitos mínimos para poder ser evaluados si pueden ser trasladados o no a un centro de estas características. Este es un beneficio que se le está dando solamente a personas de esta etnia, y nosotros estamos en absoluto desacuerdo', sentenció el presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural.
'Cuando hay un acuerdo se van a tener que seguir los lineamientos que señala el acuerdo'.
'Las complejidades propias de llevar a cabo este proyecto (...) han impedido tener habilitado el recinto a la fecha'.
'Estas personas no han cumplido los requisitos mínimos para poder ser evaluados si pueden ser trasladados o no'.
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