Un estudio de suelo urbano y uno de valor patrimonial son dos de los trabajos que contempla el estudio diagnóstico territorial que encargó la Municipalidad de Temuco con el objeto de generar un plan de acción para modificar y renovar el plan regulador.

Lo anterior se desprende de una primera etapa del trabajo que está desarrollando la Universidad Mayor -que en 2013 se adjudicó la licitación por un monto de 97 millones 700 mil pesos-, y que partió el 25 de junio.

Erika Alvarez, directora de Territorio Mayor y jefa del proyecto, explicó que éste comenzó el 25 de junio con una revisión de los antecedentes actuales para detectar temas que no fueron considerados en el plan regulador vigente.

'No está incorporado, por ejemplo, el valor del suelo en la zona urbana y queremos sumar un estudio real del valor patrimonial e identitario por sector. Se está trabajando por macro sector, haciendo un zoom en cada uno de ellos para ver temas ambientales, gestión de riesgo, valor urbano, identidad, patrimonio, áreas verdes, espacios públicos, aguas lluvia, etcétera. La idea es saber cómo les afecta la norma vigente, a cada uno de ellos en específico', explicó.

Gonzalo Verdugo, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Mayor, sede Temuco, destacó que en este contexto utilizarán una metodología innovadora y participativa que permitirá la intervención en los distintos entes en cada una de las etapas.

'Incorpora un perímetro de mil 500 metros de la ciudad, incluidas las comunidades indígenas aledañas, porque lo que hace este trabajo es definir estrategias para el desarrollo urbano futuro, integrando todas las macro zonas, con sus particularidades, y una serie de temáticas que no fueron incorporadas en el plan regulador anterior y que tienen que ver con la economía urbana, con impacto ambiental, patrimonio, vialidad y transporte público, que es muy importante', aseguró.

En una segunda etapa, denominada Diagnóstico y Evaluación de Plan Regulador Vigente, permitirá al municipio contar con los fundamentos técnicos en relación a las oportunidades y debilidades que presenta el instrumento normativo vigente, para su actual proceso de gestión en el territorio.

La tercera etapa, según Verdugo, será el proceso de cruce de cada uno de los diagnósticos temáticos nacidos de la actualización de la información.

El director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Alberto Pizarro, y el fiscal nacional de la corporación, Rodrigo Bustos, son los primeros citados por la Comisión Investigadora de los procesos de compra de tierras por parte de la Conadi entre los años 2011 y 2013, para entregar antecedentes que permitan ayudar en las pesquisas que sigue esta instancia, constituida ayer en la Cámara.

La presentación de ambos personeros está fijada para la sesión del miércoles 6 de agosto y da inicio a la labor de esta comisión investigadora, dirigida por el diputado Fernando Meza (PRSD), representante del distrito 52 de La Araucanía, y que fue elegido en el cargo como presidente por unanimidad.

'El objetivo de esta comisión investigadora es esclarecer los hechos ocurridos durante la administración del gobierno de Sebastián Piñera, que actualmente se encuentran en investigación en el Ministerio Público y que apunta a que los dineros que se destinaron entre el 2011 y 2013 para satisfacer la demanda de los pueblos originarios, se hayan desviado, eventualmente, a financiar otras actividades', indicó el diputado Meza.

El congresista radical agregó que 'la paz social en La Araucanía se va a conseguir si los recursos que se asignan para satisfacer las demandas de los pueblos indígenas son bien utilizados, y tenemos antecedentes que esto no ha sido así. De momento, existen más de 10 mil millones de pesos por justificar en compra de tierras con sobreprecios y en otras actividades irregularidades en Conadi'.

El mandato de la comisión -aprobada el pasado 2 de julio- es revisar el cometido realizado por el ex director Nacional de la Conadi, Jorge Retamal Rubio, y el ex subdirector Nacional Sur de Conadi, Germán Riquelme Teuber, entre otros personeros, en la compra de terrenos.

Respecto del inicio de la investigación, el diputado Fernando Meza indicó que 'hemos decidido citar, en primer lugar, al actual director de la Conadi, Alberto Pizarro, y al actual fiscal nacional de la Conadi, Rodrigo Bustos, para que después de la Semana Distrital, expliquen todos los antecedentes que obran en su poder y que han sido entregados también gran parte de ellos al Ministerio Público para buscar los eventuales responsables de estas anomalías'.

El director de la Conadi, Alberto Pizarro, había valorado positivamente la conformación de esta comisión investigadora, señalando que 'es muy bueno saber que hoy se suman los diputados a la misión que comenzamos a realizar en Conadi desde el primer día en que asumí como director nacional para transparentar el uso de los recursos de la institución y las posibles irregularidades'.

Otra arista de este caso que llama la atención del presidente de la comisión investigadora, es la poca diligencia por parte del Consejo de Defensa del Estado.

'Me llama profundamente la atención que hasta el momento el CDE no se ha hecho parte de estas denuncia, que en más de 50 días ha entregado todos los antecedentes preliminares sobre este eventual fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias', apunto el diputado Meza. 'Hacemos un llamado al CDE y al Ministerio Público a acelerar las investigaciones, porque estamos hablando de miles de millones de pesos de todos los chilenos'.

El diputado DC Mario Venegas, quien fue designado por su bancada para integrar la instancia investigadora junto al diputado DC René Saffirio, comentó respecto de la denuncias que se han presentado por procesos de compra entre los años 2011 y 2013, que 'esto significa un gran daño al patrimonio de la institución, a los recursos del Estado destinados a este fin, con el consiguiente daño a las comunidades, pues al desviarse recursos a otros fines éstos acceden a menores beneficios'.

10 mil