Lo que ha pasado con el nuevo aeropuerto de la Región, en el que el Estado invirtió 120 millones de dólares para sustituir las deficientes condiciones del añoso terminal aéreo de Maquehue, resume casi a la perfección el drama que hace años sigue atenazando a La Araucanía. Imposibilitada de avanzar de manera normal como lo hacen otras regiones con incluso menos potencialidades, en esta tierra las promesas incumplidas y la falta de diálogo han hecho de la violencia el conducto 'normal' para conseguir los objetivos de ciertos grupos, pasando por encima de la ley, de la institucionalidad y de la inmensa mayoría de la ciudadanía que está por vivir y trabajar de manera digna.

La frustrada apertura del aeropuerto, anunciada ahora para el próximo martes, denota además el fracaso del Estado para cautelar la integridad de una obra de infraestructura que por lejos es la más considerable en años en la Región. Para que se concretara este aeropuerto hizo falta superar una serie de negociaciones y acciones judiciales que dilataron su construcción. Pero extrañamente, conociendo las especiales circunstancias de esta cuantiosa inversión y el contexto en el que se generó, las autoridades no fueron capaces de prever, ad portas de su puesta en marcha, que habían temas pendientes con las comunidades mapuches a las que debía compensarse con justas y comprometidas medidas de mitigación.

Ni la pretendida política de anticipación ni las medidas de seguridad funcionaron aquí. Lo sorprendente es que ingresar a la losa de un terminal aéreo y destruir faroles ocurra como si nada. Lo que en cualquier otro país habría sido razón suficiente para prender las alarmas y perseguir a los responsables -pues no se trata de la amenaza a un galpón o a un bosque, sino que a un ¡avión!-, aquí sucede como si fuese lo más normal del mundo.

Es ahora y en esta materia que quienes han acumulado un legítimo capital de credibilidad en las esferas de Gobierno actuén para influir y desaconsejar nuevas acciones violentas. Son los grandes liderazgos los que se requieren para evitar la legitimación de la violencia como método de negociación.

La exigencia de tutelar y de promover las expresiones originarias de la sociabilidad es subrayada por la Iglesia en la encíclica 'Quadragesimoanno', en la que el principio de subsidiaridad se indica como principio importantísimo de la filosofía social: 'Como no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos'. Conforme a este principio, todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda (subsidium) -por tanto de apoyo, promoción, desarrollo- respecto a las menores. La experiencia constata que la negación de la subsidiaridad, o su limitación en nombre de una pretendida democratización o igualdad de todos en la sociedad, limita y a veces también anula, el espíritu de libertad y de iniciativa.

Con el principio de subsidiaridad contrastan las formas de centralización, de burocratización, de asistencialismo, de presencia injustificada y excesiva del Estado y del aparato público: 'Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por las lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos. La ausencia o el inadecuado reconocimiento de la iniciativa privada, incluso económica, y de su función pública, así como también los monopolios, contribuyen a dañar gravemente el principio de subsidiaridad.

A la actuación del principio de subsidiaridad corresponden: el respeto y la promoción efectiva del primado de la persona y de la familia; la valoración de las asociaciones y de las organizaciones intermedias, en sus opciones fundamentales y en todas aquellas que no pueden ser delegadas o asumidas por otros; el impulso ofrecido a la iniciativa privada, a fin que cada organismo social permanezca, con las propias peculiaridades, al servicio del bien común; la articulación pluralista de la sociedad y la representación de sus fuerzas vitales; la salvaguardia de los derechos de los hombres y de las minorías; la descentralización burocrática y administrativa; el equilibrio entre la esfera pública y privada, con el consecuente reconocimiento de la función social del sector privado.